Este sábado, luego de la realización de un Congreso en la localidad de Puerto San Julián, se emitió desde el gremio de los docentes un durísimo documento.
El mismo lleva como título: «En tiempos de democracia: el gobierno de Santa Cruz a través de la presidencia del CPE despide a docentes por hacer uso al derecho a huelga».
Por ello es que el Congreso Extraordinario Provincial de la ADOSAC determinó:
«Concurrir sin medidas de fuerza al espacio de dialogo del día miércoles 17 de agosto del corriente año, supeditando las mismas a las respuestas por parte del Gobierno que contemplen lo estrictamente planteado en nuestras demandas.
Exigimos que ningún docente de la provincia viva por debajo de la línea de la pobreza y para ello demandamos un salario inicial de $120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de Julio, con cláusula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que experimente el país.

(Foto de archivo)

Especial

Por otro lado, «repudiar y denunciar a la Directora de la modalidad Especial que a instancias de la Presidenta del CPE despide a compañeras docentes por hacer uso del derecho a huelga, hechos acontecidos en Pico Truncado, Rio Turbio y otras localidades de la provincia».
Remarcan que estas prácticas propias de tiempos dictatoriales, tal como sucede con las listas negras, solo buscan desde el atropello y los aprietes, hacer callar la voz de reclamo de aquellos trabajadores que exigen un salario digno.
Denuncian las amenazas por parte de la Dirección de Escuelas Rurales hacia los padres de la Escuela Hogar N°2 de la localidad de Gobernador Gregores que reclamaban por condiciones edilicias ante las promesas incumplidas por parte del CPE.
Asimismo, «continuar exigiendo mayores inversiones en infraestructura escolar y que se transparenten los gastos asumidos en tareas de mantenimiento y refacción edilicia, ya que las cifras y obras publicitadas por el CPE no concuerdan con el estado actual de las Instituciones. Junto a ello, demandar la construcción de edificios propios para todas las instituciones existentes».

Jornada extendida

Rechazar la reforma laboral que implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, todo esto, además, llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico. La falta de claridad ante las innumerables aristas planteadas (salariales, laborales y pedagógicas y que se desprenden de este proyecto impuesto por el CPE) generan que la docencia no admita tal modificatoria.
Continuar con la demanda de la descentralización y la presencialidad para las Comisiones de Ofrecimientos en toda la provincia.
«Reafirmar nuestro rechazo a toda medida pedagógica que conduzca al vaciamiento de los contenidos en los niveles primario y secundario, al atropello hacia la libertad de cátedra y a la flexibilización de las tareas docentes, tal como sucede con «trabajo colaborativo» en la Educación Especial, eufemismo a través del cual se sobrecarga laboralmente a la docencia no permitiendo la atención en la especificidad de los distintos diagnósticos o patologías que son propias de la modalidad».
Denunciar la precariedad que se le ha impuesto a los cargos de Preceptor/a y Maestro/a de apoyo a la Inclusión y exigir que de manera inmediata se coloque a los mismos dentro del encuadre estatuario que garantice para los docentes que se desempeñen en ellos el cumplimiento íntegro de sus derechos.
Asimismo, remarcar que la única política de cumplimiento efectivo debe ser aquella que conduzca al respeto y protección de los derechos conquistados por el sector docente.

Repudio

Además, como Congreso expresan su repudio a la Justicia de Chubut por criminalizar la protesta social y exigir la urgente absolución de Santiago Goodman por este injusto juicio, solicitan además el desprocesamiento de Daniel Murphy, Carlos Magno entre otros «compañeros» de ATECH que se pusieron al frente de la lucha ante la situación social gravísima por atraso de salario y ajuste terrible hacia el pueblo trabajador en la provincia del Chubut.
Continuar con la exigencia de desprocesamiento de los compañeros por luchar. Por la absolución inmediata de Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance. «Basta de criminalizar la Protesta Social en Santa Cruz».
También manifiestan la necesidad de poner fin de la intervención de la Junta de Clasificación de Educación Inicial y Especial, exigiendo una vez más la reincorporación inmediata de los Vocales Electos.
Derogación inmediata del presentismo impuesto a través de la Resolución 066/18.
Derogación inmediata de la Resolución 146/22 para permitirle el libre acceso a sus puestos de trabajo para todos aquellos docentes que hayan optado por la no vacunación.
La exigencia del cumplimiento íntegro del régimen de licencia, muchas veces mal interpretado y por ende mal aplicado por las autoridades de reconocimientos médicos de algunas localidades. Asimismo, solicitamos que se retome la convocatoria de juntas médicas para generar los encuadres de salud necesarios para los compañeros docentes.
La defensa irrestricta del régimen jubilatorio.
La necesidad de agilización en el tratamiento de los expedientes jubilatorios.
Por último, cierran este informe resolutivo insistiendo «una vez más en la necesidad que tiene ya no solo la docencia, sino toda la comunidad educativa; de que se retomen las instancias de diálogo en paritarias, sin imposiciones, sin presiones, sin amenazas, únicamente apuntando a lograr una salida con soluciones concretas que resuelvan este conflicto y permita tanto a docentes, alumnos y familias recobrar la vida laboral y estudiantil digna que se merecen tener».