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El plan ortodoxo del presidente supone, entre otras cosas, una devaluación del peso de más de 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía.

Redacción: Mag. Karin Silvina HIebaum

Acostumbrados a gobiernos populistas durante los cuales el Estado subsidió desde el boleto de autobús a la electricidad en sus hogares, los argentinos no podrán evitar las consecuencias del plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei que, entre otras cosas, supone una drástica reducción de las subvenciones y el consecuente aumento de las tarifas.

El gobierno del economista ultraliberal que asumió el 10 de diciembre comenzó a aplicar una batería de medidas que buscan recortar el gasto para terminar con el déficit fiscal y contener una inflación de casi 161% anual que ha disparado la pobreza a más del 40 por ciento.

En este escenario adverso, la mayoría de los argentinos apostó por el líder de La Libertad Avanza en el balotaje presidencial de noviembre pese a su inexperiencia en la política, a la que llegó hace apenas dos años, y a sus propuestas de ajuste que había adelantado durante la campaña.

Sin embargo, ¿hasta dónde estarán dispuestos a ajustarse el cinturón y aceptar este cambio de paradigma tras dos décadas de populismo?

El plan ortodoxo de Milei supone, entre otras cosas, una devaluación del peso de más de 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía.

En paralelo Milei firmó un decreto que desregula de forma radical la economía —fuertemente intervenida por el Estado— que ya ha generado las primeras reacciones en contra.

«Una cosa es hablar de la muerte y otra cosa morirse. Es probable que el discurso público diga ‘tenemos que ajustarnos, esto es insostenible’, pero después viene el ajuste y hay que ver si se tolera. Uno nunca puede proyectar cuánto dolor va a tolerar», dijo a The Associated Press el analista Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.

Producto del coctel de políticas populistas de las dos últimas décadas tras el fracaso del modelo neoliberal de los años noventa, los argentinos se acostumbraron a que el Estado mantuviera la gratuidad en la salud y la educación y suministrara millones de dólares en subsidios para diversos sectores pisando las tarifas de los servicios de luz y gas, los precios de los medicamentos y el valor de la gasolina.

Pero el brazo protector del Estado tocó un límite cuando los gastos superaron ampliamente los ingresos y la emisión monetaria se convirtió en la herramienta para financiar esa política benefactora disparando la inflación —la mayor preocupación de la ciudadanía según sondeos— y con ello la pobreza.

El cuadro se agravó con la contracción de la economía, en parte debido a la sequía que afecta al país desde 2021. En los últimos cinco años la moneda ha perdido cerca de 90% de su valor frente al dólar estadounidense y las reservas de divisas han menguado de forma preocupante. El país tiene una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa del sector privado se situó en junio en algo más de 93 mil 400 millones de dólares.

Conscientes de la magnitud de los problemas económicos, muchos argentinos apostaron por el líder de La Libertad Avanza con 56% de los votos, un respaldo que, sin embargo, podría diluirse fácilmente si el ajuste termina postrando a un país donde sectores de la clase media cayeron en la pobreza y los pobres en la indigencia y en el que la aceleración de los precios llevaría a fin de año la tasa de inflación a 200%, la más alta desde 1990.

Julia González, de 35 años, dijo confiar en Milei porque lo ve capaz de sacar adelante a Argentina, pero admitió que está preocupada por el impacto que tendrán en sus ingresos y los de su marido las medidas de recorte, particularmente la inminente suba del boleto del transporte. La pareja, que tiene una hija adolescente, alcanza a reunir unos 300 mil pesos al mes (362 dólares).

«Yo uso tres colectivos y el tren para llegar al trabajo y el sueldo ya se me va en trasporte», dijo la mujer, una paraguaya que reside desde hace años en Argentina y quien diariamente se traslada desde las afueras de Buenos Aires al centro de la capital. Se lamentó que ese gasto más «el colegio, la comida y pagar los servicios» la obligan a ella y su marido a «hacer malabares para llegar a fin de mes».

En Argentina el salario mínimo es de 156 mil pesos (unos 188 dólares) en un contexto de constante recalentamiento de los precios. Según las últimas cifras oficiales, en la inflación de 12.8% de noviembre una de las divisiones que más repercutió en el alza de los precios fue alimentos y bebidas no alcohólicas con 15.7%. En los últimos días los valores de esos productos se han disparado a raíz de la devaluación aplicada por el gobierno de Milei.

Vicente Bustamante, quien acude diariamente a alimentarse a un comedor que dirige un grupo de católicos en el marginal Barrio 31, se lamentó del creciente deterioro social.

«Veo más gente en la calle, hay menos laburo (trabajo), las cosas suben. Una familia que tiene para dar comida a seis criaturas… ¿Qué puede hacer el padre? Es triste, no es bueno que una criatura crezca en la calle», dijo Bustamante, de 50 años y quien tira de un carro por las calles en el que recoge papeles, cartones y otros desechos para luego venderlos.

El hombre pidió a la dirigencia política que «no haga la vista gorda» con la pobreza que afecta a 56% de los niños.

Milei ha afirmado que 60% de los recortes del gasto recaen «en la política» y 40% en el sector privado y que el ajuste en ese último es transitorio.

«Ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigas la oscuridad. Prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia», sostuvo.

Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores, apuntó que es probable que la sociedad haya llegado a un punto de quiebre pero la viabilidad y aceptación de las medidas de ajuste «dependerán esencialmente de que lo que se haga le termine dando resultado a la gente».

El economista recordó que un ensayo neoliberal similar se aplicó en la década de 1990 y redujo drásticamente la inflación, lo que dio al entonces gobierno apoyo social y le permitió modificar la Constitución e incorporar la reelección presidencial. «Pero después empezó a aumentar el desempleo y eso fue lo que terminó quitándole apoyo» a los mandatarios Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) y derivó en un colapso que propició la llegada al poder del populista Néstor Kirchner en 2003.

Previamente, la misma receta ortodoxa fue implementada durante la dictadura militar de 1976 a 1983, agudizando la pobreza.

Milei enfrenta el desafío de evitar que la inflación, que según anunció se recalentará en enero y febrero hasta alcanzar tasas de entre 20% y 30% mensual, no se dispare aún más.

«El gobierno tuvo que corregir el atraso cambiario (del peso respecto del dólar) y eso va a producir un shock de inflación, que es lo que estamos viendo en la calle», indicó Romero en referencia a los aumentos en los alimentos que van del 30% al 50%.

En tanto, la economista Jimena Blanco, analista jefe en la compañía de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, pronosticó que «el reordenamiento de las variables económicas, junto con la inercia inflacionaria y la inflación acumulada que había sido contenida artificialmente mediante controles de precios, significan que la inflación de tres dígitos seguirá golpeando a los consumidores en 2024».

En ese contexto de alza del costo de vida, bajos ingresos y recesión económica, el presidente deberá hacer frente además a una escalada de la conflictividad social.

El gobierno advirtió que no permitirá los bloqueos de calles y rutas que se habían convertido en una forma casi diaria de protesta.

Un 65% de los argentinos están de acuerdo con la decisión de prohibir estos cortes, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizado el 11 y 12 de diciembre a 4.200 personas encuestadas y con un margen de error de 1.5 puntos porcentuales.

«Hay una demanda social que no puede haber un corte todos los días», afirmó el politólogo Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. El riesgo es que la represión de las protestas se torne violenta. «Argentina en cuanto hay un muerto se descompensa todo. No registra niveles de violencia política de otros países. Para nosotros uno o dos muertos es de una gravedad enorme».

El antecedente de violencia social más fresco en la memoria de los argentinos son las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de De la Rúa en medio de una grave crisis económica y la represión policial dejó casi 40 muertos en todo el país.

La primera movilización importante en contra de las políticas de Milei, liderada por las organizaciones sociales que agrupan a miles de desempleados, tuvo lugar el 20 de diciembre cuando se cumplió un nuevo aniversario de aquel estallido social.

Esa misma noche decenas de personas hicieron sonar sus cacerolas en diversos puntos del país en contra del decreto con las medidas de ajuste que había anunciado poco antes el presidente.

Varios días después, la principal central sindical y otros gremios encabezaron protestas contra los recortes y las reformas contenidas en el decreto, como la que limita el derecho a la huelga en determinados sectores y flexibiliza el mercado laboral, y convocaron a un paro general para el 24 de enero.

Para Milei es vital mantener una base de apoyo popular durante el mayor tiempo posible debido a que su partido está en desventaja frente al peronismo, la primera minoría en las dos cámaras del Congreso, y también ante la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, prácticamente disuelta y donde tiene el respaldo condicionado de los sectores más conservadores.

¿Cuánto duraría el plazo de tolerancia de la sociedad al plan de ajuste?

La opinión de los analistas varía entre aquellos que sostienen que marzo es la fecha límite y los que apuntan que el plazo se puede extender 12 meses. Pero todos coinciden en que los ciudadanos necesitan percibir una mejora en su calidad de vida.

«Tiene que mostrar que hay un descenso de la inflación, que en febrero de 20% pasamos a 15%; que en marzo de 15% pasamos a 12%; que en abril de 12% pasamos a 8%. O sea, mostrar… que está controlando» la situación, dijo Romero.