Es evidente que el grado de maltrato y ninguneo del gobierno de Alicia Kirchner contra los trabajadores que no están alineados, o que no “agachan” la cabeza, no tiene límites; y lo que ocurrió en las últimas horas en Puerto Deseado es la confirmación.
Luego de varios días, en los cuales los trabajadores de la estiba portuaria local, reclamaban trabajo y no “subsidios”, ya que desde el año pasado el gobierno les venía prometiendo “continuidad” laboral en el mulle de descarga; apareció la oferta de los subsidios como siempre ocurre en estos casos.
Ocurre que la situación de Puerto Deseado – que supo ser uno de los más importantes del sur del país – es grave. Esto lo venían alertando los representantes gremiales, que nunca pudieron salir de las oficinas oficiales de Río Gallegos, con una respuesta favorable o que satisfaga a los trabajadores.
En ese contexto de reclamo, recaló un buque en la terminal marítima y si bien generaba unas horas de trabajo, las familias de la estiba consideraron que era “pan para hoy y hambre para mañana”. Además, venían de casi un año de “promesas incumplidas” que incluyeron una propuesta del ex intendente y diputado nacional, Gustavo “Kaky” González; respecto a un proyecto para operaciones de barcos de poca envergadura.
Pasado el feriado largo de Semana Santa; los trabajadores consideraron que en caso de que el gobierno otorgase subsidios temporales hasta que las operaciones en el puerto tuvieran cierto grado de continuidad, la suma debía alcanzar los 120 mil pesos por estibador. Esto en función del costo de la canasta básica, además del alto costo de los alquileres que se cobren en la localidad. Vale mencionar que los trabajadores de la estiba- a diferencia de los marineros – residen en la localidad con sus familias y para la mayoría operaciones en el puerto son su único ingreso.
Como si se tratara de una “puja” de precios, el gobierno les respondió que les pagaría “50 mil pesos”; y así se llegó a la noche del lunes cuando los estibadores determinaron que continuarían con la medida. Finalmente, el martes por la mañana se confirmó que el gobierno pagaría 100 mil pesos a cada estibador; y dada la situación social y económica, a “regañadientes” los estibadores concurrieron a descargar el buque que esperaba hace días.
Pero este acuerdo o “arreglo” temporal, no será el fin de este conflicto, ya que sigue sin resolverse el problema de la llegada de barcos a Puerto Deseado; e incluso las empresas ya anticiparon al gobierno que descargarían en los puertos que les sean “más rentables” por cercanías con el recurso.
Promesas y falta de solución
Pese a haberse cansado de prometer y prometer a los estibadores deseadenses que habría actividad en el puerto; ahora el gobierno argumenta que son los trabajadores y sus reclamos los que hacen inviable esa terminal marítima.
Según esta lógica, el escenario de recurrente conflictividad no lo hace un puerto atractivo ni competitivo.
Pero esto no estaba en discusión en año pasado, cuando a mediados de año, cuando los operarios de la descarga pidieron a la Ministro de Producción, Silvina Córdoba y a la Subsecretaria de Pesca, Lucrecia Bravo, la posibilidad de haber una garantía de jornales en el mes, invitando por intermedio de las autoridades, mayor compromiso de la flota potera y merlucera. En ese momento, se reclamó que haya un mayor número de operaciones de buques tangoneros y que también que alcancen a las descargas de merluceros, fresqueros y poteros.
Ya en esa oportunidad, los trabajadores habían pedido una reunión con el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos LIberman y con el entonces Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.
Pero nada de esto ocurrió. Así se llegó al 2023 sin ninguna solución o respuesta por parte del gobierno.
Ahora, luego del último conflicto; los interlocutores oficiales no dudan en culpar a los trabajadores por la situación.
Afirman que la postura de los estibadores locales genera “enormes perjuicios”, a toda la cadena de “comercio exterior”; además de perjudicar a las empresas pesqueras radicadas en la provincia que deben transportar cargas hasta Puerto Madryn para exportar desde Chubut.
Frente a esto, los funcionarios del área consideran que no pueden hacer demasiado. Aunque cabría la pregunta respecto a si los “Permisos Pesqueros” que otorga Santa Cruz, no podrían ser una variable de la negociación respecto al lugar de descarga.
En este contexto se dejó trascender que otro buque – del grupo Iberconsa – habría decidido que el congelador merlucero API VII que tenía pedido de giro para este jueves 13 de abril, torciera rumbo hacia Mar del Plata.
Siguen las negociaciones
Respecto a la protesta, y a las críticas por no descargar un barco con 750 toneladas de merluza y calamar que había arribado el domingo – que finalmente se comenzó su descarga ayer martes – un trabajador portuario dijo al sitio especializado Mar y Pesca: “Tuvimos un año muy malo, un mes que prácticamente no ingresó un solo barco así que fue un mes perdido, y si bien ahora hay un barco y varios para arranchar que están por salir al langostino nosotros estamos reclamando lo que por ley nos pertenece”.
Otro detalle es que el reclamo de los trabajadores del puerto, no es un hecho aislado; es un síntoma de lo que vive Puerto Deseado: se percibe el abandono por parte de las autoridades.
“Nosotros perdimos prácticamente la temporada de calamar porque el pescado no apareció como se pensaba y eso ya no es problema nuestro porque durante el Gobierno de Kirchner, (Néstor) se firmó una ley que decía que cuando no hay trabajo los estibadores tienen que cobrar un fondo compensador anticrisis”, dijeron al mencionado medio los trabajadores.
Vale mencionar que todo esto se planteó en una reunión que se llevó a cabo en el municipio, con la presencia de la intendente Mónica Vila, el diputado por municipio Carlos Santi y autoridades del área.
La situación está planteada y pese a la postura del gobierno y a las promesas incumplidas, los representantes de los trabajadores no pierden la esperanza y en estos días viajarán a Río Gallegos donde mantendrán una reunión con los funcionarios del Ministerio de la Producción y de Trabajo; sobre todo apuntando a llegar a un acuerdo razonable antes del inicio de la temporada de langostino.