Dos menores identificados y puestos a disposición de la Justicia, elementos secuestrados de interés para la investigación de la causa y algunas certezas sobre el móvil de los incendios intencionales, son algunos de los puntos clave que habrían derivado de los allanamientos realizados ayer en la ciudad de Río Gallegos.
Vale recordar que el hecho ocurrió el pasado 16 de julio en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social en donde se almacenaba mercaderías y elementos destinados políticas sociales y asistencia a la comunidad.
Ese día, horas después de los siniestros que causaron estragos en los galpones, peritos de la unidad de bomberos pudieron determinar que se trataba de un incendio intencional.
A partir de allí se tejieron todo tipo de especulaciones pero la hipótesis de un “atentado” para generar conmoción social y complicaciones a la gestión provincial comenzó a tomar fuerza. El contexto de social con parte de la población con necesidades de asistencia publica, la creciente ola de frió que se cernía sobre el territorio provincial y un silencioso pero constante escenario de conflictividad planteado por algunos sectores políticos y sociales, generaban sospechas sobre la autoría intelectual del atentado contra la gestión provincial.
Pero alejado de estas especulaciones y teorías conspirativas, los investigadores avanzaron en varias líneas de acción entre ellas la búsqueda de pistas en el lugar del hecho, el registro de cámaras de seguridad y otras diligencias ordenadas por la Justicia. Se trató de una tarea compleja, ya que si bien los depósitos pertenecían a la provincia, gran parte de los elementos allí almacenados habían sido provistos por el Ministerio de Capital Humano de Nación. De allí en mas, las pesquisas fueron exhaustivas y se llevaron en total hermetismo. Un detalle solo, un día antes de los allanamientos, ni fuentes judiciales ni policiales daban algun pormenor y no permitían que se filtrara ningún detalle. De este modo, el miércoles 7 de agosto a primera hora de la mañana se concretaron los allanamientos que pareciera que esclarecerán los atentados.
Tres operativos
Fueron tres los allanamientos en barrios de la capital provincial:
A las 07:00 horas se dio inicio al operativo ordenado por el Juzgado Federal a cargo del Juez Marcelo Vázquez, donde las divisiones de Investigación y Comisaría Sexta, en simultáneo concurrieron a los domicilios del barrio Evita: se trató de dos viviendas sobre calle Ginastera al 1700 y el restante en calle William esquina Balbín.
La diligencia policial la solicitó el fiscal Julio Zárate y según trascendió en una de las casas de calle Ginastera se habría hallado a los autores materiales del hecho, la DDI indicó que serían dos menores de edad los vinculados al incendio.
Aunque no se dieron mayores precisiones, se sabe que en el lugar se secuestraron al menos dos aparatos de telefonía celular, indumentaria y otras pertenencias de los presuntos involucrados. Además se supo que en uno de los domicilios allanados, efectivos de la división Canes y Criminalística se hallaron sustancias que dieron positivo de estupefacientes; por lo que se solicito la presencia de la División Narcocriminalidad.
En cuanto a los individuos, se confirmó que se trata de dos menores de edad, quienes no fueron detenidos, pero si identificados y puestos a disposición de la Justicia, para lo cual tomó intervención la Defensoría del Menor y el Ministerio Pupilar y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos”.
En este contexto, el fiscal dialogó con algunos medios locales y calificó a los menores como “posibles involucrados”; que habrían sido identificados por los videos que el gobierno provincial aportó como elementos a investigar cuando realizó la denuncia del atentado. Vale recordar que estos operativos tuvieron origen en la denuncia realizada por el ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela quien llevó adelante la denuncia penal ante Juzgado Federal aportando pruebas fílmicas y pericias que confirmaban que se trataba de un incendio de carácter intencional.
En tato, en el despliegue policial de ayer se hizo presente el Subjefe de Policía Comisario General, Luis Bordón junto al titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos; asimismo la labor fue supervisada por el Director de Zona Sur de Investigaciones, Comisario Mayor Luis Poblete y el Director General de investigaciones, Comisario Mayor Javier Tolaba.
Línea de investigación
Ahora la investigación seguirá su curso en base a las pruebas recogidas y no se descarta que se convoque a posibles testigos que aporten datos sobre la actividad de los presuntos involucrados en la jornada de incendio.
Por otra parte, la justicia Federal espera un informa del Ministerio de Capital Humano para que se determine si los elementos y mercaderías destruidas estaban aun bajo la jurisdicción nacional. De ser así, el expediente continuaría en el fuero Federal; de lo contrario las actuaciones pasarían a la orbita de la Justicia Provincial. No obstante, el fiscal actuante confirmó que todavía habrá una batería de medidas judiciales para avanzar en la línea de investigación que llevó a los últimos operativos.
Los elementos que inicialmente se habían recolectado una vez controlado y extinto el fuego en los galpones, daban una idea de lo ocurrido. Las cámaras de seguridad del predio mostraban el ingreso furtivo de al menos dos personas en las adyacencias del galpón. Esta acción sospechosa tuvo lugar apenas minutos antes del inicio del incendio. A esta primera presunción, se sumó luego el peritaje de los bomberos que habrían confirmado un “foco ígneo” intencional, con elementos combustibles y una preparación previa a la deflagración. Funcionarios que recorrieron posteriormente el área afectada, coincidieron en calificar el hecho como “un acto de sabotaje claramente intencional”, pero el caso quedó en manos de la justicia Federal, que recibió los elementos aportados en el momento. Desde ese momento se aclaró que “no se descartaba ninguna hipótesis”. Días posteriores se habría sumado el seguimiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona del hecho y otras que habrían permitido establecer un recorrido de los presuntos autores.
Ayer, Bordón confirmó: “nuestra policía, a través de la DDI, realizó el relevamiento de distintas cámaras en la ciudad, siguiendo el rastro de las personas que estuvieron en el ilícitos hasta llegar acá donde nos encontramos”, dijo con relación al lugar de los allanamientos. Más aun, el funcionario policial no dudo en afirmar que se había apresado a los responsables del hecho. Por suerte hemos llegado a buen puerto y demuestra la efectividad de nuestra policía”, sentenció.
Motivos y autoría intelectual
De este modo, los investigadores tendrían confirmada al menos la participación de los dos menores, pero la justicia deberá avanzar ahora sobre el motivo del delito y la posible autoría intelectual del atentado. Es que el caso excedió lo “policial” y tiene un evidente trasfondo político, ya que lejos de haber habido prudencia, muchos dirigentes de la oposición o dudaron en dar declaraciones que parecían mas buscar una justificación al hecho generando confusión, amplificado por algunos medios y redes sociales afines. Este es el caso del diputado de Río Turbio, Carlos Godoy, quien afirmó temerariamente que el atentado había sido una acción originada en una “interna” del oficialismo que buscaba “sacar” a la Ministro de Desarrollo Social, Jazmín Macchiavelli.
Por su parte, en redes sociales el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón le contestó a Godoy con un contundente repudio a sus dichos.
“Irresponsable, mentiroso y por sobre todo un irrespetuoso. Realmente vivimos un grave acto criminal llevado a cabo por delincuentes que solo buscan provocar un enorme daño, y escuchar a este hombre que solo sabe fabular y mentir como única herramienta para hacer política, es lamentable. Mejor póngase a trabajar en proyectos de ley porque sabemos que no es muy afín al trabajo legislativo”, sentenció Leguizamón.
Esta pelea dialéctica tiene su origen en que, apenas se confirmó la intencionalidad del incendio, funcionarios del gobierno no dudaron en apuntar contra la oposición y parte de la dirigencia gremial que estaba propiciando un escenario de conflictividad para desembocar en violencia social. Hay que recordar que por esos días también hubo sabotajes en maquinaria y atentados contra otros organismos públicos.
Más allá de la pirotecnia política; la investigación esta en manos de la Justicia y hay algo que en éste ámbito, seguramente no se podrá determinar: el grado de injerencia que pudo haber tenido algún dirigente político en el estímulo para cometer el hecho. No obstante, cuando se determine el motivo del delito cometido, seguramente quedará en claro el objetivo de atentado.
