El proyecto otorga superpoderes al jefe del Estado y apuesta por la mano dura en cuestiones de seguridad

Nunca un presidente argentino tuvo tan poco poder parlamentario, pero nunca, tampoco, mostró la audacia extrema que está exhibiendo Javier Milei: el establishment político se sacudió en la noche de este miércoles con la presentación de un mega proyecto de ley que apunta a convertir al país en la nación más liberal de América Latina, otorga superpoderes al jefe de Estado y apuesta por la mano dura en cuestiones de seguridad.

El proyecto, denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, consta de 664 artículos repartidos en 351 páginas. El pomposo nombre juega con las “Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina” que el liberal Juan Bautista Alberdi escribió en la primera mitad del siglo XIX, y que sirvió de sustrato ideológico para la Constitución Nacional de 1853/1860, reformada en 1994.

Guillermo Francos, el ministro del Interior, fue en persona al Congreso a entregarle al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el voluminoso proyecto, guardado en una caja de madera con los colores nacionales.

La pregunta que se hacían millones de argentinos horas después de conocerse la noticia era si Milei realmente pretende concretar todo lo que propone o simplemente fue más lejos de lo imaginable para negociar. No hay que olvidar que cuenta con 38 diputados de 257 y siete senadores de 72.

“Milei aspira a una importante concentración de poder para desregular la economía, administrar los bienes del Estado, reformular como una hoja en blanco el sistema electoral, modificar alícuotas de impuestos, enfrentar a las protestas con una dureza nunca conocida en democracia e intervenir en infinidad de aspectos de la vida cotidiana de los argentinos (…). Es el esbozo de un proyecto institucional que se sostiene en la idea de que solo el presidente encarna la voluntad popular”, señala el analista Martín Rodríguez Yebra en La Nación.

“El set de medidas incluidas en el paquete normativo se asienta en una verdadera ‘guerra cultural’: es el péndulo que vuelve con fuerza después de 20 años en los que el estatismo de rasgos autoritarios estableció la fisonomía del deber ser nacional”, añade.

Lo asombroso es que Milei está jugando claramente a un “todo o nada”. Si en la asunción del 10 de diciembre ni siquiera le dirigió una palabra a la Asamblea Legislativa, a la que mandó permanecer en sus asientos mediante un locutor mientras él hablaba a una multitud desde las escalinatas del Congreso, en la noche del martes dijo que aquellos parlamentarios que quieren frenar sus proyectos cobran “coimas”, dinero negro para negociar leyes.

No hay antecedentes en los 40 años de democracia argentina de semejante destrato al Parlamento en los inicios de un gobierno. Milei ha contado con la buena voluntad de casi toda la oposición no peronista, que permitió que las autoridades de ambas Cámaras fueran de La Libertad Avanza (LLA), pese a su clara minoría. Incluso la Unión Cívica Radical (UCR), un histórico partido de gobierno, socialdemócrata, le ofrece opciones al presidente, pese a estar en las antípodas en muchos temas y a haber sido criticada sin piedad por Milei durante la campaña.

Un sector del PRO, del ex presidente Mauricio Macri, sigue sin dudar las propuestas de Milei, en tanto que el ala más moderada mira con alarma los pasos del presidente, que la semana pasada ya firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica aspectos esenciales de la vida nacional.

Milei, convencido de que el estatismo arruinó a la prometedora Argentina de principios del siglo XX, está cumpliendo buena parte de sus promesas de campaña, aunque su deseo de bajar impuestos deberá esperar a mejores condiciones económicas, ya que la herencia del gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, es de niveles aterradores.

Los superpoderes de Milei se despliegan en el primer capítulo de la “ley omnibus”, en el que se declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, con la opción de prorrogar esa emergencia por un máximo de dos años más.

Desaparecen el Instituto Nacional Antidiscriminación (Inadi), el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto del Teatro, se decide la privatización de 41 empresas públicas, desde Aerolíneas Argentinas e YPF hasta la mismísima Casa de Moneda y el Banco Nación, y se simplifican los trámites para el divorcio, a tal punto que no se necesitará un abogado ni un juez.

Se anulan las elecciones primarias previas a las presidenciales, se establece un sistema de boleta única y circunscripciones uninominales, se legaliza la reventa de entradas para espectáculos deportivos y se establece un arancel en la educación pública universitaria para los extranjeros sin residencia, que hasta ahora no pagaban.

Se establece también con más claridad y con penas agravadas el delito de cortar calles y se exige que quien quiera manifestarse en las calles notifique al Ministerio de Seguridad con 48 horas de anticipación. Se agravan también las sanciones por resistencia a la autoridad y se amplían los supuestos de legitima defensa ante un delincuente.

Se propone también un blanqueo de capitales, una moratoria impositva y el Estado renuncia a regular los precios del combustible, gas y petróleo. En Educación, se instaura un sistema de evaluación general en el último año de la escuela secundaria.

El paquete de reformas es de tal profundidad, que en la noche del miércoles medios cercanos al kirchnerismo insistieron en la deriva autoritaria de Milei y su supuesto deseo de gobernar como un emperador.

Más moderada, La Nación también marcó un alerta: “Lo que se vislumbra en el horizonte es un tiempo verdaderamente nuevo, marcado por la audacia de un hombre de avasallante vocación transformadora y la incógnita de una oposición balcanizada a la que se le ofrece una llave para cerrar desde adentro las puertas del Congreso”.