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El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este viernes la detención de seis personas condenadas en la causa por la llamada «Ruta del dinero K» en la que jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas por el lavado de 55 millones de dólares, entre ellas las del empresario Lázaro Báez a 10 años de prisión.
Según fuentes judiciales, los pedidos de detención habían sido solicitados a la mañana del jueves por el fiscal federal Abel Córdoba y ordenados por Néstor Costabel, juez del Tribunal Oral; en tanto se dispuso que se presenten el próximo lunes a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py para que queden detenidos.
Se trata de quienes nunca estuvieron presos en la causa y tienen condenas de más de tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo.
«Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal», expresa la notificación; mientras que se trabaja con medidas para evitar la posible fuga de los requeridos.
Vale recordar que uno de los condenados sobre el que se ordenó la detención es Fabián Rossi, con una pena de cuatro años y seis meses de prisión, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de la vedette Iliana Calabró.
En cuanto al listado de notificados para que se presenten en los Tribunales trascendió que quienes deberán presentarse son: Rossi, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.
Por su parte, las seis solicitaron que las detenciones se cumplan en arresto domiciliario por razones de salud y de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes. En cuanto al resto de los condenador, se supo que el juez Costabel también analizará es la situación de Lázaro Baéz, de su hijo Martín Báez, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco.
Hay que recordar que las seis personas que ahora son llamadas a Tribunales fueron condenados al ser encontrados participes en los delitos y tener distintos roles en el armado de la maniobra para que Báez lave 55 millones de dólares a través del envío de esos fondos fuera del país para luego reingresarlos. Para eso se usaba a S.G.I, la financiera que era de Federico Elaskar, también condenado a tres años de prisión pero con la pena en suspenso.

El Consejo de la Magistratura de la Nación citó al Juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque para que concurra a una audiencia el próximo 17 de junio a la sede del organismo, en donde será notificado de la determinación de ser desplazado de su cargo.
La resolución del organismo judicial colegiado se conoció en la sesión mantenida este jueves en donde sus integrantes concluyeron que los hechos por los cuales analizó la conducta del Bailaque son causa suficiente para su destitución del cargo por mal desempeño.
De la prueba reunida en este expediente, es posible tener por acreditado, con el grado de convicción requerido en esta etapa, que el magistrado Bailaque incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial», dice el dictamen redactado por los consejeros Alvaro González y Alberto Maques y aprobado por la Comisión de Acusación.
Lo dispuesto fue votado por unanimidad, aunque contó con la abstención de la diputada santacruceña Roxana Reyes quien se abstuvo de participar durante todo el proceso.
Hay que mencionar que Bailaque había sido juez de Instrucción Penal en Caleta Olivia provincia de Santa Cruz, en donde había desarrollado casi toda su carrera judicial hasta 2028 cuando fue designado como Juez Federal en Rosario, Santa Fe.
En marzo de este año, cuando se avanzaba en la denuncia contra el magistrado por supuestos vínculos con el narcotráfico, Reyes decidió apartarse de la investigación que debía impulsar la acusación del Consejo de la Magistratura.
Esto ocurrió ya que la diputada santacruceña tenía en su equipo de asesores a Juan Manuel Quintero, abogado que fue designado por el juez federal como su defensor. Frente a esta «maniobra» de Bailaque, Reyes que hasta ese momento era la miembro designada para llevar adelante la acusación debió excusarse de ese rol y a partir de entonces se mantuvo al margen del proceso.

Un escándalo

Si bien el impacto inmediato de la destitución de Bailque tendría repercusión en los fueros federales y sobre todo en Santa Fe donde se libra una verdadera lucha contra el narcotráfico; en Santa Cruz el tema es seguido con atención de manera mas «anecdótica», dado su paso por el sistema judicial provincial de los ´90 y ´2000. Pero tal vez el de Bailaque sea un caso emblemático de cómo la política en tiempos «kirchneristas» comenzaba a «coptar» al Poder Judicial.
Muchos señalan que en su paso por Santa Cruz, el ahora juez a punto de ser destituido estableció una amistad con Carlos Zannini (y Carlos Kunkel, quienes por al menos dos décadas ocuparon altos cargos de poder y se constituyeron como verdaderos operadores judiciales. Más allá de estas referencias y fuera de especulaciones, lo cierto es que luego de mas de 15 años al frente de la justicia federal rosarina, Bailaque enfrenta no solo la posibilidad de ser apartado del cargo sino que la investigación en su contra lo enfrentará a un proceso judicial escandaloso.

La investigación

Según precisó el portal de noticias Infobae: Bailaque está imputado en tres causas penales. En una de ellas, está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.
La segunda causa contra Bailaque está vinculada a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.
Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo.
En el plano judicial, la Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva del juez pero luego la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, los camaristas le redujeron de $1.400 millones a $600 millones el embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias. Y se mantuvo la prohibición para salir del país.

A partir del 2 de junio próximo comenzará a regir un nuevo procedimiento para autorizar la salida del país de menores de 18 años que viajen solo con pasaporte.

Según se informó oficialmente, desde esa fecha, ambos progenitores, o uno solo en caso de fallecimiento o vínculo filial único, podrán realizar la solicitud de autorización ante el Renaper de forma presencial, en cualquier Centro de Atención, Oficina Seccional o Consular habilitada.

Este nuevo trámite permitirá, en una primera etapa, autorizar viajes sobre pasaportes ya emitidos. En una segunda etapa, se habilitará la posibilidad de tramitar conjuntamente el pasaporte y la autorización, confirmó a Mas Prensa la vicejefatura de Gabinete del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Cabe aclarar que aunque la gestión requiere la presencia física de los progenitores, el procedimiento es digitalizado y simplificado: la identidad se verifica mediante biometría facial, el vínculo con el menor se constata automáticamente a partir de los registros existentes, y la autorización queda registrada digitalmente y se notifica a la Dirección Nacional de Migraciones. La constancia del trámite será enviada por medios digitales a los progenitores.

El trámite puede realizarse con la presencia conjunta o separada de los adultos, en distintos momentos e incluso en diferentes lugares habilitados del país o del exterior.

Alcances

En esta etapa inicial, el servicio se aplicará exclusivamente a menores argentinos (nativos o por opción) con pasaporte vigente o que lo tramiten en simultáneo.

La autorización será válida para que el menor viaje solo a cualquier país del mundo, con vigencia hasta su mayoría de edad o el vencimiento del pasaporte (lo que ocurra primero), siempre que sea otorgada por ambos progenitores argentinos o residentes en el país.

Cabe destacar que esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento por cualquiera de los progenitores que la haya otorgado, mediante una solicitud presencial en los centros habilitados del Renaper. Esto no implicará en ningún caso la revocación de otras autorizaciones de viaje otorgadas con antelación o posteriormente, a través de las formas previstas. Con esta medida, la Vicejefatura de Gabinete del Interior —a través de Renaper y Migraciones— “busca optimizar los controles migratorios, garantizar la seguridad de los menores y facilitar a las familias un procedimiento más ágil, seguro y eficiente”, se destacó oficialmente.

Lázaro Báez su hijo Martín, Jorge Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, Julio Enrique Mendoza, Leonardo Fariña, Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Rossi y Eduardo Guillermo Castro, tendrán que cumplir las condenas dictaminadas por la justicia en primera instancia en el juicio por la denominada causa Ruta del Dinero K.
Pero además los otros condenados en el caso que recibieron penas de tres (en suspenso) fueron afectados por lo resuelto por la Corte Sumprema de Justicia de la Nación. Ellos son: Federico Elaskar, Claudio Bustos, Alejandro Ons Costa, Andrés Eraso y Leandro Báez, el hijo menor del seudo empresario amigo de Néstor Kirchner.
El mismo fallo de la Corte resolvió la confirmación de aquellos implicados que habían recibido penas menores como el caso de Walter Feliciano Zanzot, Carlos Juan Molinari y Alejandro Bryn.
De este modo se cerró el circulo inicial en la causa de corrupción donde se comprobó que los implicados realizaron maniobras fraudulentas para «lavar» 55 millones de dólares entre los años 2010 y 2013.
Hay que recordar que el entramado de corrupción tenía como escenario la provincia de Santa Cruz, y la metodología se implementó primero a través de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro. La empresa constructora nació paralelamente a la llegada del Kirchnerismo al gobierno nacional y a partir de allí se iniciaron las maniobras con los millones de facturación que recibía la firma mediante las más de 50 licitaciones direccionadas.

Impacto del fallo

La confirmación de las condenas se da luego del rechazo a los «recursos» presentados por todos los condenados.
Este fallo definitivo fue firmado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-, convocados para intervenir en la causa, se confirmó las condenas.
Según se desprende del fallo, los magistrados consideraron «inadmisibles» los planteo de las defensas por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
E disidencia con esta postura, Carlos Rosenkrantz consideró que debía darse intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.
Lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo le pone punto final a lo actuado en esta causa por corrupción que dio inició a otra serie de investigaciones relacionadas con un saqueo sistemático de fondos públicos, sino que abre la puerta a avanzar sobre esa causas conexas. Además las postura de la Corte rechazando los planteos de los condenados podría significar una anticipo de otro fallo definitivo en la denominada Causa Vialidad, en la que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ya tiene dos condenas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner deberá seguir siendo investigada en la causa llamada la «Ruta del dinero K», en la que el máximo tribunal ratificó hoy las condenas por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Baéz y otros acusados.
Según se confirmó, la Corte rechazó la última apelación que la defensa de la ex presidente presentó contra los fallos de la Cámara Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron su sobreseimiento en la causa, y que aceptó como querellante en el expediente a la asociación civil «Bases Republicanas».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la apelación de Cristina Kirchner no se hizo contra una sentencia definitiva.
La causa es el expediente conocido como la «Ruta del dinero K» por el lavado de dinero de 55 millones de dólares por parte de Báez. El empresario y otros acusados fueron enviados a juicio oral por el juez federal Sebastián Casanello y por el fiscal federal Guillermo Marijuán en el que fueron condenados.
Pero una parte de la causa quedó bajo investigación. Es la que involucraba a Cristina Kirchner para determinar si ese dinero era suyo.
El fiscal Marijuán pidió en mayo del 2023 el sobreseimiento de Cristina Kirchner al entender que, tras una década de medidas, no se había podido acreditar su vinculación con ese lavado de dinero, más allá de la certeza de «la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez».
El juez Casanello aceptó el planteo y sobreseyó a la ex presidente. Pero en la causa se presentó la ONG Bases Republicanas y pidió ser parte de la causa, para sostener que «Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner». El magistrado rechazó que fueran querellantes en esta instancia del proceso, pero la Cámara Federal lo habilitó y mandó a revocar el sobreseimiento de la ex vicepresidenta. Marijuan debió volver a pronunciarse y ratificó el pedido.