Karin Silvina Hiebaum

El comienzo de la presidencia española en la UE coincide con la presentación de STEP, una plataforma de tecnologías clave para poder competir globalmente

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las políticas de desarrollo industrial han vuelto a occidente; tanto Estados Unidos como Europa se han despertado en dos actos a la necesidad de revitalizarlas. Primero, sufrieron intensamente la falta de capacidad de manufactura de productos sanitarios en la irrupción del Covid-19 y la escasez de semiconductores al quebrarse su cadena de suministros tras los confinamientos dictados para contener la pandemia. Después, la guerra de Ucrania y las tensiones en el lejano Oriente han levantado la preocupación hacia la excesiva dependencia tecnológica del bloque atlántico respecto de terceros países, en particular, de China.
Estados Unidos se dotó en agosto de 2022 de dos instrumentos para relocalizar dentro de sus fronteras industrias clave en la doble transición digital y verde. En primer lugar, aprobó la Ley de Chips y Ciencia, dotada de 280.000 millones de dólares para reforzar el ecosistema de semiconductores, crear centros regionales de I+D en tecnología digital emergente y desarrollar el capital humano stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En segundo lugar, adoptó la Ley de Reducción de la Inflación, con presupuesto de 370.000 millones para inversión pública en tecnologías de energía limpia. La aprobación de los proyectos ligados a ambos fondos y sus dotaciones financieras están fuertemente centralizadas en las agencias federales.


Europa se ha esforzado por emular al socio trasatlántico alumbrando dos herramientas gemelas, el Reglamento de Refuerzo del Ecosistema de Semiconductores Europeo (Ley de Chips UE) y Reglamento para Refuerzo del Ecosistema Europeo de Fabricación de Productos de Tecnología Emisiones Cero (Ley Net-Zero). La diferencia central respecto de las normativas estadounidenses es la ausencia de un presupuesto propio en los dos instrumentos comunitarios. La consecuencia es una pérdida de coherencia europea sobre actuaciones de relocalización industrial, con la descentralización del esfuerzo y decisión hacia los Estados miembros. Además, estos han de financiar con sus presupuestos nacionales los proyectos, dando lugar a una competencia desigual entre ellos.

La UE también contaba con los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (Important Projects of Common European Interest, IPCEI), que tampoco han resultado del todo efectivos. Los Ipcei fueron ideados como instrumentos para implementar la estrategia industrial europea mediante la promoción de grandes consorcios paneuropeos, autorizados por la Comisión Europea para recibir ayudas de estado de alta intensidad. La débil reglamentación del instrumento, apenas una línea en los Tratados de la UE desarrollada en una comunicación de la Comisión, ha derivado en largos procesos de gestación de los proyectos, superior al año y medio en algunos casos. Por otra parte, el acceso a la participación en los Ipcei de los Estados miembros ha estado condicionada a su disponibilidad presupuestaria, limitada para algunos de ellos hasta la creación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Dentro de la Estrategia Europea de Seguridad Económica, adoptada el 20 de junio de 2023, la Comisión Europea se incluye la propuesta del reglamento por el que se establece una plataforma de tecnologías estratégicas para Europa (STEP), un instrumento de apoyo al desarrollo, fabricación o fortalecimiento de las respectivas cadenas de valor en la Unión en tecnologías digitales emergentes, tecnologías limpias y biotecnologías. La plataforma hace realidad el Fondo para la Soberanía Europea (FSE) que anunció la presidenta del Ejecutivo comunitario en septiembre.

La financiación del FSE había emergido como principal escollo en el debate previo al nacimiento de STEP. Dentro del Consejo, al menos 10 Estados miembros mostraron sus reticencias, subrayando la existencia aún de recursos económicos ligados al MRR a disponibilidad de los países. Por su parte, el Parlamento demandaba en una resolución que el FSE fuera dotado con nuevos fondos. La Comisión Europea ha optado en STEP por una solución de financiación a medio camino entre la posición de ambos, mediatizando el uso de fondos existentes hacia tecnologías digitales, tecnologías limpias y biotecnologías y con una ampliación de nuevos fondos de 10.000 millones. En total, se aspira a movilizar 160.000 millones de euros de inversión.

En la comunicación de febrero 2023 Un Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero emisiones netas, la Comisión presentaba el FSE como elemento superador de otras de las limitaciones de los instrumentos para promover la reindustrialización de la Unión antes enumerados (Ley Net-Zero, Ley de Chips UE, IPCEI). Aunque en algunos aspectos STEP queda lejos de ello, sigue sin existir un control totalmente centralizado sobre los proyectos del Ejecutivo comunitario, se crea un sello de excelencia de la Comisión a proyectos para facilitar un acceso acumulativo, ágil y rápido de las pymes a los fondos comunitarios. El sello actuará también de autorización para que los Estados miembros complementen con sus presupuestos la financiación hasta llegar a un 100%, en definitiva, facilitándoles invertir en proyectos relevantes para su autonomía estratégica en el retorno al programa de estabilidad.

El comienzo de la presidencia española de la UE, que coincide con la presentación del STEP, tiene entre sus prioridades reindustrializar la Unión y garantizar su autonomía estratégica abierta. España podrá contribuir al primer y decisivo impulso a la negociación de un instrumento necesario para que Europa pueda competir globalmente, construido sobre principios económicos tradicionalmente defendidos por España: cohesión y solidaridad territorial.