Lo que ocurre por estas horas en la administración pública provincial podrían ser los “últimos coletazos” de un sistema corrompido desde la cabeza (Alicia Kirchner) y que por años constituyó un enorme problema: un “Estado elefantiásico”, ineficiente y utilizado como herramienta de control político hacia los empleados públicos.
En una provincia, en donde casi el 80 % del Presupuesto se va en cuestiones de funcionamiento burocrático – admitido por la misma gobernadora cuando anticipó la herencia que le dejaría al gobernador electo Claudio Vidal- seguir sumando personal en las áreas más diversas, pasar a planta a contratados, o modificar estructuras gubernamentales por Decreto para “acomodar” funcionarios; más que malas decisiones admirativas, o mala fe, podría traducirse como un intento de “sabotaje” a la gestión entrante.
Es que la cantidad de personal que está ingresando al Estado o que está cambiando de categoría (siempre subiendo) o simplemente “blanqueando” sus cargos para cobrar sueldos retroactivos es inusual, y mucho más durante una transición.
Los nombramientos no sólo se dan en la denominada Administración Central; sino que hay ingresos “por goteo” en la mayoría de los Ministerios y entes de gobierno; incluidas áreas de seguridad, la policía y el servicio penitenciario donde se registran ingresos ya sea en Río Gallegos, o El Calafate; incluido el hijo de un Comisario; o amigos, familiares o simplemente “militantes” de la última campaña electoral.

Sobre población, en todas las áreas

Sólo en el mes de octubre se registró la publicación de 14 ediciones del Boletín Oficial, un promedio similar en agosto y septiembre; algo poco frecuente. Repasando superficialmente las publicaciones se puede comprobar la enorme cantidad de “instrumentos legales” donde se modifican las plantas de personal e incluso se crean nuevas Secretarías y áreas, con retroactividad a agosto, es decir el mes en la que el oficialismo perdió las elecciones.
Por otra parte, recientemente el vice gobernador electo Fabián Leguizamón denunció maniobras similares en la Legislatura donde mediante el cruce de datos se comprobó dobles nombramientos, designación de familiares y hasta cargos ocupados por personas que no viven en Santa Cruz.
La información fue dada a conocer por Leguizamón quien no dudó en señalar la “impunidad” con la que se manejaron y definió lo ocurrido en la Legislatura como un “verdadero club de amigos del poder”, en referencia a quienes “obtienen privilegios en la función pública” provincial.
“El Vicegobernador Eugenio Quiroga y la Prosecretaria de la Cámara de Diputados Alejandra Retamozo, en connivencia con algunos Diputados oficialistas y de la Oposición están superpoblando de empleados a la legislatura con personal que ocupaban cargos políticos sin estabilidad”, afirmó en sus redes sociales el vice gobernador electo y sentenció: “Vamos a retrotraer todas estas medidas irresponsables ante la falta de visión y la mala intención de los descontextualizados Diputados mandato cumplido, en una provincia que tiene el 40 % de pobres”. Al respecto confirmó que en el mes de diciembre se mostrará “toda documentación con nombres y apellidos”.
Y obviamente también en el sistema judicial se comprueba esta situación; aunque estos últimos fueron puestos bajo la lupa y ahora el Tribunal Superior de Justicia deberá explicar cada uno de los nombramientos.
En este caso, todo se derivó de una presentación del gremio de los Judiciales, que tras insistir por la vía administrativa, presentaron un Amparo en la Justicia. Lo que se pretendía era exponer las ingresos “irregulares” en el Poder Judicial; algo que finalmente se conocerá luego de que el Juzgado Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de minería Secretaria N°1, a cargo del Dr Francisco Marinkovic considerará admisible el Amparo.