Banco de Bosques, en coalición con las ONG Aves Argentinas, FARN y Fundación Vida Silvestre, lleva adelante una campaña para salvar al Río Santa Cruz y el Glaciar Perito Moreno de los graves impactos de la construcción de dos megarepresas que el gobierno nacional y el gobierno de China pretenden instalar en la provincia de Santa Cruz desde 2014.

El nuevo informe presentado por el INPRES que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica, fundamenta el análisis de las fallas geológicas del río Santa Cruz, que los patrones de sismicidad son desconocidos por la falta de instrumentación local de monitoreo permanente y que se dificulta estimar la amenaza potencial de una activación circunstancial de las fallas geológicas. Este tipo de faltas gravísimas ya han presentado consecuencias para el proyecto, cuando se produjo una enorme grieta en uno de los taludes de contención del Río Santa Cruz.
“Esta falta de información que se detecta a lo largo de todo el estudio de impacto ambiental, hoy resulta en la reubicación de las estructuras de hormigón, junto con el retraso de los plazos de concreción de la obra y los costos económicos asociados. ¿Qué pasará si incidentes como este sucedieran con los embalses llenos de millones de toneladas de agua?”, cuestionó el director de campañas de Banco de Bosques, Darío Rodríguez.
El pedido de Banco de Bosques para que se aplique el principio cobra especial trascendencia en este caso, en el que con anterioridad fueron despreciadas variables de riesgo y durante el desarrollo de la obra se detectan problemas gravitantes provocando que las estructuras deban ubicarse en nuevos lugares que no fueron analizados y desconocemos su coordenada exacta.

Las condiciones de aplicación del principio precautorio son: Situación de incertidumbre; Evaluación científica del riesgo; Perspectiva de un daño grave e irreversible; Proporcionalidad de las medidas; Transparencia de las medidas; Inversión de la carga de la prueba.
Por su parte, Cristian Fernández, abogado en la causa, resaltó que “el INPRES ha puesto de relieve las deficiencias, inconsistencias y omisiones informativas del estudio de sismología contenido en el EsIA de las represas que fuera aprobado por las autoridades ambientales y energéticas del Estado Nacional en agosto de 2017”. Y agrega: “el INPRES afirma que se requieren sismómetros. Se necesita información de 3 a 5 años antes del llenado de los embalses.”
Luego de la audiencia pública celebrada en 2017 en el Congreso de la Nación y con serias advertencias de los peligros por parte de científicos, ingenieros, biólogos y activistas, se levantó la medida cautelar impuesta por Banco de Bosques y aplicada por la Corte Suprema de Justicia, en base a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental realizada y a su vez aprobada por el gobierno nacional.
Gracias al trabajo de expertos en diversos campos, la coalición de ONG reunió la información suficiente para que Banco de Bosques – representada por el estudio del Dr. Daniel Sabsay- se puede presentar ante la Corte Suprema nuevamente para pedir la nulidad de la Evaluación de Impacto Ambiental.
En octubre del 2020, la Corte Suprema pidió que se expidan al respecto el Estado Nacional, la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Pero, a pesar de contar con 30 días para responder, 7 meses después se recibió el informe del INPRES, quedando pendiente el informe de IANIGLIA.
“Si bien del informe de APN se desprenden puntos clave como la amenaza a dos especies en peligro crítico de extinción como el Cauquén Colorado y el Macá Tobiano, las advertencias contenidas en el informe del INPRES podrían ser suficientes para detener las obras de manera total y quizás definitiva”, cierra Emiliano Ezcurra, director Ejecutivo de Banco de Bosques.