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La suspensión de las retenciones denominadas comúnmente como «derechos de exportación para el langostino», fue una de las medidas propuestas por el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal en la reunión del Consejo Federal Pesquero, encuentro que contó con la participación del Subsecretario de Pesca de la Nación Juan Antonio López Cazorla.
Al fundamentar su propuesta el mandatario calificó la erogación de derecho de exportación como «una carga tributaria que hoy atenta y perjudica la competitividad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores»; exponiendo la situación que desde hace algún tiempo afecta a la pesquería y sobre la cual aún no se han implementado acciones concretas.
«Desde que comenzó el conflicto que paraliza una de las actividades clave para nuestra provincia estamos manteniendo reuniones constantes con todos los sectores involucrados, ya que nos ocupa de manera urgente la continuidad laboral de nuestros trabajadores», explicó Vidal tras el encuentro que se desarrolló en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y donde expuso la necesidad de alivios fiscales que contrarresten el impacto de lo que ocurre por la baja de precios y mermas en la demanda a nivel mundial.
E referencia al tiempo en el que se está prolongando esta situación que lleva varios años con una tendencia siempre negativa, el gobernador apuntó: «desde que asumimos en diciembre del 2023 venimos haciendo un gran esfuerzo en este contexto de crisis para mantener la actividad pesquera, lo hacemos porque estamos totalmente convencidos de que en Puerto Deseado no se deben volver a cometer los errores del pasado que tan caro nos costaron a la sociedad santacruceña», sintetizó tras el encuentro del CFP

Santa Cruz hace lo suyo

Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis del langostino, y el tiempo que lleva el tema sin soluciones, Vidal insistió ante los integrantes del CFP y la autoridad nacional competente, que las medidas deben ser «concretas» e «implementadas con rapidez».
A su vez, anunció medidas en el ámbito de la jurisdicción santacruceña, algo inédito porque hasta el momento las provincias no habían anticipado ninguna medida para complementar para aliviar al sector.
«Decidimos desde el Gobierno de Santa Cruz aplicar una quita del 2,5% al valor que pagan los buques por el combustible, con lo que buscamos aliviar costos operativos y acompañar al sector en este momento difícil», anunció.
Vale recordar que ayer, el gobernador se había reunido con representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) con quienes analizó los alcanves de este conflicto que paraliza al sector en todos los puertos del país.
En cuanto a la postura del gobierno provincial respecto a los sectores que participan de esta discusión, Vidal aclaró: «nosotros desde Santa Cruz seguimos apostando a la actividad pesquera, por lo que ya están en marcha los procesos licitatorios para la reparación de los sitios 3 y 4 de las instalaciones del puerto de Puerto Deseado, y estamos trabajando para habilitar el sector secundario del mismo, lo que permitirá mejorar las condiciones operativas y logísticas de la actividad».

En medio del conflicto por el «convenio del langostino», y mientras se espera una nueva reunión entre las cámaras y los sindicatos de la pesca, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal se reunió este miércoles con representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para abordar el conflicto que paraliza al sector en todos los puertos del país. Se trata de una problemática que si bien abarca a toda la actividad de la pesquería del langostino, en Santa Cruz afecta directamente a cientos de familias.
Vale mencionar que la crisis en torno a este recurso del mar viene desde el año pasado y conjuga factores internacionales por el precio del langostino, como así también cuestiones vinculadas a la economía nacional.
Frente a esta situación, el gobernador santacruceño tiene previsto reunirse hoy con Juan Antonio López Cazorla. Subsecretario de Pesca de la Nación, quien debe entender que la pesca del langostino es esencial para la economía de Puerto Deseado y su paz social.

Trabajo y paz social

«Como gobernador, tengo un compromiso claro: nunca miro para otro lado, y menos cuando se detiene una actividad clave para nuestra economía regional. La pesca no es solo un recurso, es el sustento de miles de santacruceños», dijo Vidal al termino de la reunión con representantes del SOMU.
En cuanto a los alcances de esta reunión, el mandatario explicó: «Escuché con atención los reclamos del gremio, que pide una negociación justa, y manifesté mi profunda preocupación por la falta de respuestas concretas por parte de los organismos nacionales. No podemos permitir que este conflicto continúe aun sin solución».
En cuanto a las expectativas de la reunión que mantendrá hoy con el funcionario nacional, el gobernador dejó en claro que su prioridad es sostener a los trabajadores y la actividad.
Vale apuntar que el pasado lunes las negociaciones quedaron en stanby tras la reunión de los equipos técnicos de los sindicatos SOMU y SIMAPE, con las cámaras empresarias CAPeCA, CAPIP y CEPA, acompañados por representantes estatales, incluido la participación de López Cazorla.
En ese encuentro se analizó el costo laboral y la situación económica de la pesca del langostino congelado a bordo, buscando caminos de conciliación que permitan poner en marcha la flota en condiciones que sean viables tanto para las empresas como para los trabajadores, dijeron fuentes del encuentro.
«Desde Santa Cruz vamos a acompañar todas las gestiones que prioricen a los trabajadores y garanticen la continuidad de una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, sintetizó Vidal respecto a la postura que llevará al encuentro con el funcionario.

Lo hizo el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, junto al Ejército Argentino. Es en el marco del programa nacional del Sistema de monitoreo de recursos hídricos, que comprende 30 estaciones en todo el territorio santacruceño.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, junto al Ejército Argentino, continúa avanzando en la instalación de estaciones Hidrometeorológicas y Nivológicas para todas Cuencas Hidrológicas de Santa Cruz.

En la oportunidad, desde la Cartera Hídrica provincial, se informó que días atrás, se avanzó con la instalación de una nueva estación en Meseta La Torre, ubicada en cercanías de la ciudad de Río Turbio, en el suroeste santacruceño.

Esta nueva instalación, es parte del trabajo que se viene llevando adelante, que comprende un total de 30 estaciones, sumándose al mes de mayo cinco estaciones de las catorce solicitadas a la Dirección Nacional de Sistemas de Monitoreo de los Recursos Hídricos, a través de un convenio que contempló la instalación de una red de estas estaciones.

Cabe destacar que, las estaciones hidrometeorológicas y nivológicas son ubicaciones geográficas dotadas de instrumentos para medir variables ambientales, como la altura y caudal de los ríos, la precipitación, la temperatura, la humedad y la cantidad de agua en nieve.

Estas mediciones son fundamentales para la gestión de los recursos hídricos, la predicción del clima y la planificación de proyectos relacionados con el agua, tanto a nivel regional como nacional.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el miércoles la prisión preventiva en arresto domiciliario del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien está acusado en tres causas penales por extorsión y vínculos con el narcotráfico. El magistrado, recordado en por su paso por la Justicia provincial de Santa Cruz como Juez de Instrucción de Caleta Olivia, no solo enfrenta las serias acusaciones por sus posibles conexiones narco, sino que también esta atravesando un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En esta causa administrativa fue convocado para presentarse para hacer su descargo el próximo 27 de junio. Vale mencionar que Bailaque no está preso porque tiene fueros, pero los podría perder si finalmente es destituido por el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo a la información del portal Fiscales.com.ar :el tribunal rechazó las impugnaciones planteadas por la defensa y morigeró parcialmente las medidas de coerción personal y patrimonial impuestas al titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad santafesina, cuando quedó imputado de varios delitos funcionales. Se le redujo el monto del embargo económico de 1.500 a 600 millones de pesos.

Imputación

El juez Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, conductas contrarias a derecho que habría cometido como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario.
En tanto, el 13 de mayo pasado y en una investigación conexa a uno de los tres legajos en los que está acusado el juez, también fue imputado por extorsión y tráfico de influencias el financista Fernando Elías Whpei.
Las investigaciones son impulsadas por el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.
De las diversas audiencias que tuvieron lugar en la investigación, que se lleva adelante bajo las reglas del sistema acusatorio establecidas en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), también participaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los fiscales titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

El caso

El Juez Marcelo Bailaque es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades en donde el narcotráfico tiene un impacto que ha generado altísimos indices de violencia y asesinatos de todo el país.
El magistrado tiene tres causas penales en su contra: está acusado por armar causas falsas a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.
En principio, una de las investigaciones es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco «Los Monos».
El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.
La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.

El monto corresponde a aportes personales y patronales no depositados a la fecha. La Ley Previsional Nº 1782 establece la obligación de los empleadores de transferir, mensualmente, esos fondos que se deducen de los haberes de los trabajadores.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz informó que la deuda histórica acumulada por parte de municipios y comisiones de fomento de la provincia asciende actualmente a $111.226.393.329,27 (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS). El monto corresponde a aportes personales y patronales, que se deducen a los trabajadores y no han sido depositados hasta la fecha.

El artículo 18, inciso b, de la Ley Previsional 1782, establece que los organismos empleadores -incluidos municipios y comisiones de fomento- deben “depositar en la cuenta indicada por la Caja, dentro de los primeros siete días corridos de cada mes, las sumas deducidas durante el mes anterior y los correspondientes aportes patronales”.

El incumplimiento de esta norma afecta directamente el equilibrio del sistema previsional provincial, que se sostiene con un principio de solidaridad entre trabajadores activos, empleadores y jubilados.

Desde la Caja se reiteró que este tipo de deudas no solo representan un compromiso pendiente por parte de los organismos responsables, sino que además impactan en la sustentabilidad del sistema.

El organismo se encuentra impulsando acciones de regularización y promoviendo el diálogo institucional para que las municipalidades y comisiones de fomento comiencen a transferir el aporte mensual correspondiente. Esto permitirá luego avanzar en la negociación para saldar la deuda histórica, cumpliendo así con la responsabilidad legal establecida por la Ley 1782.

«Estamos muy preocupados por la fuerte baja de los recursos que Nación transfiere a las provincias», dijo el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal antes de ingresar a la reunión de mandatarios provinciales que se extendió por varias horas en la sede del CFI, en Azopardo 750 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vidal mencionó entonces la notoria caída de la coparticipación federal y su impacto directo en las arcas provinciales. «Todos, de una forma u otra, estamos muy preocupados por la fuerte baja de los recursos que Nación transfiere a las provincias, producto de la caída del consumo y la menor recaudación del IVA», dijo expresando las inquietudes de sus pares; quien además consideró importante que este tipo de encuentros entre gobernadores se realice con mas asiduidad.
«Creo que este tipo de encuentros son fundamentales y que deberían realizarse con más frecuencia, porque solo trabajando unidos vamos a poder defender los intereses de nuestras provincias y encontrar soluciones en beneficio del país», remarcó Vidal.
Acerca de la reducción de ingresos que sufren las provincias, un «paper» que circuló en un «chat» de gobernadores señalaba que la caída de ingresos representaba casi «$2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB. Si se compara con el 2023, la caída es aún superior, lo que equivale a decir que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima al 1% del PIB». Esta información marcaba el grado de impacto que tienen las políticas restrictivas del gobierno de Javier Milei con las provincias, fundamentando la preocupación de los gobernadores.
Cabe apuntar que de acuerdo a estas proyecciones para el 2025 la nación le girará a las provincias unos $56.466.157 millones.
Otros datos que se incluyeron en el informe precisaban que el mes pasado, «los giros por coparticipación tuvieron un incremento nominal interanual de apenas el 10,6%, cayeron más de 50 puntos porcentuales respecto a abril. Fue el menor registro desde mayo del 2020». Una de las causas principales que se marcaron fueron las modificaciones en la política tributaria por parte del gobierno nacional.

Consenso

Tras el encuentro se conoció que los mandatarios acordaron pedir una reunión con el presidente Milei «para avanzar en una reforma fiscal» en donde las provincias participen y se contemplen las «necesidades» de las administraciones provinciales. Uno de los puntos centrales de este planteos es la necesidad de encontrar «puntos básicos» de acuerdo que tendría consonancia con aquel «Pacto de Mayo» lanzado por Mili en el inicio de su gestión.
Cabe presisar que del encuentro participaron además de Claudio Vidal, Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Isfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Raúl Jalil (Catamarca). Por su parte, Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) dijeron presentes de manera virtual. El único ausente sería Gustavo Valdés, de Corrientes.

María Amalia Díaz, esposa del ex secretario de Obras Públicas José López, logró quedar desvinculada de la causa en la que se investigó y condenó al ex funcionarios por los bolsos repletos de dólares que había intentado ocultar en un supuesto monasterio.
Ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia contra la mujer, respecto a los hechos ocurridos el 14 de junio de 2016, cuando López fue detenido in fraganti.
Hay que recordar que el 12 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a Díaz como «partícipe secundaria» del delito de enriquecimiento ilícito de su marido.
En ese momento, la cónyuge del ex funcionario recibió una pena de 2 años de «prisión condicional» y una multa del 25% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua y costas.
Según el fallo de 2019, los magistrados entendieron que estaba probado que María Amalia Díaz, contribuyó con su esposo a través de apoyo logístico y organización. En tal sentido, el Tribunal aceptó como prueba las comunicaciones telefónicas de Díaz con la supuesta «madre superiora» del convento donde escondieron los bolsos con dólares. La investigación que luego se mostró en el juicio incluía las llamadas que habrían tenido el fin de «coordinar» la entrega de los bolsos.
Luego de idas y vueltas y presentaciones de la defensa, en 2024 la Cámara de Casación Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los planteos; lo que llevó nuevamente a los abogados de Díaz a impulsar una nueva queja ante la Corte Suprema. En esta ultima instancia, el Máximo Tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la condena no podía considerarse firme porque la Corte había rechazado una queja anterior por razones formales. Finalmente se decidió aceptar el recurso, dejar sin efecto la sentencia y ordenar que la causa vuelva al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo, manteniendo abierta la investigación y la posibilidad de un nuevo juicio.

Una «infidelidad»

La mujer de López siempre negó los hechos, incluso durante el proceso presentó un escrito en el cual negó tener conocimiento de las actividades de su marido.
«Mi estupor por el giro que ha tomado mi vida desde esa noche aún no cesan», dijo en su descargo ante el juez federal Daniel Rafecas en 2016.
En la presentación Díaz repasó su vida junto a López y detalló como habrían conseguido los bienes que poseían
«Siempre fue creciendo a partir de mejorar de a poco, con los ingresos fruto del trabajo y las rentas de los inmuebles que se fueron adquiriendo con los años y utilizando préstamos», afirmó. Sobre su vida junto a «Lopecito» recordó que en 1989, después de divorciarse de su primer marido, conoció a López cuando era secretario de Obras Públicas de Río Gallegos, cuando Néstor Kirchner era intendente, y ella trabajaba en un juzgado de familia. Se casaron el 8 de julio de 1999 y en 2011 fueron a vivir a la casa de Dique Luján, sospechada de haber sido adquirida ilícitamente.
Sobre el episodio en el cual su marido fue detenido afirmó: «José ya venía días anteriores demostrando un comportamiento atípico, mostrándose inquieto, ansioso y algo paranoico, manifestaba que se sentía vigilado y perseguido. Me pedía utilizar mi celular en varias oportunidades dado que creía que su teléfono era ‘escuchado'».
Este caso no solo tuvo repercusiones escandalosas a nivel político y judicial, ya que durante los días que se extendió el proceso la mujer enfrentó a los medios de comunicación que la aguardaban siempre a la salida de su domicilio en el barrio de Recoleta, y en una oportunidad arrojó agua e insultó a los reporteros de la revista Gente que la aguardaban para que hiciera declaraciones (foto: revista Gente).

Todo «trucho»

El monasterio, no era un monasterio; sumando otro motivo de escándalo que si bien no tuvo mayores repercusiones puso a la Iglesia Católica en un aprieto.
En realidad, se trataba de una casa quinta donada al obispado, en la que luego residió un grupo de mujeres que intentaban constituir una congregación religiosa; algo que nunca ocurrió.
Meses después de la captura de López el entonces arzobispo de Mercedes-Luján, Adrián Radrizzani, informó al diario Perfil que la Asociación Familia Misionera de Nuestra Señora del Rosario de Fátima ya no contaba con ninguna jerarquía dentro de la Iglesia.
Aunque se afirmó que esa decisión no se había tomado porque se hubiera detectado complicidad de las mujeres con el intento de ocultar el dinero; se aclaró que se comprobó un incumplimiento de requisitos estatutarios de la comunidad.