Pico Truncado
El pasado 2 de agosto, la concejal Hilda Nahuin realizó una denuncia judicial en la fiscalía del doctor Hubert Matías Parajón, del Juzgado de Instrucción de Pico Truncado por “irregularidades” cometidas en la venta y control de un terreno adjudicado por decreto a empresarios de origen chino.
El miércoles y con orden de la justicia, efectivos de la Seccional Primera realizaron un allanamiento en el sector de Obras Particulares de la municipalidad de Pico Truncado, ubicado en Urquiza y Gregores.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el procedimiento fue ordenado por el doctor Cimini, a cargo del Juzgado de Instrucción en el marco de las investigaciones realizadas por la denuncia realizada por la concejal de esa ciudad.
De este modo, el Juez avanza en la causa y acumula pruebas, tales como las reunidas meses atrás cuando le ordenó a efectivos de la DDI de Pico Truncado, un allanamiento en la municipalidad, en el sector de Tierras. Allí, los efectivos secuestraron expedientes que fueron entregados a la justicia.
La denuncia de Nahuin, involucra al intendente Omar Fernández debido que en su declaración asegura que “a raíz de que el 5 de junio unos vecinos de la localidad se presentaron en mi despacho del Concejo Deliberante aduciendo que la obra ubicada en el predio adjudicada a unos ciudadanos de nacionalidad china con destino al rubro “supermercados” estaba siendo afectada a la construcción de departamentos, por lo que me preguntaron acerca de si tenía conocimiento del tema”, señala el texto de la denuncia.
Expresa además y según consta en el expediente que “le respondí que iba apersonarme en el lugar a fin de constatar la situación, lo que así hice verificando que, efectivamente, en esa zona ubicada entre las calles Irigoyen, Lago Buenos Aires, Roca Oeste y Olindo Miguel Bustos, se erige un predio de 2.500 metros cuadrados con una construcción que, lejos de parecerse a un supermercado se trata de departamentos afectados con destino a vivienda familiar”.
En la declaración en fiscalía informa que presentó material fotográfico, donde se observa la construcción de cinco departamentos con sus respectivos medidores.
En la denuncia aclara que “existe una ordenanza 1674, sancionada el 11 de mayo del 2016 que fue promulgada por el ejecutivo municipal mediante decreto 1354 del 27 de mayo de 2016”.
Asimismo cuestiona que no se está dando cumplimiento a una ordenanza y cuestiona a la Dirección de Obras Particulares a cargo de Rodolfo Baigorria, dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente a cargo del arquitecto Sergio Abad, quien debe controlar e inspeccionar que la obra se ejecute de acuerdo al destino adjudicado en la ordenanza.
Relató ante la fiscalía que “los empresarios Carlos Alberto Torres y Walter Burgos que se dedican a la elaboración de materiales para hormigón, les aseguró que Baigorria dirije la obra tomando gente y comprando los materiales, todo esto con conocimiento del intendente”.
“Vale decir que la persona encargada de fiscalizar e inspeccionar el destino para el cual se adjudicó el terreno mediante ordenanza, no solo permite que el adjudicatario haga lo que quiera, sino que toma intervención dirigiendo el proyecto”, sostiene en sus declaraciones.
Deja constancia en la denuncia en la fiscalía que “Torres me dijo que Baigorria le pagó con un cheque sin fondos que denunció. Esto sucedió el 2 de febrero de este año y el pago era de 82 mil pesos del banco Patagonia de la sucursal de El Calafate. De todo esto tenía y tiene conocimiento el concejal José Luis Campano a raíz de que Burgos me dijo que le avisó lo de Baigorria, a lo que aquel le restó importancia haciendo oídos sordos”, declara.