Caleta Olivia
En ésta ciudad, padres de estudiantes que cursan en el Instituto DAS se movilizaron ayer por la mañana frente a la municipalidad reclamando que le otorgue la habilitación comercial,, aunque otro de los problemas que atraviesa la institución cristiana es que no cuenta con la aprobación pedagógica del Consejo Provincial de Educación.
Por su parte en Río Gallegos, reclamaron los padres del Instituto Cristiano de Enseñanza Pedagógica (ICEP) por irregularidades en la normativa vigente ante el CPE.
Ayer, el vicepresidente del Consejo de Educación Ismael Enrique aseveró que “sobre el ICEP Caleta Olivia o DAS, desde el 2016 hay dos resoluciones según las cuales el instituto no está autorizado a funcionar ni a expender títulos. Los títulos emitidos desde esa escuela no pudieron ser reconocidos por el CPE por lo que la institución no está habilitada para matricular estudiantes, funcionar y expedir títulos”, aclaró.
De este modo aseguró que “la escuela no puede funcionar como institución educativa porque no cumple con los requisitos municipales ni el proyecto pedagógico acorde con los diseños curriculares de la provincia”.
“Como estado se garantiza que los estudiante puedan acreditar sus estudios en escuelas públicas y privadas, pero no en una institución que no está habilitada. Sección que no esté habilitada por el CPE no podrá acreditar a los estudiantes, pero si lo podrán hacer en una escuela que no esté en regla”, marcó el vice presidente.
Sobre el cierre del Instituto aclaró que “es la patronal la que decide si cierra o no la institución porque la Provincia no es la empleadora de los trabajadores. Ellos deberán ver de qué manera se adecuan a la normativa vigente según el acuerdo 185/97que regula la creación y funcionamiento de las escuelas privadas”, agregó.
El funcionario sostuvo que “van a controlar no está sino todas las escuelas privadas, sino también las públicas que están bajo la órbita del CPE”.
ICEP
La situación del ICEP en Río Gallegos es similar, aunque el gobierno provincial a través del Consejo de Educación le suspendió los aportes por un mes a la institución tras denuncias de irregularidades y luego de que desde el ICEP se les niegue el ingreso para auditar a personal del CPE. La negativa quedó constatada por una propia escribana.
El subsidio que se suspendió es por la matricula de la institución. El ICEP, según Ismael Enrique, estaba autorizado a funcionar con una cierta cantidad de grados o cursos y ante la falta de clases durante la primera parte del año, habría estirado su capacidad creando cursos ad-hoc y sin ningún tipo de autorización.
La denuncia plantea que funciona en diferentes horarios y espacios no acordados de antemano con el CPE.
En tanto, autoridades educativas recibieron ayer a las familias de los estudiantes que concurren al Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónica (ICEP) de Río Gallegos para explicar los procedimientos administrativos que se llevaron adelante previos a la suspensión de la subvención, los alcances de esta medida y la información que debe cumplimentar la institución para regularizar la situación.
En este sentido, el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique y la secretaria de Coordinación Educativa del Organismo, Norma Benedetto enfatizaron que la intención de la cartera educativa es privilegiar a los estudiantes y garantizar el derecho a acceder a sus aprendizajes en condiciones óptimas.
Para ello es necesario que todas las instituciones educativas de la provincia, sean de gestión privada o pública, se adecuen a la normativa vigente, indicaron.
En este sentido, explicaron que desde comienzo de año funcionarios del CPE se acercaron a la institución para requerir información como el registro de alumnos (información que todas las instituciones remiten al CPE al finalizar el año escolar), documentos que sistemáticamente fueron negados.
Informaron que en junio, en dos oportunidades, funcionarios de la cartera educativa concurrieron al citado establecimiento para supervisar aspectos pedagógicos, administrativos, contables y también se hicieron presentes la personal de la Contaduría General de Provincia y la Secretaria de Estado de Trabajo.
En esta ocasión, la Escribana Mayor de Gobierno constató mediante acta el impedimento del ingreso.
En este sentido, reafirmaron que la normativa vigente permite en el caso de negarse el reconocimiento, lo que todavía está por resolverse, el Consejo de Educación podrá convalidar los estudios realizados en estos alumnos matriculados provisoriamente y darle ingreso a escuelas públicas y otras escuelas de gestión privada reconocidas.
También brindaron información sobre el aumento de las cuotas de la Institución y detallaron que el decreto 2417/93 indica que los institutos privados deberán informar fehacientemente a los padres antes del 31 de octubre de cada año y para el periodo lectivo siguiente el importe de la matrícula y para aumentar deberán pedir autorización al Consejo de Educación y la Secretaria de Comercio.
