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Las Heras
El acuerdo beneficia a más de 600 trabajadores. Se reclamaba días caídos, paz social y presentismo.
“Logramos algo que todos creían que estaba perdido” señaló Hernán Elorrieta, integrante de Comisión Directiva del gremio liderado por Claudio Vidal.
Luego de la retención de servicios realizada por el Sindicato Petrolero, se logró llegar a un acuerdo con las empresas DLS y San Antonio Internacional, y entrar en conciliación obligatoria.
“Luego de diferentes reuniones llevadas adelante por nuestro Secretario General con las operadoras en Buenos Aires, y nosotros presionando desde acá, logramos algo que todos creían que estaba perdido: recuperar los días del mes de enero, donde se logra pagar tanto la paz social como los cuatro días de trabajo, en DLS y en San Antonio Internacional” manifestó Hernán Elorrieta, integrante de comisión directiva del sindicato petrolero.
“Es un logro importante, y toma relevancia la postura de Claudio Vidal de no firmar las flexibilizaciones. Los otros gremios, al haber firmado las adendas, no pueden reclamar, y quedamos nosotros solos peleando los derechos de los trabajadores con las operadoras” concluyó.

Buenos Aires
qEn el país, el 98% de las personas travestis, transexuales, y transgéneros no tiene un trabajo formal, según se desprende del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados para que se apruebe el cupo laboral del 1 por ciento de los puestos de la administración pública.
El proyecto de ley que fue presentado oficialmente el pasado jueves y que entró a la Cámara baja el último 3 de julio, ya tiene la firma de 40 diputados y diputadas de seis bloques y busca instituir el cupo laboral del 1% de la planta de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
En los fundamentos, entre otros puntos, el proyecto señala que el 98% de las personas trans no tiene un trabajo formal y que esta comunidad se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas del país.

Discriminación
”La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad real de oportunidades y de trato. La mayoría vive en extrema pobreza, privados de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, habiendo sido expulsados desde niños de sus hogares y del ámbito escolar, quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución”, se señaló en la iniciativa.
Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, en diálogo con NA, expresó que “la prostitución es una imposición a nuestro colectivo. La prostitución produce el promedio de vida de 35 años. Con la Ley Nacional Diana Sacayan pensamos romper con tanta muertes y abandono del Estado argentino”.
Tobaldi comentó además que acompaña este proyecto “por la lucha que llevó adelante Diana, siendo que ella fue la primera visionaria y presentó un proyecto de cupo laboral trans travesti en la provincia de Buenos Aires para defender el empleo formal para nuestro colectivo”.

Inclusión
En tanto, la diputada nacional Mónica Macha, impulsora de la ley, dijo a NA que este proyecto significa “retomar el legado de Diana Sacayan, en la búsqueda de más inclusión para uno de los colectivos más postergados”. El proyecto que entró a la Cámara el pasado 3 de julio que implicará una legislación que habilite una política pública para generar instancias de inclusión, para la disputa de Unidad Ciudadana, significa “una medida concreta para que muchas compañeras trans travestis puedan dejar la prostitución”.
La iniciativa presentada en Diputados, tiene el antecedente de la Ley número 14.783, impulsada por la activista travesti Diana Sacayán -que fue asesinada en octubre de 2015- junto con la diputada Karina Nazabal, y que fue aprobada en septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires, pero hasta ahora no está reglamentada.
”Entendemos que es tiempo de presentar esta ley a nivel nacional, ya que a partir de su aprobación en la provincia ha ido marcando un camino por sí sola por la clara necesidad del colectivo travesti-trans. Diana nos marcó una agenda en la lucha por los Derechos de las personas travestis y trans que estamos llevando a delante”, dijo Sasha Sacayán, hermano de Diana y cofundador de MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).

Estadísticas

Según la Primera Encuesta sobre Población Trans en el año 2012 realizada por el INADI y el INDEC, el promedio de vida de las personas trans es de entre 35,5 y 41 años.
De la encuesta participaron 209 personas, de las cuales el 35% dijo que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80% restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales.
Al hacer referencia a estas estadísticas, que forman parte de los fundamentos del proyecto, Alba Rueda, referente de Mujeres Trans Argentina, indicó: “La ley de identidad de género es un reconocimiento a la identidad pero necesita profundizarse en aquellos lugares que hacen a nuestras condiciones de vida, que son justamente las que tienen que ver con nuestra condición de población excluida en el ámbito escolar, familiar, en temas de salud”.
Rueda recalcó que lo que se necesita es que el “Estado nos reconozca” y que “el Estado tiene que generar políticas públicas de inclusión e incorporar una perspectiva diversa a sociedades complejas”.

Buenos Aires
Las empresas industriales se preparan para achicar al máximo las operaciones productivas de sus fábricas y evitar al límite la reducción de sus trabajadores formalizados. Con una crisis del consumo que prevé tener un fuerte impacto en las estadísticas pero que ya sufren en este mes, las alimenticias confirmaron que desactivarán los contratos temporarios y que dejarán sin efecto los proyectos de inversión, al menos, hasta el segundo trimestre del año próximo.
El escenario se puso complejo para todas las líneas de producción, ya sea para las grandes empresas -que tienen acceso al financiamiento internacional y una agilidad en la actividad exportadora- como para las pymes. Por caso, la multinacional Arcor tuvo su peor performance en 67 años de vida: sólo en la primera parte del 2018 perdió casi $3.000 millones. La última vez que tuvo rojo en sus cuentas fue en 2002, en donde había perdido $50 millones.

Rentabilidad
Otro caso es Molinos Río de la Plata, que vio derrumbarse su rentabilidad con un balance negativo en el primer semestre -presentado ante la CNV- de casi $1.100 millones aunque su performance ya había sido negativa el año pasado. Se suma a este escenario Mastellone Hnos., que controla junto a Arcor a La Serenísima- perdió $1.042 millones. Las tres mostraron el punto de la crisis.
Sin embargo, fuentes de las empresas líderes de la alimentación advirtieron que los resultados “aún no muestran el verdadero efecto de la crisis, que ya se están viendo en las fábricas pero que empezarán a verse en estadísticas desde septiembre”. El hundimiento de las grandes empresas se convirtió en una de las referencias para mensurar la situación de las pymes.
Un ejecutivo de primera línea de una de las alimenticias más importantes del país admitió que “las empresas que estaban bien paradas antes de la crisis, ahora entraron en un proceso de incertidumbre por la caída de los negocios”, pero alertó que “esta situación llevó a que las que venían con problemas por la caída del consumo y estaban en problemas, es muy poco probable que puedan superar lo que viene”.
“No es raro que haya cierre de fábricas pymes o ventas a muy bajo precio”, se lamentó uno de los controladores de una firma de peso en las economías regionales. El foco está en los efectos sociales que puede generar la retracción de la economía. Por caso, la reducción de los puestos de trabajo “atenta contra el propio mercado interno”, señalaron fuentes del sector. Los mismos voceros que admitieron: “si mantenemos el mercado laboral, fundimos la fábrica familiar”.

Ajustes
Con una capacidad instalada sin uso récord, las alimenticias confirmaron que luego de reducir las horas extra y llevar al mínimo los salarios de los trabajadores en actividad, el próximo paso es desprenderse -con acuerdos de partes, en los mejores de los casos- de los empleados que mantienen relación de contratos con las empresas. “Es la única forma de mantener a los trabajadores que pertenecen a la fábrica”, confesó una fuente consultada.
De esta manera, las alimenticias que integran la COPAL y que son parte de la UIA confirmaron que las proyecciones de desempleo en el sector son “desalentadoras”. Si bien algunos integrantes de la central fabril desconfiaban de las estimaciones “pesimistas” que indicaban superar el techo de los 100 mil empleos perdidos desde la llegada de la gestión Cambiemos, desde el sector de alimentos y bebidas se lamentaron en confirmar la tendencia. “No hay ninguna medida que cambie el esquema macroeconómico. Por eso todo indica que la crisis laboral será más profunda de lo que se esperaba”, afirmó un ejecutivo de una de las marcas líderes.

En las últimas horas trascendió que la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner se encuentra de viaje y que estaría en Europa, mas precisamente en la ciudad de Viena (Austria). En un articulo publicado por el medio Opinión Ciudadana, firmado por Jorge Boimvaser, se menciona fuentes del Palacio San Martín (Cancillería). “Un viaje misterioso, impensado en medio de la crisis de Santa Cruz y la espada de Damócles apuntando a Cristina y sus hijos” describe el artículo.
Según el mencionado medio, se trata de un viaje que tendría como objetivo pedir el asilo político en ese país para la ex familia presidencial. Mas allá de lo increíble que suene esta supuesta “Operación Viena” los acontecimientos que vive día a día el país, tras la aparición de los cuadernos de las coimas K, y la ola de delatores y arrepentidos, todo parece posible.
Será cuestión que la gobernadora de las explicaciones correspondientes a la ciudadanía en caso de haber realizado el supuesto viaje. Mientras tanto pese a la gravedad del tema hay total hermetismo por parte del gobierno provincial.

Buenos Aires
José “Josesito” López, está dispuesto a hablar y dar los detalles que faltan para que la Justicia logre desentrañar definitivamente la red de corrupción que asoló al país desde el gobierno del kirchnerismo.
El ex “segundo” del Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido ( preso), pidió ser trasladado del penal de Ezeiza dado que “teme por su vida” y para convertirse en un nuevo testigo “arrepentido” en la causa de las coimas.
López, otro de los históricos funcionarios K, que dio sus primeros pasos en el gobierno provincial de Néstor Kirchner, como titular del Insitito de Desarrollo Urbano y Vivienda ( IDUV), y que luego fue el principal operador nacional en las millonarias obras publicas, ahora esta dispuesto a hablar y podría “hundir” el relato que quiso pasar a la historia como la “Década ganada”.
Si López habla, se cae todo, especulan en Santa Cruz quienes conocieron o estuvieron cerca de este personaje clave en la “recaudación” que mandaba a hacer “el Lupo”.
Semanas atrás había intentado convencer a la Justicia que no sabía nada, y que había sido forzado a llevar los bolsos con dinero. Ahora, frente a la realidad que los testimonios de otros arrepentidos no le permiten sostener una coartada creíble, pidió al fiscal Carlos Stornelli, declarar como imputado colaborador. Esto se conocerá hoy.
Vale mencionar que los detalles de anticipó a los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo aún permanecen bajo llave hasta que el pacto quede sellado con el juez Claudio Bonadio.

La maniobra
Las versiones indicaban que López apuntó a su ex jefe, Julio De Vido, y al matrimonio de ex presidentes, Néstor y Cristina Kirchner, sobre cómo se manejaba y distribuía la obra pública desde su área, que encabezó entre 2003 y 2015. También dio detalles sobre cómo se seleccionaban las empresas, algo que era compatible con la información que se había recolectado.
Las empresas se ponían de acuerdo en cómo ofertar ante una licitación y allí decidían quién ganaba. Después, la firma adjudicataria acordaba con los ex funcionarios de Planificación Federal “cómo se pagaba” del 10% al 20% de adelantos financieros, que volvían casi completos a los funcionarios en modo coima

Buenos Aires
En la víspera de la sesión del miércoles en el Senado para tratar los allanamientos a Cristina Kirchner, hoy se realizará una manifestación con el lema “Desafuero y allanamiento a CFK” , a las 19 horas, frente al Congreso de la Nación.
En las redes sociales y los medios de comunicación se difundió la convocatoria denominada como #21A.
Uno de los principales impulsores de la movilización es Ricardo Benedetti, un hombre que trabaja bajo la órbita de Hernán Lombardi, en el Sistema Federal de Medios Públicos.
Benedetti es coordinador de Análisis y Control de Gestión en ese organismo. En sus mensajes para difundir la convocatoria, llamó a los “argentinos de bien” a movilizarse para que se apruebe la ley de extinción de dominio, se habiliten los allanamientos y el desafuero de la senadora Cristina Kirchner.
Si bien quienes convocan a la manifestación lo definen como un reclamo ciudadano”, la iniciativa se expandió fuertemente a través de figuras identificadas con el oficialismo como Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña , que convocaron a marchar a través de las redes sociales.

Zuvic
La legisladora del Parlasur, Mariana Zuvic se manifestó a favor de la convocatoria, como así también el actor antikirchnerista Alfredo Casero.
Ocaña tuvo el sábado un cruce a través de Twitter con Aníbal Fernández. En ese intercambio, el exjefe de Gabinete la llamó “burra” y ella le respondió que “devuelva el dinero de las coimas que cobró por el plan cunita”.
En las redes sociales, muchos de los mensajes en apoyo a esta movilización reivindican al “cacerolazo” denominado 8N, que se realizó el 8 de noviembre de 2012 en señal de protesta contra la corrupción del gobierno kirchnerista.
El miércoles, el oficialismo y un sector de la oposición buscarán el quórum para habilitar el debate en el recinto y tratar la autorización que solicitó el juez Claudio Bonadio para allanar el departamento donde reside actualmente Cristina Kirchner, quien está imputada en la causa por los cuadernos de las coimas y acusada por ser jefa de la asociación ilícita .
El miércoles pasado, la sesión para debatir la orden del juez se frustró tras la falta de quórum, por la ausencia masiva de los senadores del PJ y del Frente para la Victoria.
También se ausentaron el senador de Cambiemos, Esteban Bullrich , y la senadora Miriam Boyadjian.
Al oficialismo le faltó un legislador para conseguir el quorum necesario para discutir el pedido de Bonadio.

Cañadón Seco
Con la eliminación del Fondo Sojero por parte del Gobierno Nacional se está dejando a las provincias, municipios y comunas sin un recurso que estaba orientado a invertir en obras públicas para mejorar la calidad de vida de la gente.
En este contexto, dónde se perderán a nivel nacional 2.650 millones de pesos de lo que queda de 2018 y 29.000 millones en 2019 desde el todo el país se comienzan a realizar acciones para revertir esta drástica decisión.
En esta oportunidad, desde la Comuna de Cañadón Seco, su Presidente Jorge Soloaga ya tomó cartas en el asunto, comenzando con un pedido a la Gobernadora para resguardar los intereses colectivos y del Estado Provincial para que instruya acciones de mandato al Fiscal de Estado para iniciar acciones de amparo ante la Justicia Federal.
Es que la determinación de Macri de ejecutar esta quita del Fondo Federal Solidario mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) se contrapone con el Consenso Federal suscripto entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional ya que posee una jerarquía normativa inferior.

Quita
Esta quita afecta seriamente a la provincia de Santa Cruz, por lo que Soloaga ha procedido en consecuencia, fiel a su estilo político de ir al frente cada vez que el Gobierno Nacional va en contra de los intereses de los santacruceños.
Al respecto declaró “Hemos pedido al Gobierno Provincial que inicie acciones de amparo ante la Justicia Federal producto de una decisión unilateral, arbitraria e injusta que rompe el principio de la relación entre las provincias y el Estado Nacional”.
Por lo pronto, también la Comuna de Cañadón Seco va a instrumentar todas las acciones en amparo y en resguardo de sus propios intereses porque también generan un daño considerable a sus arcas comunales presentando un pedido de amparo ante la justicia federal.
Ante este complejo panorama, dado el daño significativo Soloaga manifestó “El hecho de violentar el principio de la jerarquía normativa, quiebre de la armonía institucional de las partes lesiona los intereses colectivos de los santacruceños. Este acto de violencia simbólica a la buena fe no lleva a dar inicio a todas las acciones que podamos realizar para impedir su concreción”.
Cabe destacar, que la quita del Fondo Soja le representa unos 557 millones de pesos a la provincia de Santa Cruz y que sus consecuencias serán irreversibles, por lo que el mandatario comunal apuntó “La inacción frente a esta decisión tomada por gobierno nacional por la razón que fuera o por el silencio absoluto es un delito claro de lesa territorialidad hacia los intereses de la gente”, finalizó.

Demanda
El Gobierno de Santa Cruz se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (756/18) con el que Mauricio Macri derogó el Fondo Federal Solidario. El vicegobernador Pablo González que informó que los municipios harán lo propio el martes en los juzgados federales de Santa Cruz, tanto en el de Río Gallegos como en el de Caleta Olivia. “Lo que se plantea –dijo González- es el incumplimiento del Estado nacional al consenso fiscal” ya que “uno de los motivos por los que firmamos el consenso fue justamente el mantenimiento del fondo soja que en el caso de la provincia de Santa Cruz son 41 millones de pesos por mes”. En lo que va de este año, Santa Cruz recibió por los “Soja”, la suma de $255 millones y todavía quedaban otros $145 hacia fin de año. De ese total, un 30 por ciento fue coparticipado a los municipios, que hoy ven con preocupación el futuro de sus finanzas.
Además, la Provincia estima que para 2019, por Fondo Federal Solidario deberían entrar otros $500 millones. La eliminación del Fondo Federal Solidario lleva al gobierno de Alicia Kirchner a judicializar el problema, debido a que es la Provincia más perjudicada.