En las últimas horas se conoció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales firmó los acuerdos para la concesión de áreas maduras en las provincias de Chubut, Neuquen y Mendoza, en donde abandona sus operaciones; mientras que aun está pendiente la resolución de este tema con la Santa Cruz. Ocurre que esta provincia rechazaría que unilateralmente sea YPF quien defina a que empresas concede las áreas y negocia unilateralmente dejando afuera a la administración provincial de las decisiones de fondo.
En este contexto, el gobierno santacruceño ya había planteado que tras la decisión de YPF de abandonar los yacimientos denominados “maduros” – para concentrar sus actividades e inversiones en las áreas “no convencionales” principalmente Vaca Muerta – era necesario que la empresa genera las condiciones necesarias para una “salida ordenada” y que no impactara de manera negativa en las comunidades en donde estaba operaba.
El reclamo apuntaba directamente a la “responsabilidad” de YPF para continuar con la productividad – no bajar equipos como vendría haciendo sistemáticamente- hacerse cargo de los pasivos ambientales y dejar en manos de la administración provincial la decisión de a que empresas se concedían las nuevas áreas.

Una retirada silenciosa

En principio, YPF que se había mostrado abierta a esta negociación, llevó a cabo una evidente “retirada “silenciosa”, que afectó directamente a la producción bajando de manera significativa la producción de hidrocarburos en la zona norte de Santa Cruz y por ende, afectando negativamente los ingresos por regalías que debería percibir la provincia.
A esto se sumó que la operadora nacional concentró todos sus intereses a futuro en las inversiones para Vaca Muerta y se apresuró a “cerrar” acuerdos con el resto de las provincias que englobaba el “proyecto Andes”. Este portafolio de negocios incluye un total de 35 áreas maduras y mediante este plan de “desprendimiento”, la compañía apunta a quedarse con los activos más productivos y enfocarse en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, en la refinación de combustibles, en el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y en energías renovables con YPF Luz. Además, según había afirmado el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, la operación le daría a la empresa una liquidez de US$800 millones.
El lunes pasado por la noche finalmente YPF anunció los acuerdos por los que virtualmente se fue de Chubut, Neuquen y Mendoza; y en el marco del anuncio aclaró que se esperaba que en las próximas horas avancen las negociaciones por los bloques convencionales que aún continúan a la venta y forman parte del proyecto “Andes”; es decir los yacimientos de Santa Cruz.

Según explicó YPF en un comunicado “luego de finalizado el proceso de “due dilligence”, y en los plazos establecidos, se anuncia la firma de los primeros seis acuerdos para la venta de 15 áreas convencionales agrupadas en 6 clústeres en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut”. Estos acuerdos incluirían la cesión a la operadora Velitec del área Señal Picada/Punta Barda ubicada en las provincias de Río Negro y Neuquén.
En la provincia de Chubut, la compañía PECOM continuará con el desarrollo de las áreas Escalante – El Trébol y Campamento Central – Cañadón Perdido. En tanto, YPF acordó con las operadoras Bentia Energy e Ingeniería Sima, la cesión de las cuatro áreas que comprenden el clúster de Neuquén Norte. Otras de las provincias alcanzadas es Mendoza que firmó el lunes la cesión del clúster Mendoza Norte con la empresa Petróleos Sudamericanos y las dos áreas de Llancanelo con la firma PCR.

Una provincia “petrolera”

La actitud del gobierno de Santa Cruz, calificado como “díscolo” por el directorio de YPF, no solo es razonable sino que se hubiera esperado una postura similar al menos de Chubut; en defensa de loa intereses provinciales. Esto es porque la decisión y las condiciones fueron impuestas por la petrolera nacional y además fue esta la que definió a los nuevos adjudicatarios.
Al respecto, el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, había sido claro y había puesto sobre la mesa el interés de que sea la administración provincial (como “dueña” de recurso) quien defina quien reemplazaría a YPF en las operaciones. Concretamente, Vidal había planteado que YPF devuelva las áreas a la provincia, para que sea Fomicruz SE, la empresa estatal de minería la que administre las áreas maduras. También exigió que por contrato, al finalizar el plazo de explotación, YPF debería hacer trabajos de remediación ambiental dado el estado en el que la operadora pretende abandonar el territorio santacruceño afectado por las operaciones. Son años de impacto ambiental, en muchos casos irreversibles y en otros cuyo saneamiento tendrían un costo elevadísimo que YPF pretende dejar como “pasivo” ambiental a la provincia.
Luego esta también el impacto social que un acuerdo debería tener en cuenta como la conservación de fuentes de trabajo, garantizar el pago de los impuestos y generar regalías.
Vale señalar que las “áreas maduras” – en la jerga petrolera son llamadas técnicamente clusters – fueron en su momento las mas productivas en manos de YPF; pero con el inicio y el desarrollo de los proyectos no convencionales en Vaca Muerta, además de las exploración Ofs shore, la operadda nacional cambió sus intereses y definió que sus inversiones se dirigirían en ese sentido. Ahora Santa Cruz “pelea” para que la retirada de la operadora sea una solución y no un problema; además de generar otro perfil productivo a Santa Cruz pasando de ser una provincia con petróleo, a ser una provincia petrolera.