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Caleta Olivia
Apenas unos minutos antes de las 9.30 horas de ayer se hizo publico el Decreto del Traslado de la Sesión Ordinaria 488, instrumento legal que se utilizó para dar una pátina de legitimidad a una medida que en realidad no fue más ni menos que una maniobra para salvar al intendente Facundo Prades.
La “maniobra” comenzó a gestarse en la noche del miércoles, cuando la sesión ya había sido confirmada y la presencia de los ediles permitía que haya quórum. Cerca de las 23 horas de la jornada previa a la sesión, el Concejal Rubén Martínez publicó en su cuenta de la red social Facebook, un mensaje en el que anunciaba que la sesión no se realizaría debido al paro de actividades que afectaba a la municipalidad y por ende al Concejo Deliberante.
Tras la publicación en el Faceboock de Martínez, que daba por hecho que no se sesionaría y que se postergaba con fecha indefinida la convocatoria – en la que se esperaba que se presentaran al menos dos proyectos para el apartar y posteriormente iniciar juicio político al intendente sospechado de haber cobrado coimas. (ver aparte) – todo tipo de especulaciones comenzaron a circular, incluso a través de las mismas redes se comenzó a cuestionar la medida. Fue en este contexto que el edil – que responde al intendente Prades- habría determinado publicar.
No es la primera vez que Martínez cumple ordenes “a distancia”, ya que meses atrás admitió haber firmado “Decretos para la contratación de personal”, en momentos en que estaba en ejercicio del Ejecutivo, ante la ausencia de Prades.
Esta medida no tendría nada de raro, si no fuera porque a los decretos los firmó casi a la medianoche – horas antes del regreso del intendente – y en momentos en que desde la municipalidad se negaba que hubiera ingresos de personal.
Por si fuera poco, el miércoles también reconoció en un medio radial local, que él mantuvo reuniones con los empresarios chinos que planeaban instalar supermercados en Caleta y ahora están sospechados de haber pagado las coimas para que se los habilite sin problemas.

La maniobra
Pero Martínez no es el único protagonista de esta trama. También el personal que se negó a cumplir funciones en medio de un tema tan trascendental en lo institucional hizo su parte para que el “plan” de postergar el juicio político se ejecute.
Por un lado llamó la atención que a lo largo del 2016 y en varias oportunidades del 2017, el Concejo haya sesionado pese al paro. Por otra parte, el único argumento esgrimido fue que no habría taquígrafas, que dependen de la Secretaría Legislativa.
Esta ausencia fue la excusa utilizada. Pero ocurre que ni en el Reglamento Interno del Concejo, ni en la Ley 55, o la Acordada 54 de Tribunal de Cuentas, se menciona como condición excluyente para la realización de una sesión del personal de taquigrafía. Incluso salvo por el Concejo de Caleta, no existe en la provincia este tipo de procedimiento que genera la llamada “versión taquigráfica” y que es ni más ni menos que una trascripción de todo lo que se dice en la sesión.
Vale mencionar que por lo general la versión taquigráfica no esta inmediatamente después de la sesión dado que el personal que tiene esta tarea debe pasar la versión escrita en “código” a una versión literal; para esto se apoyan en equipos de grabación de audio que luego desgraban.
Es decir que la grabación se podría haber realizado con personal de cargos políticos y para dar un vise de mayor legalidad se podría haber convocado a un escribano para que certificara el acto.
Todo esto no se intentó, o no se quiso hacer. Martínez subsanó la informalidad del mensaje de Facebook, con un decreto oficial y luego nada mas se supo de él, con lo cual tampoco generó el Quórum necesario. De este modo, hizo fracasar la sesión y desbarató la intención de los ediles que si tenían interés en poner en un carril de institucionalidad el caso Prades.

Poder a distancia
Fue así que el intendente eludió el primer intento serio para que de respuestas a las dudas que toda la ciudadanía tiene sobre su accionar en la venta de terrenos a los inversores chinos.
También fue una muestra de “poder” a la distancia, dejando en claro que pese a no estar en la ciudad – hace más de dos semanas que tiene paradero desconocido – aún maneja parte del legislativo local y toda la estructura municipal.
En el caso del Concejal Javier Aybar, que ocupa temporalmente el cargo de intendente, pareciera que solo lo hace de un modo “formal”. Tampoco se expresó formalmente sobre el escándalo, por lo cual no se sabe cual es su postura y como actuará cuando el intendente regrese, y él deba volver a ocupar la presidencia del Concejo.
Así las cosas, los vecinos Caleta que son los principales interesados en saber si se trató de un hecho de corrupción; deberán esperar una vez más.

Que está en juego
La maniobra que “salvó” por el momento a Prades se da además en un contexto electoral, a escasas 72 horas de las PASO, en donde el padre del intendente – Carlos Alfonso Prades – se presenta como precandidato a Senador. Todo apunta a que la elección será tomada como una suerte de “plebiscito” respecto a como impactó en el intendente este escándalo.
Se especula con que si a Prades padre le va bien en la ciudad; el mensaje sería que hay aún un grado de aceptación y hasta respaldo al hijo. Esto le permitiría regresar – o al menos aparecer mediante declaraciones – en un contexto más favorable.
De ser esta versión cierta, pareciera ser que todos los actores de esta trama están más preocupados en sus presentes y futuros políticos que en la institucionalidad de una ciudad que está en crisis.

Por Claudio Pagano
1: Estado Nacional: a diferencia de los juicios ordinarios, el Juicio Político es un proceso de orden constitucional llevado a cabo por un órgano político (el Congreso de la Nación), con el objeto de determinar la responsabilidad política de los funcionarios públicos de las más altas jerarquías del país por la comisión de conductas graves. En dicho proceso de carácter excepcional -puesto que sólo ocasionalmente el Congreso abandona su función de legislar por la de juzgar- corresponde a la Cámara de Diputados promover el procesamiento del funcionario acusado, así como a la de Senadores sustanciar el juicio.
En este sentido, el Art. 53º de nuestra Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados de la Nación “ejerce el derecho de acusar ante el senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros y a los miembros de la Corte suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delitos en ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de la causa por la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes”.
A su vez, el Art. 59º estipula que corresponde a la Cámara de Senadores “juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”. A ello cabe agregar que el Art. 60º entiende que dicho fallo “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios“.
En otras palabras, este procedimiento constitucional, lejos de ser un mecanismo de carácter ordinario, constituye un juicio solemne promovido por el pueblo de la Nación representado en la Cámara de Diputados y sustanciado por el Senado de la Nación, que actúa en calidad de máximo tribunal de responsabilidades políticas.
Las circunstancias que nuestra Carta Fundamental enumera como posibles causales de Juicio Político son el mal desempeño, la comisión de delitos en ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
En tal sentido, cabe destacar que la primera de ellas remite específicamente a la obligación que todo funcionario público tiene de guardar la mejor reputación y comprender el significado intrínseco de la administración de la república.
Su vulneración no sólo deshonra al país, a la Constitución y a las instituciones por ella creadas, sino que también afecta los derechos y garantías establecidos en el texto fundamental.

Santa Cruz
La base legal la encontramos en la Constitución de Santa Cruz y la Ley Provincial 13 y sus modificatorias ( Ley 570 )
2.1-CONSTITUCION DE SANTA CRUZ
Sección 8º: JUICIO POLITICO
Artículo 137.- El Gobernador, el Vicegobernador, sus reemplazantes legales, cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los Ministros y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia están sujetos a juicio político.-
Articulo 138.- Serán causas de juicio político:
1. Incapacidad física o mental sobreviniente.
2. Delitos en el desempeño de su función.
3. Falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.
4. Delitos comunes.
Articulo 139.-El juicio político se ajustará al siguiente procedimiento que podrá ser reglamentado por ley:
1. División por sorteo de la Cámara de Diputados, en Sala Acusadora y Sala Juzgadora, que tendrá lugar la primera sesión ordinaria de cada año.
2. Término de cuarenta días para que la Sala Acusadora acepte por dos tercios de votos de sus miembros presentes o rechace la sanción.
3. Término de treinta días para que la Sala Juzgadora resuelva en definitiva debiendo dictarse el fallo condenatorio por dos tercios de votos de los miembros presentes.
4. Votación nominal de ambas Salas.
5. Amplias facultades de investigación.
6. Garantías de la defensa y prueba.
7. Suspensión del acusado al aceptarse la acusación por la primera Sala, y retorno al ejercicio de sus funciones, con reintegro de haberes, al dictarse fallo absolutorio o vencer el término sin fallo alguno.

2.2 -LEY Nº 13 Y MODIFICATORIAS: (LEY QUE REGLAMENTA EL JUICIO POLITICO)-( Ley Nº 570)

3-MUNICIPALIDADES DE SANTA CRUZ:

Para el caso de los Intendentes de Santa Cruz, la legislación de nuestra provincia no habla de Juicio Político, sino que habla de REMOCION e INTERVENCION MUNICIPAL. Resumiendo, para el caso de un Intendente tenemos dos caminos, o se pide LA REMOCION ante el Tribunal Superior de Justicia , o se pide la INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD a la Cámara de Diputados de la Provincia , para que por una Ley Intervenga la Municipalidad.

La base legal la encontramos en la Constitución Provincial y la Ley Nº 55 (Ley Organica de Las Municipalidades).

3.1-Ley 55: ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES
Art. 81.- En los casos establecidos en el artículo 136 de la Constitución Provincial el Concejo Deliberante podrá por cinco votos en la Ciudad Capital y por cuatro votos en los demás municipios, solicitar la remoción del Intendente ante el Tribunal Superior de Justicia.

3.2- PROVINCIA DE SANTA CRUZ:
CONSTITUCIÓN DE SANTA CRUZ
Artículo 147:
Las Municipalidades podrán ser intervenidas por ley:
1. Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total.
2. Para regularizar sus finanzas en los siguientes casos:
a. Cuando el Municipio no cumpliera con los servicios de empréstitos, o cuando de tres ejercicios sucesivos resultara un déficit susceptible de comprometer la estabilidad financiera.
b. Cuando por actos u omisiones se impida la fiscalización de los organismos de control de la legalidad del gasto y de las cuentas municipales.

Caleta Olivia
El Intendente de Caleta Olivia permanece ausente pero – según fuentes cercanas – está “permanentemente informado” sobre lo que pasa en la ciudad.
Antes de que surgiera el video que lo compromete, el Jefe Comunal tenía la intención de ser parte de la campaña de su padre – Carlos Alfonso – pero el escándalo lo obligó a cambiar de planes.
Si bien no se conoce su paradero, se sabe que esta en contacto con algunos funcionarios de su gabinete y hasta con algunos conejales. Por ello, sabe que la sesión de hoy no se puede suspender; sobre todo porque esto generaría aún mas indignación en la gente, que le reclamaba acciones a los ediles, que finalmente luego de 15 días recién se animaron a actuar.
La posibilidad que Prades deba dar un paso al costado genera todo tipo de especulaciones, que van desde quien queda a cargo del Ejecutivo y si se llamará a elecciones. Esto depende mucho de la celeridad o no que tengan los Concejales y el mecanismo que usen para eventualmente apartarlo de su cargo.
Frente a estas posibilidades; una variable que cambiaría la perspectiva es el resultado de las elecciones; ya que para “los Prades” esto sería un termómetro del humos social y el apoyo que tiene o no la gestión. Esto surge también de las opiniones en redes sociales.
El tema de la salud del intendente también es algo que debe preocupar. Desde hace meses que no se conocen partes médicos ni hay información sobre algún tratamiento o evolución de su estado de salud. Este es el contexto en el que hoy prepara la estrategia del regreso del intendente, en medio de la cuenta regresiva para las PASO.

Caleta Olivia
Para hoy a las 9,30 están convocados los concejales para la sesión ordinaria 488 que se desarrollará en la Unión Vecinal del barrio 26 de Junio y entre los proyectos más sobresalientes es el de comunicación iniciado por la concejal Liliana Andrade, referido a un requerimiento al intendente Facundo Prades.
El proyecto solicita en su artículo 1, que Facundo Prades explique por escrito al Concejo Deliberante las causas que lo llevaron a involucrarse en las escenas que se advierten en el video difundido a nivel nacional.
Además en su artículo 2, solicita que se “aparte” y deje en manos de su sucesor legal establecido, el cargo de Intendente, hasta tanto se esclarezca su situación judicial.
La concejal del bloque “Caleta hacia el Futuro”, también presentará proyectos de resolución y ordenanza.
Más allá de la sesión de hoy, hasta ayer era una incógnita saber si hoy se realice la sesión teniendo en cuenta, la crisis institucional que se vive, luego de la divulgación del video que involucra al intendente Facundo Prades, en una causa de Cohecho.
De esta manera, se espera la presencia de los ediles Rubén Martínez, Liliana Andrade y Pablo Calicate. En tanto, Javier Aybar aún continúa en su cargo de intendente interino.
Otro de los proyectos que presentará la Concejal Andrade se refiere al de resolución y exige al gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, regularice la delegación Caleta Olivia, de la Caja de Previsión Social, y designe, con carácter urgente un delegado responsable.

Caleta Olivia
En una entrevista exclusiva con Diario Más Prensa, Daniel Peralta, pre candidato a senador nacional por el Movimiento Proyecto Sur aseguró que “la provincia está en una situación institucional y social muy complicada. Me parece que la gente está demostrando en estos últimos días un profundo fastidio”, señaló.
De este modo, el ex gobernador se refirió a los encuentros que mantuvo con vecinos de todas las localidades de la provincia y a su estado emocional “por todo lo que están viviendo”.
“Uno debe extremar las convicciones para plantear las propuestas de trabajo”, dijo Peralta, quien estuvo acompañado por Osvaldo “El Colo” Pérez, pre candidato a diputado nacional.
“Llegamos a la gente, explicándoles porqué llegamos con esta propuesta independiente sin jefes políticos, nacionales o provinciales. Y analizamos qué es lo que le sirve al vecino común y a Santa Cruz, en el día a día y en los problemas comunes. Nosotros, desde nuestra experiencia de gestiones junto al Colo Pérez, tratamos de explicar de qué manera pega en los gobiernos provinciales o municipales, algunas referencias nacionales que se pueden convertir en ley y ayudar a los gobernadores e intendentes. De ahí es la propuesta”, sostuvo.
Consideró que “además entre todas esas propuestas, impulsamos una nueva ley de coparticipación federal. Un país federal es un país más justo y hoy en día, este país no es justo. Tiene asimetrías muy profundas de desigualdad en el trato con los estados, que vienen dependiendo de la buena voluntad o no, del gobernante de turno”.
Peralta señaló que “este es un paso fundamental para revertir la situación. Creemos en la construcción de un frente amplio de un bloque regional patagónico, que puede llevar al Congreso diversas líneas políticas que ayuden a la patagonia”.
De este modo, mencionó proyectos como “obras públicas para infraestructura, agua para el flanco norte, gasoducto para Los Antiguos y Perito Moreno, Interconectado, el gasoducto a Gobernador Gregores, a El Chalten, Plan directo de aeropuertos, conectividad, reactivación del plan director de puertos y la discusión de una política pesquera que incluya el reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos”, sostuvo y aclaró “obviamente la política petrolera”.

Bronca
Ante la consulta, si tomaba su regreso con “bronca, un desafío o un volver a empezar”, consideró que “la verdad es que estamos injustamente en esta situación y el gobierno provincial de entrada, negó una gran realidad que fue gobernar todos juntos y buscar políticas de conciliación. Nada de esto hizo. Todo lo contrario. Lo que hizo fue buscar políticas de confrontación y eso motivo ese estado de cosas que estamos viviendo. Dividir a la sociedad nunca fue buen remedio para los santacruceños. Al contrario hemos vivido crisis institucionales muy serias”, señaló.
“Además volver es un desafío, porque no podemos permitirnos quedarnos con los brazos cruzados en medio de la crisis, y escucharla por los medios. Con El Colo iniciamos este camino en el entendimiento que hay alternativas para salir adelante. Que nuestra experiencia debe servir para esto y no volverse en peso, sino poner en valor lo que uno ha vivido e inclusive los errores cometidos”, manifestó.

Déficit de presencias
Sobre la ausencia de funcionarios provinciales recorriendo toda zona norte, Daniel Peralta consideró que “esto es muy, muy grave. La gente para ayudar, apoyar o insultar necesita ver quién lo gobierna. Y no lo está viendo”.
Manifestó que “hoy hablaba con un comerciante, que me decía: vos por lo menos venias y nos dabas la posibilidad de reclamarte o no me cumpliste. Le dábamos la posibilidad del descargo, que no es poca cosa. No entiendo a la gobernadora que hoy decía vamos con la emergencia económica y el año pasado les aumentó los impuestos. Este gobierno, gobierna con prueba y error”, consideró.

Caleta complicada
“En lo que significa reforma estructural, Caleta Olivia es una localidad que está inmersa en un profundo pozo. Quizás es donde mayormente pega el desempleo y el sector comercial lo siente con el cierre de más de setenta comercios”, dijo.
El ex mandatario indicó que “esto no se puede revertir, con hay que reconvertirse. Para eso hay que tener espalda de todo tipo para hacerlo. Me parece que hay que sostener una gradualidad en los cambios que se pretenden de modelo. Y este no es el modelo, con que el gobierno nacional mira a Santa Cruz. No es lo ideal. Sino estaríamos militando en Unión Para Vivir Mejor. Son las realidades que hay que vivir y confrontarlas”.
Daniel Peralta opinó que “Caleta está en una situación complicada, producto de obras de infraestructura nacional que no se han hecho en los últimos doce años. Y en esto existe una gran frustración”, manifestó y sostuvo que “desde un principio hubo una gran confrontación entre Costa y Prades”.