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Buenos Aires
El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, lamentó hoy la crisis de Carrefour, y consideró que «la situación de baja rentabilidad y en algunos casos de rentabilidad negativa, es un fenómeno que está atravesando al sector supermercadista en general y no sólo los asociados de ASU», que agrupa a las grandes cadenas
Vasco Martínez fue consultado por Télam sobre la situación que atraviesa la cadena Carrefour, que solicitó el procedimiento preventivo de crisis por baja rentabilidad en los últimos años.
El directivo supermercadista señaló que «en recientes conversaciones con dirigentes de la Cámara (CAS) y de la Federación de Supermercados (FASA), también nos manifestaron una situación similar» de baja o negativa rentabilidad.
A su criterio, la baja facturación «obedece a una misma conjunción de factores: altos costos laborales y logísticos y elevada presión tributaria, coexistente con un importante mercado informal».
«Cuando hablo de informalidad no me refiero sólo a la tributaria, sino también a la laboral», remarcó Vasco Martínez.
«La Mesa del Sector comercial convocada por el Gobierno nos abre un vía de solución de la problemática porque al articular a todos los sectores del comercio, no sólo al supermercadismo, e involucrar a diversos organismos del Estado (ministerios de Producción, de Trabajo, Secretaría de Comercio, Banco Central, AFIP) permite unificar y sistematizar los esfuerzos que ya venían haciendo distintas agencias gubernamentales», expresó.

Agenda pendiente
Vasco Martínez señaló que «en la reunión inicial de esa Mesa de Comercio se acordó una agenda concreta de trabajo y ello nos parece sumamente auspicioso. Más allá de eso las cadenas están tratando de adaptarse a las nuevas situaciones que plantea el mercado, con distintas propuestas que priorizan la fidelización del cliente».
Respecto de la irregularidad comercial, dijo que «está presente en muchos segmentos y en nuestra experiencia como consumidores es fácil encontrar indicios de ella: no admisión de medios de pago electrónico, el famoso «sólo efectivo», no emisión o resistencia a emitir un ticket o entrega de pseudo-tickets, incluso negocios con dos cajas registradoras que tienen controladores fiscales con números de CUIT diferentes, algo que no es legalmente posible», describió.
El empresario sostuvo que la irregularidad se presenta también en «comerciantes no bancarizados y aquellos que mueven gran cantidad de efectivo».
«Por eso nosotros consideramos que debe operarse sobre las vías que proveen a esos comercios. También, junto a los comerciantes informales hay sectores que producen las mercaderías que se venden en esos circuitos», manifestó.
«No me refiero a la industria en general, o por lo menos a los proveedores de los supermercados, sino a un sector marginal que vende irregularmente a esos comerciantes informales», indicó Vasco Martínez.
Además, el empresario consideró que «la AFIP, como otras agencias tributarias de algunas provincias, hace tiempo que viene operando activamente controlando la informalidad, pero tanto por razones de inteligencia fiscal como por la magnitud del fenómeno que enfrentan, no suele tener trascendencia pública y resulta difícil a veces ver resultados espectaculares en lo inmediato».
Por otra parte, la política de la AFIP, y eso ha sido expresado públicamente, no busca sacar jugadores del mercado, sino hacerlos cumplir la ley», concluyó el presidente de la ASU.

Buenos Aires
Mineros de Río Turbio instalaron ayer al mediodía una carpa de protesta en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, con el propósito de denunciar el despido de unos 500 trabajadores a raíz del “inminente cierre” del yacimiento ubicado en la provincia de Santa Cruz.
Venimos a Buenos Aires para que el Gobierno nacional entienda que este cierre inminente es un problema muy grave que condena a las comunidades al olvido y nos deja sin trabajo,” explicó ayer a Télam el secretario adjunto de ATE-Río Turbio, Cristian Gordillo.
La carpa permanecerá hasta el próximo viernes frente al Parlamento, desde donde se difundirá la situación de los obreros y la continuidad de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio.
“Venimos de muy lejos para que acá la gente vaya a la carpa y pueda conocer en forma directa nuestra problemática y la real situación” de la empresa, explicó el dirigente sindical.

Usina
Gordillo reclamó en este contexto que “se ponga en marcha la superusina para generar energía destinada a cuatro provincias argentinas”.
“Venimos a Buenos Aires porque queremos coordinar acciones y medidas donde podamos reflejar lo que pasa desde Ledesma hasta Río Turbio, pasando por el hospital Posadas y otros sectores que están luchando, hasta lograr que las centrales obreras se muevan”, advirtió.
El cronograma de actividades de ayer de los mineros de Río Turbio en Buenos Aires se completaba con una conferencia de prensa a partir de las 11 y una marcha de antorchas alrededor de la plaza del Congreso a las 19.
Mañana miércoles, a partir de las 7.30, marcharán desde el Obelisco hasta el Parlamento, junto a otros trabajadores despedidos del Estado nacional.

Cámara
Dos jueces no se pusieron de acuerdo y el tercero que debe desempatar está recusado con la posibilidad de que tenga que intervenir un cuarto. Así está planteado el tablero en la Cámara Federal.
Todo ese ocurre en la causa del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), en la que se investiga la malversación de 264 millones de pesos para la puesta en marcha de la mina de carbón en Río Turbio -Santa Cruz- que nunca se hizo.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido; de Atanasio Pérez Osuna, ex Interventor de YCRT; de Miguel Ángel Larregina, ex coordinador general de YCRT; de Martín Goicoechea, decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional; y de Hugo Sánchez, presidente de la Fundación de la Facultad Regional de Río Gallegos.
Pérez Osuna y Larregina ya están presos en una causa conexa a la de Río Turbio (por las irregularidades en la sesión de fondos públicos para la construcción de una avenida en esa ciudad que nunca se hizo y por la que está procesado el empresario y el ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain) y Baratta estuvo seis meses detenido en la cárcel de Marcos Paz hasta marzo pasado cuando fue libertado por la Cámara Federal que anuló su procesamiento en la causa por las presuntas irregularidades del Gas Natural Licuado porque la acusación se basó en un informe irregular y por el que el perito oficial está acusado de falsedad pericial.

Presos
Para Stornelli deben estar presos en la causa de Río Turbio por el volumen de la maniobra investigada, por los fondos públicos que todavía no se encontraron y por la posibilidad que en libertad entorpezcan la causa.
El juez Luis Rodríguez procesó a los acusados junto a otras 11 personas por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública pero rechazó las detenciones.
El caso llegó a la Sala II de la Cámara Federal. Las defensas pidieron que se revoquen los procesamientos y el fiscal Germán Moldes avaló los pedidos de detención.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que los procesamientos tienen que ser confirmados.
Pero tuvieron distintas posturas sobre las detenciones. Irurzun votó por aceptarlas y Farah por rechazarlas, informaron a Infobae fuentes judiciales. La misma discrepancia habían tenido en octubre pasado sobre el pedido de detención al ex ministro De Vido. Irurzun postuló que el paso por el poder político deja conexiones para interferir una investigación y por lo tanto ese riesgo debe ser neutralizado con la detención
Ante la disidencia fue convocado un juez de la Sala I de la Cámara. Se trata de Leopoldo Bruglia, quien había desempatado sobre el pedido de detención a De Vido. Votó por la prisión preventiva del ex ministro que está preso desde fines de octubre cuando se entregó en los tribunales de Comodoro Py después que la Cámara de Diputados le quitó sus fueros como legislador.
Pero Bruglia fue recusado por la defensa de Baratta. El ex funcionario sostuvo que Bruglia es un juez provisorio y como tal sus decisiones podrían estar condicionadas a los deseos del gobierno de Macri, que es el que debe decidir si lo deja en la Cámara Federal. Baratta ya logró un apartamiento en la causa: la del fiscal Stornelli a quien recusó y su pedido fue aceptado por el juez Rodríguez. El fiscal apeló esa decisión.
Bruglia es juez del Tribunal Oral Federal 4 y llegó a la Cámara Federal en noviembre de 2016 pasado con los votos del macrismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura.
Su traslado definitivo a la Cámara fue aprobado por el Consejo el 15 de marzo pasado.
Eso fue un día antes del fallo de la Cámara sobre López y De Sousa -en el que Bruglia votó porque sigan presos– y después de tener “frezado” durante meses el traslado de Bruglia en el Consejo.
Para que el traslado definitivo de Bruglia queda un último paso que todavía no se dio: la firma de Macri en un decreto.

Recusación
La recusación de Bruglia tiene que ser resuelta por el camarista Farah. Si la rechaza, Bruglia desempata sobre los pedidos de detención. Si la acepta, Bruglia es apartado de la causa y en su lugar interviene Jorge Ballestero, el segundo juez de la Sala I de la Cámara Federal. Farah también tiene que resolver el apartamiento de Stornelli de la causa.
Ballestero y Farah son los jueces apuntados hoy por el macrismo en la Cámara. Fueron quienes liberaron a López y De Sousa y quienes modificaron la acusación del delito administración fraudulenta agravada a retención indebida de tributos en la causa en la que están procesados porque durante tres años no pagaron 8.000 millones de pesos del impuesto al combustible de su empresa “Oil Combustible”.
El oficialismo vio en esa decisión una maniobra para beneficiar a los empresarios.
“El fallo me indignó”, dijo Macri. “Creo que el Presidente fue mal informado. Tiene derecho a dar su opinión, pero tendría que medirse un poco”, le contestó Farah.
Ambos camaristas están siendo investigados por el Consejo. Ballestero por una denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre un posible pago de coimas para fallar en el caso y Farah por una presentación de la Corte Suprema de Justicia para que se determine si fue irregular o no su designación para intervenir en esa causa donde también tuvo que desempatar ante la disidencia de Bruglia y Ballestero