«Contratamos policías de civil para controlar todo», afirmó Fernández antes de la votación.

Pese a que las elecciones en el sindicato petrolero se realizaron el viernes pasado con un resultado contundente a favor de la reelección de Claudio Vidal, la aparición y circulación de al menos 2 videos en donde integrantes de la entonces lista opositora afirman haber arreglado y coordinado con altos jefes de la policía, el control e intervención en los comicios sindicales, generó inquietud y abrió la puerta a una eventual denuncia para que se investigue el tema.
Los videos y las declaraciones de uno de los candidatos de la oposición afirmando que habría un apoyo de «altos Jefes», e incluso la afirmación respecto a que se les habría pagado para tal intervención, no solamente genera sospechas sobre el accionar de la institución de seguridad, sino también sobre el poder político de la cual depende la policía provincial.
Incidentes ocurridos en la tarde del viernes pasado en Las Heras, cuando efectivos policiales aparentemente pertenecientes a dependencias de Caleta Olivia y supuestamente con ordenes de la jefatura la Unidad General Regional Zona Norte, a cargo del comisario mayor Pablo Rodríguez, intentaron modificar el esquema de votación dispuesto por la Junta Electoral gremial, estarían vinculados a esta «maniobra» que ponen al descubierto los videos.
«Vayan a votar tranquilos, ya nos encargamos que efectivos de Investigaciones controlen todo, hasta el último detalle», dice uno de los videos en donde quien hace uso de la palabra es Jonatan Fernández, candidato de la lista naranja. Aparentemente los videos fueron grabados hora antes de las elecciones del viernes y fueron difundidos vía redes sociales.
En otro de los videos se puede escuchar a Fernández afirmando: «recién tuve una reunión con un jefe de un rango muy alto de la policía. El cual, nos van a garantizar la seguridad en las elecciones para que sea unas elecciones limpias; para custodiar las urnas». En este punto, vale mencionar que el «jefe policial de muy alto rango» al que Fernández hace referencia sería un oficial – hoy en un puesto clave – con quien entabló «amistad» cuando años atrás el dirigente petrolero se encontraba detenido por un delito en la ciudad de Las Heras.
Seguidamente a este párrafo, y luego de informar que se trasladarían a Caleta Olivia con las urnas junto a los efectivos, asegura que se pagó a la policía. «Contratamos personal, efectivos de civil, van a revisar las instalaciones integras. Eso fue lo que se les encargó», confirma Fernández en el video. Allí también explica que los policías contratados revisarían «las urnas con antelación», lo que también genera sospechas en la conducción gremial, que pese a haber ganado los comicios iniciaría acciones para que se investigue cual habría sido esta «participación» que estaría fuera de la reglamentación electoral.
«Quédense tranquilos, ya conseguimos la seguridad. La conseguimos nosotros para que el compañero vaya a votar tranquilo. La gente de Investigaciones va a revisar hasta el último lugar del cuarto oscuro para que no haya cámaras. Nadie se va a dar cuenta quien votó a quien», aclara y finalmente remarca: «háganle saber a todos los compañeros que nosotros contratamos a gente de Investigaciones que con nosotros va a revisar hasta el último recoveco», insiste Fernández en el video.
Estas declaraciones en donde se asevera haber «contratado» a policías – que incluso actuaría sin sus uniformes reglamentarios, confundiéndose entre los afiliados petroleros – para controlas la votación, y la mención a una reunión con un alto Jefe de la Policía provincial, son las que pondrían al descubierto otra de las maniobras realizadas previa a las elecciones y durante el mismo día de la votación para alterar su resultado o generar algún motivo de impugnación de las mismas.
En este contexto, fuentes gremiales confirmaron que se prepara una denuncia para que se investiguen los hechos mencionados en los videos, y que se establezcan las responsabilidades de la Jefatura policial, además de la posible participación de actores del poder político que hubieran avalado o incluso ordenado esta injerencia en la institución gremial.