Jaramillo
Vecinos de las localidades de Jaramillo y Fitz Roy denunciaron ante el Juzgado Federal de Río Gallegos que más del 30 por ciento del Padrón General está contaminado por ciudadanos que nadie conoce, que no residen en ninguna de las dos localidades.
Denuncian a Registro Civil y a la Comisionada de Fomento Ana María Urricelqui.
Un grupo de vecinos residentes en las localidades santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy presentaron una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Gallegos revelando que más del 30% de su Padrón Electoral está conformado por ciudadanos desconocidos, que no residen en ninguna de ambas localidades.
La denuncia va acompañada por un listado de 240 ciudadanos con domicilios fraguados, ya que ninguno de ellos reside en las direcciones que se registran en el Padrón General, a los cuales se agregan fallecidos y que –sin embargo- siguen habilitados para votar en tal registro.
“El Registro Civil de Jaramillo es cómplice de este fraude y lo hacen a la luz del día y también durante las noches en las que podemos corroborar que en horas de la madrugada se habilita tal institución para efectivizar este tipo de trámites” señalaba indignado uno de los vecinos denunciantes.

Ciudadanos
“El objetivo de la denuncia es que la Justicia Electoral corrobore los hechos denunciados y suprima del Padrón Electoral a todos los ciudadanos de tal forma que para las elecciones generales del 2019 el Comisionado de Fomento de Fitz Roy y Jaramillo sea elegido por los vecinos de Fitz Roy y Jaramillo, sin la intervención fraudulenta de ciudadanos que vienen de otros lados de la provincia o del país solamente a votar y que seguramente ni conocen donde quedad nuestras comunidades” expresó otro de los vecinos denunciantes.
Además los vecinos pretenden que se actúe en contra de los funcionarios del Registro Civil a quienes consideran cómplices de la actual Comisionada de Fomento Ana María Urricelqui en el oscuro propósito de inflar deliberadamente el Padrón Electoral radicando fraudulentamente a ciudadanos con el único propósito de traerlos a votar cuando se realicen las elecciones.
“Nos pasa a los vecinos que en cada elección aparecen a votar decenas de ciudadanos que nadie conoce” manifestaron.
Los vecinos entienden que –de algún modo- esto es un delito y que deben pagar las consecuencias de sus actos los funcionarios intervinientes.
Se espera que esta denuncia provoque un operativo de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, para que efectúe constataciones de los domicilios para que en su recorrido por las localidades certifique que muchas de las personas que según los datos del Registro Civil se mudaron a estas localidades en realidad no viven en el lugar que dicen que viven.
Los vecinos recuerdan que por el Artículo 137 del Código Electoral Nacional pueden ser penados con prisión de 6 meses a 3 años al elector que denunciare domicilio falso.