El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia (IDUV) Roberto Andrino, Daniel Copertari y María Grasso, fueron denunciados penalmente por el concejal Pedro Muñoz de la Coalicion Civica Ari – Santa Cruz por administración fraudulenta agravada en prejuicio de la administración pública.
La presentación judicial se conoció ayer martes y se detallaron los alcances de la denuncia: “a través del IDUV se posibilitó la cartelización de la obra pública, beneficiando a algunas empresas que no contaban con la capacidad operativa correspondiente y que fueron contratadas en reiteradas oportunidades para obras claves de Río Gallegos”, sintetizaron los denunciantes.
Se trata de una nueva denuncia contra el Jefe Comunal de la capital de la provincia, que se suma a otras realizadas en busca de dar transparencia al uso de millonarios fondos para obras en esa localidad.
“Le pedimos a la Justicia que investigue y llegue a las últimas consecuencias contra los responsables que se encargan de robarle el dinero a todos los santacruceños”, remarcó el edil. Sobre este también opinó la diputada nacional por la UCR, Roxana Reyes quien sentenció: “es hora de ponerle freno a los corruptos en Santa Cruz”.
A Grasso no le preocupa
Pese a las reiteradas denuncias, que incluyen una presentación realizada el año pasado para que el gobierno municipal de información certera y completa respecto a los contratos y licitaciones de obra pública; Grasso continúa haciendo oídos sordos al pedido para que de cuentas ante los vecinos.
Puntualmente, respecto a la denuncia a una presentación del abogado Javier Stoessel, la Justicia falló la semana pasada, obligando a la comuna a pagar una multa de 10 mil pesos diarios – a partir de la notificación – por la demora en presentar la documentación requerida.
“Visto lo peticionado, que se encuentra vencido el plazo de prórroga concedido para presentar la información ordenada en el pto. 3 de la sentencia recaída en autos, la demandada no dio cumplimiento, hágase lugar al pedido en despacho, imponiendo a la Municipalidad de Río Gallegos una multa diaria y acumulativa suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000 ) por cada día adicional de demora en cumplir con la sentencia, que se computará a partir de la notificación de la presente decisión; todo ello, conforme las facultades conferidas en el Art. 804 del Código Civil y C”, sintetiza lo resuelto judicialmente en el Expediente Nº 21858/22., que tramitó el Amparo de Stoessel.
De todos modos, el intendente de Río Gallegos, parece sentirse con facultades que están por arriba de la Justicia. Un ejemplo de este comportamiento es la respuesta que dio “en forma exclusiva” al diario oficialista La Opinión Austral. “Hay metodologías que a nosotros nos tienen sin cuidado”, sentenció en ese medio, dejando en claro que no le preocupan las denuncias y reclamos para que se transparenten los mecanismos por los cuales se otorga millones para la obra pública.
