Alicia Kirchner participó ayer de una nueva reunión en la que los primeros mandatarios provinciales reiteraron su preocupación por las versiones periodísticas que aseguran un inminente fallo a favor del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «lo que avalaría una transferencia de recursos a la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de la Argentina».
En la ocasión, 13 mandatarios provinciales (dos de ellos por Zoom), abordaron aspectos relacionados a la preocupante situación del federalismo argentino, frente a versiones periodísticas cada vez más insistentes de un inminente fallo a favor del jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que significaría una bochornosa transferencia de recursos a la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de la Argentina.
En ese sentido, se resolvió dar mandato a los fiscales de estado de las provincias que se presentaron en la CSJN como amicus curiae, reiterando el pedido de ser escuchados en el recurso de amparo que se tramita por el tema de la coparticipación.
Además, se debatieron durante la reunión distintas estrategias a seguir en caso de un fallo injusto, que estaría atentando contra la base misma del sistema federal, solo para acrecentar las finanzas electorales del partido que gobierna desde la Capital Federal.
Los gobernadores coincidieron en utilizar todos los mecanismos disponibles para impedir ese posible avasallamiento de las bases mismas que dieron nacimiento a nuestra nación ya que, sin federalismo la patria no existe.
Luego se llevó a cabo una reunión solicitada por la cúpula de la CGT, donde se trataron distintos temas de importancia institucional y política, como una primera reunión entre distintos sectores, que se ampliará a otros en los próximos días.
En la misma y luego de un largo intercambio de opiniones, los gobernadores y los representantes de los trabajadores coincidieron en que ante el intento de asesinato, primero, y ahora con el intento de proscripción de la actual vicepresidenta en ejercicio, nos encontramos ante una situación de extrema gravedad institucional que afecta los cimientos mismos de la democracia en nuestro país.