Desde distintos sectores que promueven la defensa de la víctima, se dijo que esta acción de la Justicia y el cambio de los jueces que integran el Tribunal, tienen que ver con que se quiere garantizar la impunidad. Entre los acusados se encuentra el caletense Ezequiel Quintana, integrante de una reconocida familia de la ciudad.
La justicia de Chubut tenía como fecha el lunes para juzgar a cinco hombres acusados de abusar sexualmente a una joven de 16 años. No solo no se cumplió ese plazo por estrategias dilatorias de la defensa, sino que también se garantizó custodia policial para los acusados. El juicio dará inicio este jueves y participarán del mismo cerca de 100 testigos.

Desde la Comisión de Difusión de Sobrevivientes de hijos del poder denunciaron que el juicio en la causa conocida como «la manada de Chubut» fue postergado a solo tres días de su comienzo. El tribunal, conformado por Mirta del Valle Moreno, Marcela Pérez y Fabio A. Monti, presentó licencias y dilató, todavía más, el proceso judicial contra Luciano Malemacci, Leandro del Villar y Marcelo Ezequiel Quintana, acusados de violar en grupo a una menor en Playa Unión en el 2012.
La nueva fecha fijada para que se juzgue a los imputados es el 24 de febrero, aunque la defensa ya presentó también un recurso ante el Supremo Tribunal para impugnar la terna actual y así «intentar» extender aún más los plazos. «Nosotras solamente queremos justicia y ni siquiera podemos empezar el juicio, mientras tanto ellos se encargan de que los acusados estén protegidos por la policía», denunció la abogada Verónica Heredia.
La letrada se refiere al acta de oficio emitida este lunes por el Ministerio Público Fiscal de Rawson en el que se solicita la custodia policial tanto para los acusados como para sus defensores. Allí se aclara que el pedido se dicta «a efectos de resguardar la identidad física», según se supo. «No hay metáfora ni especulaciones de a quiénes protege el poder judicial», se quejó Heredia.
«Hubo una audiencia programada para junio del año pasado y llegamos a febrero. Es el propio sistema judicial el que está demorando el inicio del debate», denuncian fuentes allegadas a la causa. «Acá se quiere garantizar la impunidad de los acusados», sentenciaron por otro lado desde el colectivo feminista.

El caso

Una adolescente estaba festejando la semana de la primavera, en septiembre de 2012, junto a 7 amigas más, cuando al poco tiempo de llegar a una fiesta en una casa de Playa Unión perdió la conciencia. Más tarde, fue encontrada por una de sus amigas tras ser brutalmente violada en grupo por «la manada»: Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Robertino Viglione cometieron el acto, mientras que Joaquín Pérez miraba y Tomás Soriano sostenía la puerta para que nadie se enterara de lo que estaba pasando en la habitación.
«Cuando hablamos de una reforma judicial feminista es porque el sistema penal está regido por principios que le ponen límites al Estado frente a la imputación de una persona, pero con los tratados internacionales se reconoció, en 1979, que hay una discriminación estructural hacia las mujeres», compartieron.
«La discriminación estructural de las mujeres, que fue reconocida por la CEDAU, cambia el paradigma de la protección al imputado porque la víctima, la mujer, también tiene que tener un debido proceso legal y esto no se ha plasmado ni en las constituciones, menos aún en los códigos procesales ni en las prácticas judiciales que es lo que realmente importa», observaron.
Luego que uno de los jueces de la causa «La Manada de Chubut» se tomara licencia médica, a casi diez años del hecho, se dispuso una nueva integración del tribunal de enjuiciamiento, lo que motivó la reprogramación del juicio. La maniobra judicial no sólo continúa dilatando los tiempos del proceso sino que deja al borde de la prescripción un delito que, de prescribir, dejaría a los acusados libres e impunes.
Al respecto, la Comisión de Difusión denunció a través de un comunicado que «esta situación imparte un mensaje de disciplinamiento a la sociedad en su conjunto. No solo pretende callar a quien pudo por fin alzar la voz sino que silencia aún más a todas aquellas que aún no pueden hacerlo. Marca una vez más para quiénes se imparte justicia». A su vez, llaman a toda la sociedad a acompañar y difundir este reclamo.
En esa línea, desde la causa reconocieron que «esto lo único que hace es garantizar la impunidad porque pasa el tiempo, se pierden pruebas y opera la prescripción a favor de los imputados». «Las falencias del sistema, sin hablar de la corruptela, permite esa impunidad y hacen recaer sobre la víctima todas sus deficiencias sin que ninguno cargue con ninguna responsabilidad», advirtieron.
Es menester recordar que el caso trascendió nacionalmente cuando el fiscal de la causa, Fernando Rivarola, señaló que los imputados violaron a la joven como forma de «desahogo sexual» con el único objetivo de moderar las penas de los llamados «hijos del poder» que pertenecen a familias poderosas de Chubut vinculadas a la política y a los negocios inmobiliarios y de la construcción.

Fuentes: El Destape y propias