Que la familia Kirchner siempre se manejó como si fueran los “dueños” del Estado; no sólo de sus bienes, sino también de la estructura de la administración pública para satisfacer sus intereses, no es novedad y en Santa Cruz lo padecimos desde que llegaron al “Poder”.
Más de 30 años “controlando” a su antojo la provincia y con dos décadas en la máxima magistratura nacional, mostraron un “Clan” ávido por el dinero y el “Poder absoluto”; y esto también implicó tener una confianza extrema en su “impunidad”.

Tal vez la muerte de Néstor Kirchner lo haya “salvado” de tener que dar cuentas sobre su accionar ante la Justicia y ante la ciudadanía –obviando el sobreseimiento exprés que le regaló el también fallecido juez Oyarbide en la causa por enriquecimiento ilícito –; pero Cristina ya tiene sobre sí una condena por “corrupción” y ahora le llegó el turno a Máximo, el “heredero” no solo político sino también de la fortuna amasada en ejercicio de cargos públicos.

Una fortuna ligada principalmente con la obra pública, en donde las licitaciones y contratos era digitados a “gusto y piacere”, siempre con maniobras que afectaban el dinero de todos los argentinos y especialmente a los santacruceños. Todo esto se desprende de la causa Vialidad, en donde se demostró cómo se “saquearon” fondos públicos, mediante una “asociación ilícita” de la banda encabezada por Néstor y Cristina. Aquí Máximo también heredó algo: la habilidad para usar y abusar su posición en el gobierno. Esto es lo que sacó a la luz el Fiscal Diego Luciani al presentar una denuncia en contra del hijo de la vicepresidente, actual diputado nacional por Buenos Aires y Presidente del PJ en ese distrito.

Acá no hubo un “ah pero Macri”

La denuncia alcanza a Máximo, pero también a Fabián de Sousa, Jorge “Corcho” Rodríguez y Nicolás Caputo (hermano de la vida de Mauricio Macri) con pruebas del juicio por Vialidad. Esto demuestra que a la hora de “hacer plata”, las banderas políticas se guardan bien guardadas.
Puntualmente, Luciani detectó siete maniobras irregulares, comprobables con la información extraída del celular del condenado por enriquecimiento ilícito y corrupción, José “Josesito” López.

En el escrito de 171 carillas, presentado ante la Cámara Federal, el fiscal enumeró diferentes maniobras, que surgieron de las pruebas que se ventilaron en el juicio oral, y en particular de los mensajes hallados en el teléfono celular del ex funcionario. Vale mencionar que muchas de las maniobras denunciadas ya forman parte de investigaciones en trámite, pero otros son hechos nuevos de los que se tuvo conocimiento a partir de las pruebas que se publicitaron en el juicio oral. Luciani explicó que se deben investigar los mensajes que intercambiaron, entre otros, el empresario Caputo con José López, donde le reclamaba un pago por una obra.

En tal sentido, de acuerdo a un artículo publicado por el diario La Nación, Caputo, quien es del círculo íntimo del ex presidente Mauricio Macri, usaba esa vía de comunicación para cobrar. Por eso el fiscal pide que se investiguen los mensajes que intercambiaron Caputo con López, donde le reclamaba un pago por una obra. El fiscal agregó: “se observa que el secretario de Estado López se encargó personalmente de asegurar el éxito de la gestión solicitada” por Caputo”, menciona el diario. Claramente, Caputo era Macri, pero en cuestión de negocios eso es sólo un detalle. Todo sea por los negocios.

Similar es el caso de Corcho Rodríguez (ex novio de Susana Giménez y actual marido de la conductora de TV “militante” Verónica Lozano). Sobre el “Corcho” se investigan maniobras vinculadas a la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Pero el fiscal señala que, además, De Sousa acude al mismo canal para poder agilizar pagos.

Silencio en Santa Cruz

Luciani dedicó párrafo a Máximo Kirchner y las conversaciones del teléfono de López que “demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos”. La obra “se adjudicó ilegalmente”, dijo Luciani, el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla S.A. –empresa del Grupo Báez–. El contrato se suscribió el 12 de febrero de 2015 por $216.489.537.
Según el funcionario judicial no se pudo calificar la obra por los defectos que tenía el trámite, que el pliego de Kank fue descalificado y “si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque estaba trascurriendo el último año del período presidencial de Cristina Fernández”.
“Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi. Lo llamativo -e inadmisible- es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales”, remarcó el fiscal.
Este también señaló el caso del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, cuya construcción supervisaba la presidenta Cristina Kirchner, a través de su secretario Mariano Cabral y del ahora ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. El fiscal dijo que allí “se advierten irregularidades groseras en un proceso licitatorio”. En esos mensajes, José López le dijo a Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, sobreseído en el juicio oral, que “debían sacar urgente” la licitación en cuestión. “Tan urgente era que hasta debían sacarla ‘sin estudio de suelo’, puesto que López había hablado con la presidenta [Kirchner] –“La Pta”[dice el chat]– y le había dicho que licitaban en 15 días”.
La “aparición” de estas pruebas ofrecen una visión de lo que en Santa Cruz todos sabían o intuían: Máximo maneja, digita u ordena, qué se hace y que no. Sobre todo, cuando hay plata de por medio,
El pedido de Luciani apunta a desentramar mediante una investigación exhaustiva de la gestión de “Lopecito” como secretario de Obras Públicas de la Nación y sus relaciones respecto a la derivación de las reformas con distintos grupos empresariales.
“Las conversaciones se refieren a cómo se tramitaban las licitaciones, a cómo se gestionaban los pagos a empresarios ‘amigos’. Es decir, advertimos la existencia de determinados patrones en el ejercicio de las funciones públicas que exhibían su falta de apego a los principios que debían regir las contrataciones públicas y las relaciones del Estado (de sus funcionarios) con las empresas contratistas en el marco de la ejecución de los respectivos contratos”, dice el fiscal en su presentación.
“Esas conductas, amén de ser contrarias a la ética pública y de exhibir relaciones promiscuas entre funcionarios y particulares, alertan sobre la posible comisión de delitos de acción pública que deben investigarse en profundidad, insiste.
El conjunto es de una gravedad tal que todos en la provincia deberíamos estar atentos y seguir de cerca cómo transcurrirá el tramite pronto a sortearse para ver en qué Juzgado cae. No obstante, como siempre la mayoría de los medios de nuestra provincia miran para otro lado, y los comunicadores oficialistas, comprados o alquilados ni por asomo mencionan el tema.
Si hay periodistas que cobran por su silencio, si son cómplices con su omisión, o simplemente tiene miedo a represalias, deberíamos recordarle que nuestra profesión requiere de valentía y sobre todo es una responsabilidad ejercerla. Por eso, nosotros desde Mas Prensa nos comprometemos a seguir este tema hasta que se sepa la verdad del “asqueroso saqueo” que sufrió Santa Cruz.