Chile acaba de firmar un acuerdo con la UE. Centroamérica y la Comunidad Andina lo hicieron hace diez años. ¿Quién, cuándo, cómo se evalúa su impacto en la gente?

 «Se intentaba terminar este año con la firma de los tres acuerdos pendientes, con Mercosur, México y Chile. La culmina con la de Chile», dice a DW Marita González, integrante del Foro Consultivo Económico Social de Mercosur. Marita González, de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, pone en duda la bondad de estos acuerdos, tal como están planteados. El del Mercosur, cuya firma se preveía para este mes de diciembre, ha quedado en vilo por los cambios gubernamentales.

«Si se aceleran las condiciones, con los cuatro parlamentos del Mercosur por el momento a favor, deberá firmarse hasta marzo. Luego, los cambios en la Unión Europea, volverían a dejarlo en suspenso», dice González, favorable al acuerdo de asociación, pero partidaria de reabrirlo para mejorarlo. Su postura, en cuanto a participación social, se basa en la experiencia recogida en los otros acuerdos entre Europa y América Latina.

¿Por qué el escepticismo? Básicamente, porque los acuerdos de «nueva generación» que viene firmando la Unión Europea desde hace doce años, prevén una inclusión de control de la sociedad civil que, en la práctica, no se da.

Como fuere, según Valdis Dombrovskis, comisario de Comercio y Diálogo Social, este acuerdo con Chile es un hito en cuanto a transición energética, materias primas e inclusión de diálogo con sociedad civil. 

Cabe recordar que los acuerdos comerciales de la Unión Europea ponen como bandera -en contraposición a los firmados con otros inversionistas y otras potencias- el respeto a los derechos humanos, los ambientales y los sindicales.

No obstante, existe la experiencia con el acuerdo de Centroamérica (2012) y con el Acuerdo con Colombia, Ecuador y Perú (2013). Los casos de poblaciones que se ven desplazadas por las inversiones agrícolas o afectadas por las explotaciones mineras, donde las condiciones laborales no son adecuadas, se acumulan. En el papel, los acuerdos tienen un instrumento de control: un consejo consultivo birregional.

El organismo de control

El flamante renovado acuerdo con Chile escribe con mayúscula la participación y el control de la sociedad en las inversiones que promueven estos acuerdos. ¿Cómo se va a llevar a cabo el control? Con los «Domestic Advisory Group», Grupos consultivos (DAG) que los tratados prevén. La UE se reúne con representantes del país, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y se evalúa cómo se va cumpliendo con las metas económicas y sociales del acuerdo.

Suena bien en el texto, ¿pero en la práctica? Un estudio de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de noviembre de 2020, analiza los DAG y ejemplifica con el caso de Perú. Los nocivos impactos de la liberalización del comercio y la inversión no llegaban al DAG. Entonces se formó uno a la sombra -que recogía las demandas de las poblaciones afectadas-, desautorizado por el gobierno del Perú.

«Este instrumento, como está planteado, es solamente una manera de lavarse la cara, de la Unión Europea y de los países», afirma Marita González. «Se convoca a organizaciones de la sociedad civil afines a la UE y a aquellas seleccionadas por los gobiernos. A estas les falta el músculo», agrega. A este respecto, el estudio de la FES establece cuatro niveles para los DAG que están en marcha: desde los que son puro protocolo hasta los que tendrían verdadera influencia.

«Hasta este momento, lo que se está dando es un nivel dos, un puro intercambio de información», afirma Marita González, también catedrática de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el Foro Consultivo Económico Social del Mercosur, la especialista argentina propone, «un seguimiento con los representantes sindicales con conocimientos específicos para todas las líneas de productos -del plástico a la metalurgia».

Con un acuerdo con Chile por ratificar y los de Mercosur y México en ascuas, la especialista del Mercosur advierte: «En la carta inicial de intención de 1999 se hablaba de un comité mixto de seguimiento que recogiera quejas, violaciones a los derechos humanos. Ahora, básicamente, la UE decide quién es el interlocutor. Si hay quejas, la pelota se lanza al otro».