30 años después del ataque, ninguno de los responsables del atentado fue arrestado ni juzgado y los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia. Gran parte de la clase política argentina que tuvo representación institucional entonces, e incluso muchos de los que la tienen ahora, deberían sentir verguenza.
Las irregularidades de la investigación, las dificultades para encontrar la verdad y las constantes trabas que llenaron de impunidad todo lo relacionado con el atentado, exponen el grado de deterioro de nuestra calidad institucional y jaquean la Democracia. Las maniobras de encubrimiento se acreditaron en un juicio impulsado principalmente por Memoria Activa y por las cuales fueron condenados el ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros.
El poder de entonces y el de ahora, son cómplices de la ausencia de Justicia.
Seremos un país grande y justo, sólo cuando honremos a los 85 compatriotas que perdieron su vida sin ningún grado de involucramiento o participación de conflicto alguno; víctimas inocentes que nos interpelan cada día.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó hace un mes al Estado Argentino por su responsabilidad en no prevenir el ataque, no cuidar el derecho a la vida de las víctimas y obstaculizar el camino a la verdad sobre lo que ocurrió. Pero en este caso, el Estado argentino no somos todos.
NO SOMOS TODOS LO MISMO.
Deberán pagar, alguna vez, ante la justicia del hombre y, sin ninguna duda, ante la justicia de Dios; todos aquellos que por acción u omisión hayan permitido llegar hasta donde llegamos: a 30 años de impunidad y vergüenza…