El presidente de la Corte Suprema tomó el control del Consejo de la Magistratura y pidió que empiece a funcionar de inmediato.
La Corte Suprema de Justicia finalmente tomó el control del Consejo de la Magistratura y pidió que se ponga en funcionamiento de forma inmediata, en medio de las críticas de Cristina Kirchner y otros funcionarios oficialistas.
De esta forma, pondrá en funcionamiento el fallo que pretendía de que el órgano esté integrado por 20 miembros y no 13 como se había impuesto durante el gobierno kirchnerista. Se le tomará juramento a los nuevos consejeros electos y notificarán al poder legislativo para que envíe sus miembros.
En un nuevo fallo publicado este lunes, el máximo tribunal de Justicia dispuso que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021.

De ese modo, el Consejo será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
El fallo lleva la firma de Rosatti; del vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y del juez Juan Carlos Maqueda. El único que no firmó el fallo fue Ricardo Lorenzetti, juez del máximo tribunal y expresidente del mismo.
Asimismo, la Corte ordenó que los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quorum será de 12 miembros y las comisiones deberán ser conformadas según lo establecido en el art. 12 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Fallo

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser «conjunta y simultánea».
En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que «resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional».
Con esta decisión, la Corte avanza en el cumplimiento de su acordada de diciembre pasado pese a las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Justicia Martín Soria, del propio presidente del Consejo Alberto Lugones y de numerosos dirigentes y parlamentarios del oficialismo.
El domingo, a través de las redes sociales, la Vicepresidenta advirtió que hay una «casta de la que nadie habla» al reprochar el silencio de muchos medios y periodistas en esta materia, y citó una publicación explicativa del periodista Matías Mowszet sobre las implicancias de esta grave controversia institucional.
«Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó auto-eligiéndose meses atrás», dijo Mowszet, citado por Fernández de Kirchner.
En el caso de Soria, el ministro habló de un «golpe institucional» y recordó que el actual presidente de la Corte, y flamante titular del Consejo de la Magistratura, llegó al máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.
Lugones, por su parte, en la última sesión del Consejo con la integración de 13 miembros que se celebró el miércoles pasado, señaló una vez más que «no me gusta el fallo de la Corte pero, como juez, debo cumplirlo».
No obstante, el camarista penal de San Martín planteó en el mismo encuentro que si Rosatti asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería «una especie de intervención» porque no se cumpliría el precepto fijado por la misma Corte en el fallo, en el que ordenó que la asunción de los nuevos consejeros debía ser «conjunta y simultánea».
Sumándose al debate, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos emitió esta mañana un comunicado en el que le solicitó a la Corte un plazo de 90 días para sancionar la ley del Consejo que ya cuenta con media sanción del Senado.
Más allá de la discusión política-institucional, lo cierto es que la asunción de los representantes del Congreso aún sigue suspendida por la presentación en la Justicia federal de un amparo del diputado nacional del FdT Marcelo Casaretto.
La Corte recibió hoy un pedido de ‘per saltum’ para resolver el amparo, solicitado por el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura bonaerense Guillermo Sagués, y también dispuso que el juzgado que tramitó el recurso envíe toda la documentación relativa al cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Aun sin estos representantes designados, la Corte decidió avanzar en la toma de juramento a la representante de los magistrados, la jueza civilista Agustina Díaz Cordero, y a las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, aunque por el momento no fijó fecha.