Ministros del Gabinete del ultraderechista reconocen “errores” en el texto y aseguran que retirarán artículos polémicos para tratar de aprobar la ley que desmantela el Estado

El Gobierno de Javier Milei, que tanto rehúye de la política tradicional, necesita conciliar con ella para sacar adelante su ley de reforma del Estado, un mamotreto de más de 600 artículos que cambia de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El partido del ultraderechista, La Libertad Avanza, está en minoría en el Parlamento y requiere del apoyo de una parte de las cámaras legislativas para avanzar con sus medidas. Aunque un sector del Gabinete se mostró intransigente, algunos ministros han reconocido “errores” en la redacción del texto y han empezado a ceder durante el debate del proyecto en comisiones, que arrancó esta semana. La eliminación de un artículo que controla reuniones de más de tres personas o la renuncia a que el Ejecutivo concentre gran poder por hasta cuatro años son algunos de los puntos a revisar.

El tratamiento de la iniciativa empezó el martes en un plenario de tres comisiones y se extendió hasta la madrugada de este viernes —se reanudará la próxima semana—. “Algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados”, reconoció Guillermo Francos, ministro del Interior, después escuchar las críticas expresadas desde todas las bancadas. Francos defendió el contenido de la iniciativa y aseguró que él y su equipo evaluarán las “inquietudes” de los legisladores para que la ley avance y pueda ser votada en el recinto. La Libertad Avanza espera aprobar la ley en el Congreso antes de fin de mes, cuando se cumple el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por Milei para ese fin. El Gobierno cree que estas y otras medidas son “absolutamente necesarias” para que Argentina, que cerró el 2023 con una inflación del 211,4%, salga de la “decadencia”.

El presidente argentino ha arremetido contra el Congreso para presionar en la aprobación de la ley; ha acusado de corruptos a los legisladores, que para él son parte de “la casta”, y les ha dicho que, si no están “a favor de la libertad”, apoyan un “modelo empobrecedor”. En las comisiones, sin embargo, ha habido señales de negociación. A las concesiones de Francos, se sumaron las de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que se comprometió a eliminar el artículo 331 de la ley, que plantea la obligación de pedir permiso al Gobierno para “la congregación intencional y temporal de tres o más personas” en el espacio público. “Denlo por retirado”, zanjó sobre uno de los más controvertidos del proyecto. También la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, aseguró que se quitará un cambio en la Ley de Bosques que causó controversia: “Se incluyó por error”.

El Gabinete, además, recogió las críticas a la primera parte del proyecto, que declara en “emergencia pública” al país y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años —prorrogables a cuatro—. “Parecen muchas delegaciones, pero se ha tratado de ser preciso en la facultad que se están delegando. No se trata de que sea un cheque en blanco, ni se está pretendiendo cerrar el Congreso”, aclaró Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, en su intervención. En la oposición, proponen que la delegación sea de solo un año, prorrogable otro más, pero pasando por el Congreso.

La iniciativa tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos; también plantean el cierre y desfinanciamiento de organismos de la cultura o la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria y facilitan la privatización de empresas estatales. Muchos de estos puntos han puesto en alerta a diferentes sectores y han convocado a parte de la ciudadanía a la calle, donde las movilizaciones y cacerolazos se hacen oír. Diferentes analistas han señalado que al enviar al Congreso un proyecto de ley tan inabarcable —que se suma, a su vez, a un megadecreto de más de 300 puntos— el Gobierno contaba con que solo una parte de las medidas, el núcleo de la norma, pasaría.

“Tenemos que discutir entre lo necesario y lo oportuno, y ver cuáles son los aspectos de la ley en los que podemos avanzar, si es que no conseguimos apoyo en los distintos ámbitos”, aseguró Francos durante su intervención. El ministro del Interior había ya dado señales de flexibilidad mientras el portavoz presidencial, Manuel Adorni, repetía en las conferencias de prensa matutinas que el contenido de la iniciativa “no se negocia”. Francos, un político tradicional y moderado, se estuvo reuniendo las últimas semanas con gobernadores para escuchar sus reparos y se mostró dispuesto a “clarificar algunos puntos”. Aun así, el ministro aseguró que ve “un apoyo muy grande al proyecto”.

Milei también se ha mostrado optimista. “Creemos que va a salir todo”, dijo en una entrevista radial y sugirió, por primera vez, que “puede ser” que la norma “tenga secuencia”. Necesita demostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de conceder 4.700 millones de dólares al país sudamericano, que puede llevar a cabo el ajuste que pretende. El Gobierno presentó, nada más asumir, un decálogo de medidas económicas. Al fuerte ajuste que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ese día se suma un paquete fiscal incluido entre los centenares de artículos del proyecto de ley. El FMI ha respaldado esas medidas. “La nueva Administración ya está implementando un ambicioso plan de estabilización”, celebró Julie Kozack, directora de comunicaciones de la organización financiera, el jueves, según recoge la agencia AP.

Ningún espacio ha aceptado aprobar la ley tal cual está redactada actualmente. El partido de Milei cuenta con 38 de 257 bancas en la Cámara de Diputados y con siete de 72 escaños en el Senado. Para que el proyecto salga adelante, necesitará sumar el apoyo de otras fuerzas. Quienes se han mostrado dispuestos a apoyar la ley son los diputados del PRO, que responden al expresidente conservador Mauricio Macri (37 escaños); los de la Unión Cívica Radical (34), contrapeso histórico del peronismo; los de Hacemos Coalición Federal, un bloque recientemente creado con legisladores del peronismo y del centroderecha (23) y algunos partidos provinciales. La coalición peronista Unión por la Patria (102) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (cinco), en cambio, han rechazado el proyecto y su tratamiento apresurado.