Caleta Olivia
Personal de la DDI de Caleta Olivia detuvieron ayer a una mujer y a un hombre, mayores de edad, acusados de abuso, maltrato y violencia sexual que padecían tres niñas de 4, 7 y 10 años de edad.
Según datos recabados por Diario Más Prensa, los operativos se llevaron a cabo el miércoles en viviendas ubicadas en las calles San José Obrero y otra en Padre Jordán.
En esas propiedades, personal de la DDI detuvo a las personas, luego de irrumpir tras la orden del Juzgado de Instrucción 2.
Fuentes consultadas aseguraron que la orden de detención de la madre, se dio como responsable de las menores de edad, por haber permitido tales circunstancias y no como autora de los delitos que son investigados. En tanto, no trascendió la identidad del restante hombre detenido como sospechoso de los abusos, en calidad de partícipe necesario. Asimismo, otro hombre permanece detenido, aunque por una causa por robo y no se descarta que se le impute en esta causa.
Con estas detenciones, la justicia continúa con las investigaciones para esclarecer el caso que conmocionó a toda la comunidad.
Caso
El caso tomó estado público al conocerse que cuatro niñas de 2, 4, 7 y 10 años de edad, eran víctimas de abuso, por casos casos detectados en el Hospital Zonal de ésta ciudad.
La información fue dada a conocer por el medio capitalino El Diario Nuevo Día y detallaba que “en los últimos días, un caso de abuso, maltrato y violencia sexual a una niña de 4 años, sacude desde el silencio a quienes han tomado conocimiento del mismo, pero más estupor causa, que quienes deben cuidar y velar por la integridad de los niños en Caleta Olivia, los funcionarios, hacen la vista gorda, por incapacidad e ignorancia, poniendo en riesgo la vida de los infantes, dejando a la merced de un salvaje su destino.
La información vertida en esta nota, ha sido chequeada y resguardada, debido a la gravedad de los hechos”.
En marzo, fue recibida en la guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia, una niña de 4 años de edad, con signos y huellas en su cuerpo de agresiones físicas y sexuales (golpes, excoriaciones, hematomas), en la zona pélvica la mayoría de ellas, zona inguinal y vaginal, según palabras textuales de los profesionales que la atendieron “esta toda rota, no puedo creer lo que veo”, la situación que vivían quienes estaban asistiendo a la niña era de bronca y estupor.
De este modo, fuentes cercanas a la investigación detallaron a Diario Más Prensa que son tres las menores, víctimas de ataques sexuales.
“La madre de las menores tiene problemas de adicciones y en varias oportunidades ha sido internada en el Zonal”, aseguró una fuente consultada y detalló que “la menor de cuatro años de edad, había ingresado al Hospital a un control de salud y se le detectaron signos de violencia y enfermedades venéreas”.
Posteriormente, a las hermanas de 7 y 10 años, también se le detectaron golpes, enfermedades venéreas y signos de abuso sexual.
La abuela paterna fue quien llevó a la nena al nosocomio para ser atendida, luego de una fuerte pelea con la madre de la niña, quien no quería que le dieran asistencia.
Crimen y justicia
Los números de los abusos sexuales y violaciones en el país: más de la mitad de las víctimas son menores
Así lo revela un informe de la Unidad de Ejecución Penal de la Procuración. El 93% de las víctimas son mujeres. Hubo más de 30 mil denuncias por agresiones físicas el año pasado. Polémica: la revictimización en el proceso penal y denunciar al abusador para que ataque otra vez
Todo es un conjunto, no casos aislados: los abusos sexuales en la Argentina, los delitos contemplados en el artículo 119 del Código Penal, están en ascenso en las estadísticas. En todo el país, los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada: la Justicia no puede actuar de oficio, solo pueden ser motorizados por una denuncia penal de la víctima. En el caso de que sea menor, de sus padres, tutores o guardianes legales.
Las víctimas, a lo largo del país, denuncian cada vez más.
Lo demuestran los números del último informe del Ministerio Público Fiscal presentados por el procurador Julio Conte Grand: 1.110 causas por violaciones en 2015, 1.242 en 2016. Otros delitos contra la integridad sexual, como abusos simples o gravemente ultrajantes: 9.900 en 2015, 10.989 en 2016.
El último informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo apunta más de 215 mil denuncias en comisarías de la mujer y de la familia en territorio provincial para el año pasado, contra 195 mil de 2015 y 162 mil de 2014. Más de 29 mil de las formuladas en 2016 fueron por agresiones físicas.
La Unidad Fiscal de Ejecución Penal de la Procuración, dirigida por la doctora Guillermina García Padín, supervisa y contabiliza las sentencias de los tribunales del fuero penal de instrucción porteño y sus derivaciones en el Sistema Penitenciario Federal. Su último informe sobre la situación de condenados por delitos de integridad sexual, al que accedió Infobae, fue publicado recientemente: los abusos y violaciones, de acuerdo al mismo, representan un 10% de las 2.924 condenas con prisión efectiva del año pasado en la Capital Federal y un 5% de las 3.867 penas en suspenso. En estos últimos, el 88% fueron por abuso sexual simple. El 52% por ciento de los delitos que culminaron en prisión efectiva, al contrario, fueron por violación.
Penas
Las penas, de acuerdo al informe, fueron duras: 47% de los condenados fueron enviados a la cárcel por más de 15 años, un 13% con sentencias fueron de hasta cinco años. En el caso de las penas en suspenso, un 54% llegó al máximo de tres años que prevé la ley.
Sin embargo, las reglas impuestas por los jueces en las penas en suspenso fueron pocas. A 148 ofensores se les requirió fijar domicilio y presentarse en el patronato correspondiente; solo a seis se les impuso una prohibición de acercamiento a sus víctimas, a 17 una prohibición de contacto, y solo cinco tuvieron que asistir a cursos. A otros 34 se les impuso asistir a un tratamiento psicológico.
Para el 60% de los condenados fue su debut en los delitos sexuales, considerados ofensores primarios: un 6% del resto de los 292 casos con condena con cárcel fue para los reincidentes especiales, aquellos que volvían a cometer un ataque. Los reiterantes, aquellos nuevamente acusados y procesados por un delito de índole sexual, representaron el 13% del total.
Los atacantes primarios debutan en casa: el 68% de ellos cometió un delito intrafamiliar. Los abusos gravemente ultrajantes también son puertas adentro: 70% de los hechos denunciados. Los violadores golpean lejos: 59% de los hechos con condenas por abuso con acceso carnal fueron fuera del ámbito de la familia.
Condenados
El informe no contempla los datos de la Justicia de menores. De todas formas, el espectro de edad no se acerca a la adolescencia: el 78% de los atacantes tiene entre 26 y 65 años.
La alta mayoría del total de los condenados son argentinos: 345 nacionales contra 31 ciudadanos paraguayos y 32 peruanos. Un 29% posee, al menos, secundario completo. La alta mayoría de los más de 400 condenadas tenía trabajo; construcción y transporte de personas siendo los rubros con más atacantes: solo 30 imputados reconocieron estar desempleados.
¿Qué hay de las víctimas? Las mujeres son la amplia mayoría en las causas que terminaron en cárcel: 93%. La gran mayoría son menores de edad: 56%, el 40% adolescentes de 16 hasta 18 años. En los casos con condena en suspenso la estadística se vuelve más aberrante todavía, con 56% de víctimas con apenas hasta 13 años de edad, un dato revelador en términos de lo que hace la Justicia en los tribunales orales de la calle Talcahuano.
El 46% tenía un vínculo familiar con el agresor, con un 39% de casos con vínculos en los casos penados con cárcel. Los padres abusadores de los hijos de su pareja son la mayoría: 28%. Otro 25% ataca a los hijos de su pareja. Un 8% abusa de su pareja o su ex.
En los ataques fuera del ámbito de la familia, un 21% de los casos se produjo en el domicilio de la víctima y un 15% en el domicilio o lugar de trabajo del condenado: otro 21% ocurrió en ocasión de robo.
El sistema y sus fallas
¿Sirve denunciar el abuso? Los números de la UFEP, con un 13% de reincidentes, se aminoran en las estadísticas del Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo de Juan José Baric. Los delincuentes contra la integridad sexual son 4.041 hasta el momento, un 11% del total de los internos provinciales; solo un 6% está allí por una segunda pena, el 36% del total preso por violación.
El abuso sexual y la violación en la Argentina, al ser un delito de instancia privada, implica una de las mayores cifras negras criminales del país, con una cantidad inestimable de delitos no denunciados. Denunciar es clave, la única chance para que el abusador sea investigado y llevado a juicio en la ley argentina.
Pero denunciar no es fácil. Los dispositivos para denunciar abusos y violencia de género, con personal capacitado, especializado y con perspectiva de género, capaces de contener a la víctima, son pocos. La Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema recibió, por ejemplo, la denuncia por doble violación de la ex pareja del fiscal general Julio Castro. Hoy, Castro está procesado por el juez Hernán López con una fuerte investigación interna de la Procuración en paralelo que podría costarle el cargo.
También, la OVD recibió más de 17 mil denuncias de mujeres migrantes desde su creación en 2008. La UFEM, el ala de la Procuración dedicada a delitos de género, fue creada por orden de Alejandra Gils Carbó y es motorizada por la fiscal Mariela Labozzetta, interviene por ejemplo en el caso de abuso ocurrido durante la última toma del Colegio Nacional de Buenos Aires y fue clave en el esclarecimiento del asesinato de la activista trans Diana Sacayán. La DOVIC, también parte de la Procuración, se encarga del acompañamiento y contención de víctimas, desde la denuncia hasta el juicio, sean mayores o menores, junto a sus familias o tutores.
Sin embargo, estos recursos son excepciones en el sistema. Las comisarías suelen ser atmósferas hostiles, los operadores judiciales no suelen estar capacitados, el proceso puede revivir el trauma del abuso, una revictimización.
Malena Derdoy es la titular de la DOVIC. “Dificultades hay muchas”, apunta Derdoy. “El primer gran problema en este delito es que no se les cree a las víctimas. La mayoría de los casos ocurren a puertas cerradas y con el velo de la amenaza. Se nota en casos en donde nos toca acompañar. Cuando hay operadores judiciales comprometidos, con sensibilidad de género, los expedientes avanzan con menores niveles de impunidad. La carencia de atención y falta de credibilidad garantizan la impunidad. La víctima siempre es creíble. Pocos que quieran arruinarle la vida a otro se van a someter a semejante proceso penal. El juez debe valorar la prueba con perspectiva de género”.
Las críticas son más fuertes del lado de Sabrina Cartabia, abogada, investigadora, presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres y miembro del colectivo Ni Una Menos: “El sistema tiene fallas que están a la luz y que las mujeres que lo transitan las sufren. No está preparado para dar la atención que las mujeres necesitan, no hay un reflejo presupuestario, no se contiene el flujo de denuncias. Hay fiscalías especializadas en la provincia, pero con personas que demostraron no tener idoneidad; las facultades de derecho no incorporan estas cuestiones. No hay políticas públicas formativas para investigar sin revictimizar. Hay estándares internacionales, Argentina firmó tratados al respecto. Los jueces no se preocupan por seguir las medidas. Se trata de los derechos de la mitad de la población o más”, asevera Cartabia.
Pocos podrían cuestionar la perspectiva de género de Mónica Cuñarro, fiscal general, profesora de derecho penal en la UBA y licenciada en administración de Justicia. El atraso en la materia, tal como dice Cartabia y según Cuñarro, es nacional. “Hay un crecimiento de las violaciones seguidas de muerte por el solo hecho de que la víctima sea mujer. En la mayor parte de las jurisdicciones del país la performance de la Justicia más allá de la ciudad de Buenos Aires, que es la única con condenas por femicidio, sigue sin receptar la figura legal, no hay imputaciones por parte de los fiscales. Al contrario de Alejandra Gils Carbó, el procurador de la provincia de Buenos Aires sí puede dar instrucciones a sus funcionarios al respecto. Las denuncias han crecido, sin dudas, las mujeres de todas las edades se animan a contarlo, en sus páginas de Facebook. No saben que tienen todos los mecanismos que ofrece la ciudad de Buenos Aires, como las fiscalías, la OVD, la DOVIC y la UFEM, que no se replican en el resto del país. Hay que enseñar a los varones a respetar, integrar esto a las escuelas, dar clases de respeto de género”.