Este lunes comenzaron los alegatos de la defensa de Lázaro Báez, el empresario K acusado de corrupción por obras de Vialidad en Santa Cruz durante el 2003 y 2015. Sus abogados apuntaron contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola porque perdieron la «objetividad» tras el pedido de condena contra Cristina Kirchner y otros funcionarios.
«El doble estándar exhibido por la fiscalía va a ser desenmascarado», adelantó el abogado Juan Villanueva en el inicio de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y en el que Báez tiene un pedido de prisión de 12 años.

«Inocencia»

Villanueva comenzó su alegato ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu pasadas las 9.30 y afirmó que quedará demostrada la «inocencia» del dueño de Austral Construcciones. «La fiscalía ante todo eligió ignorar la prueba producida en el juicio y continuar con una acusación que durante el debate se probó falsa», agregó.
«Para nosotros fue llamativa la total ausencia de cobertura de este debate en los medios masivos de comunicación, salvo por algunos pocos periodistas. Fue llamativa porque, audiencia tras audiencia, los testigos propuestos por el Ministerio Público fiscal destrozaron la acusación», expuso.
«Si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Esto también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa», añadió. El abogado sostuvo que se construyó «un relato basado en mentiras repetidas hasta el hartazgo».
El defensor del empresario acusado de haber sido beneficiado con el 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz en el período investigado agregó que «lo que más» llamó la atención «es haber tenido que escuchar al final del juicio a los fiscales intentado ocultar todo esto» e «ignorando de manera deliberada las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio».
Báez está acusado por supuesta «asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública». En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.