En una presentación judicial se solicita que el Presidente sea citado a declarar para que brinde detalles sobre sus acusaciones.
El caótico tratamiento de la Ley Ómnibus sumó dos nuevas presentaciones judiciales, una para que se investigue la denuncia de Javier Milei sobre supuestas «valijas» y otra para que se declare la nulidad del dictamen por las modificaciones que habría recibido luego de su firma y por las sospechas que planteó el Presidente.
La primera de las presentaciones -a las que LPO accedió en exclusiva- es una denuncia penal para que se investiguen las declaraciones de Milei por la posible existencia del delito de cohecho, es decir sobornos.
Milei dijo el fin de semana que con la eliminación del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus se cortó la posibilidad de negociaciones ilícitas. «Ahora no van a poder discutir los famosos artículos en particular, que es por donde operan las valijas de las coimas», le dijo el presidente a El Observador. «Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros. Hay decenas. Los del tabaco. Los del biodiesel. Los del aceite. Tenemos identificada, en especial, a una aceitera, la gran lobista de las retenciones», agregó.
La abogada Valeria Carreras, que había denunciado la presunta modificación del dictamen, realizó una presentación en Comodoro Py para que se investigue la denuncia de Milei y como principal medida se solicita que el Presidente sea citado a declarar para que amplíe sus declaraciones.
Al respecto solicita que se le requiera a Milei que identifique a las empresas que habrían puesto «valijas» y a los supuestos «valijeros», y también si tiene conocimiento de quiénes serían los diputados que las habrían recibido.
Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros. Hay decenas. Los del tabaco. Los del biodiesel. Los del aceite. Tenemos identificada, en especial, a una aceitera, la gran lobista de las retenciones
La abogada también presentó una cautelar en el fuero contencioso administrativo para que se declare la nulidad del dictamen de la Ley Ómnibus aprobado por el plenario de comisiones por «vicios insalvables» y, en consecuencia, se impida que la Cámara de Diputados trate ese texto. La cautelar recayó en el juzgado contencioso n°7 a cargo del magistrado Eduardo Lara Correa.
La presentación está fundada por un lado en las presuntas irregularidades en la firma del dictamen, que algunos diputados aseguran que fue a una hoja «en blanco», y posteriores modificaciones que habría sufrido el texto durante una cumbre en un departamento de Recoleta. Por otro lado, el pedido se basa en las denuncias de Milei sobre las «valijas» que lo habrían llevado a retirar una parte central de la ley.