Caleta Olivia
Tildan la solicitud de licencia por parte de Quiroga como una “licencia vip para el Vicegobernador”.
Desde el Plenario de Trabajadoras se emitió un comunicado en el que se reclama que corresponde la separación preventiva del cargo.
“El domingo 18 de abril la población de la provincia se entera por medio de una publicación en su cuenta personal de Facebook, que el vicegobernador Eugenio Quiroga se tomaba una licencia por 45 días ante una denuncia en su contra”, dice el comunicado y prosigue: “El Vicegobernador en su posteo dice tomarse licencia de su cargo para “no entorpecer el trabajo de la Justicia”, en un intento de darle cierta credibilidad a un accionar que ha demostrado su amparo e impunidad ante hechos de abuso y violencia de género en general y particularmente cuando involucra a funcionarios. Sin embargo, esto no es lo que corresponde. En 45 días el vicegobernador volvería a sus funciones, estando en proceso la investigación. Lo que vale para estos casos, es la separación preventiva del cargo hasta que se resuelva la situación judicial y no por escasos 45 días, como informaron oficialmente desde el gobierno. Es una decisión que debe tomar la gobernadora Alicia Kirchner y ratificar la Cámara de Diputados”.

En este sentido, mencionan que “el Estado encubre, el Estado es cómplice. Vemos entonces que el accionar judicial y político es de amparo y protección a los denunciados. Tal es el caso de la condena mínima por abusos a una menor al ex concejal Martínez en Caleta Olivia, a quien, por los agravantes de reiteración, convivencia, le correspondía 10 años, no 4 como lo sentenciaron. O el beneficio de prisión domiciliaria a un referente y ex candidato del Frente Para Todos de Caleta Olivia, Claudio Pagano, con denuncias por abusos a dos mujeres de su círculo familiar. Cabe agregar también al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, denunciado por acoso, quien se mantiene en el cargo y promovió una caravana en apoyo a su persona, cuando la joven hacía pública las capturas de chats y denuncia penal realizada”.
“Eugenio Quiroga es parte de un gobierno que no ha solicitado un enjuiciamiento a jueces que han actuado amparando abusadores ni violentos, justamente porque son estos mismos magistrados quienes luego actúan judicialmente para procesar luchadores o desalojar conflictos, según considere el Ejecutivo. Tal es el caso del juez Quelín en Las Heras, que tenía una investigación por violencia de género, o que en 2016 su propio Juzgado lo dejara libre al atropellar en estado de ebriedad a una niña en Perito Moreno. Que la justicia está ligada al poder político, lo prueba también la designación del ex gerente de Servicios Públicos de Caleta Olivia, Juan José Naves a juez de Paz, luego de estar al frente de los servicios públicos de una población que exige obras millonarias para abastecerse sin inconvenientes de los servicios esenciales como lo son agua y electricidad”.

Bozal mediático

En otro párrafo del comunicado, desde el PO y el Plenario de Trabajadoras indican que “la justicia inmediatamente se aprestó a colocar un bozal judicial hacia los medios de comunicación, con la intención principal de que no se hable del Vicegobernador. Es un bozal que incluso se les aplica a la víctima y sus familiares por si quisieran manifestarse públicamente. La resolución judicial debería haberse volcado solo en el sentido de que no se divulgue información referida a la identidad y filiación de la víctima, no como bozal mediático que bien puede ser utilizado en otros casos que involucra funcionarios.
Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras, reclamamos a la gobernadora Alicia Kirchner y a la Cámara de Diputados, que separe preventivamente del cargo al vicegobernador Eugenio Quiroga, hasta tanto se resuelva la acción judicial. Además, que la investigación en primer término resguarde a la víctima tanto en su privacidad como en impartir Justicia. Para ello y ante un accionar judicial ligado al poder político, y siendo el denunciado el vicegobernador, reclamamos que puedan intervenir abogados querellantes por parte de organizaciones de mujeres independientes del Estado. Como en el caso del ex concejal Emilio Maldonado, del que se logró la separación del cargo y su encarcelamiento a la espera del juicio, gracias a la acción de la movilización popular y de las organizaciones independientes de mujeres en apoyo a los familiares de las víctimas”
Por otro lado, desde el Plenario llaman “a las mujeres, disidencias y al conjunto de la clase obrera a movilizarnos en reclamo de justicia, no más impunidad ni privilegios hacia los funcionarios denunciados por abuso o violencia de género”.