En Comodoro Py, Cristina Kirchner se presenta en el inicio de los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF) por el juicio oral donde se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que de manera irregular le dio las construcciones a Lázaro Báez. Hay expectativa por lo que podrán decir desde el organismo del gobierno que actúa como querellante en la causa.
La presencia de la vicepresidenta no fue en los tribunales de Comodoro Py, sino que estará a través de videoconferencia por la plataforma zoom. La intención de Cristina es estar presente durante todos los alegatos mientras que lo permita su agenda.

La audiencia es para escuchar el inicio de los alegatos de la UIF, que estará a cargo del abogado Diego Duarte. La UIF es un organismo del gobierno nacional por lo que hay mucha expectativa de qué postura tendrá en esta etapa del juicio: si entiende que hubo delito y si acusará a la vicepresidenta y al resto de los imputados o solo a algunos y descarta que Cristina Kirchner haya cometido algún delito.
Justamente, este organismo es el que apunta a pedir la absolución de la vicepresidenta de los cargos de asociación ilícita y fraude por el supuesto direccionamiento de obras públicas. “El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido. Una pericia concluyó que no hubo sobreprecios”, señalaron desde la UIF.
En el inicio del alegato, el abogado Diego Duarte por la UIF, señaló que el organismo debió en 2017 haber desistido de su rol como querellante al asegurar que en el caso no se investigan delitos de lavado de dinero. Todo una señal sobre cuál será la definición final de este organismo.
El organismo le había pedido al Tribunal Oral Federal 2 postergar el inicio de los alegatos para agosto, pero los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron el pedido.

Los acusados por el juicio de la obra pública

Junto a Cristina Kirchner, hay 12 imputados que estarán en el banquillo de los acusados por parte del Tribunal Oral Federal 2. Entre los que más se destacan son el propio Lázaro Báez, quien es uno de los más complicados de la causa, junto a otros ex funcionarios kirchneristas.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Investigación

La causa fue iniciada a partir de la denuncia de las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que se desarrollaron desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La empresa que llevó a cabo esto fue la que manejaba Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, de donde era originario el fallecido expresidente.
La investigación se llevó a cabo por la sospecha de sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas.
Se espera que el veredicto final se dé a conocer antes del 2023, para alejarlo de las elecciones presidenciales y dejar atrás cualquier tipo de especulación de lawfare, una de las principales denuncias que hizo la vicepresidenta durante sus presentaciones en las causas de dólar futuro o de Los Sauces y Hotesur.