+Prensa

Caleta Olivia
Vecinos del barrio 3 de Febrero detuvieron a un ladrón que minutos antes intentó robar en un comercio ubicado en la calle Beauvier en cercanías con la calle Río Santa Cruz.

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el hecho se produjo minutos antes de las 20 horas, horario del cierre permitido de comercios cuando un delincuente ingresó al local y amenazó a su propietario.

Al escapar del local, vecinos que habrían observado el hecho enfrentaron al ladrón, lograron detenerlo, le propinaros varios golpes hasta reducirlo y dar aviso a la División Tercera de Policía.

Al lugar llegaron los efectivos quienes constataron lesiones y debido a los golpes que recibió el hombre, debieron convocar a una ambulancia del Hospital Zonal.
En el lugar trabajaron los efectivos de la Tercera, quienes tras trasladar al delincuente (quien contaría con antecedentes por robo) al nosocomio y luego quedar detenido, se dio intervención al Juzgado interviniente.

Río Gallegos
El Ministerio de Salud y Ambiente comunica el fallecimiento de un paciente COVID en Río Gallegos.

Se trata de un paciente masculino de 72 años quien presentaba comorbilidades previas y se encontraba internado en el Hospital Regional Río Gallegos.
Acompañamos a la familia y entorno más cercano en este difícil momento.
La provincia registra al momento un total de 68 fallecimientos de pacientes COVID positivo desde que comenzó la pandemia.

Caleta Olivia
Mariano Nieto, dirigente de Tu Espacio confirmó a través de las redes sociales que dio positivo para COVID-19.

Nieto relató que «quiero contarles que ante un cuadro gripal que presente y siguiendo el protocolo establecido, personal de salud del programa Detectar me realizó las pruebas correspondientes, cuyos resultados de hace unas horas, dieron que soy un paciente con COVID Positivo».
Agregó que «me siento bien, cursando alguno de los síntomas, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones de los profesionales médicos. Quiero pedirles, que estemos unidos, se vienen quizás los momentos más difíciles para nuestra ciudad. Reforcemos nuestros cuidados».
Aseguró que «esta Pandemia, es otra prueba más, que seguramente nos dejará grandes lecciones para nuestras vidas y nuestra comunidad. Les mando un fuerte Abrazo», posteó en su red social de facebook.

Río Gallegos
Los haberes de septiembre estarán acreditados mañana jueves 1º de octubre para todos los jubilados y las jubiladas. Respecto del cobro presencial en el Banco Santa Cruz, se dividirá en cuatro días para reducir la aglomeración de personas en espacios cerrados atendiendo a la situación epidemiológica vigente y para resguardar a los adultos mayores.

Este jueves 1º de octubre tendrán acreditado sus haberes en sus cuentas los jubilados y jubiladas, como así también agentes retirados de la Policía.
Recordamos a todos y todas que el Banco Santa Cruz aumentó el límite de extracción de la jubilación en Cajeros automáticos; esto puede realizarse ingresando en el home banking y siguiendo los pasos indicados (Home Banking – Cuentas- Operaciones- Límites de extracción).
Para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, de distanciamiento social y en especial de cuidado para el sector de mayor riesgo ante el virus COVID-19, el pago de los haberes en el Banco se hará con la modalidad de terminación de DNI. Se busca evitar de esta forma aglomeramientos y cuidar a las personas que están incluidas en el sector de población de mayor riesgo.
Cobro presencial según el siguiente cronograma:
Jueves 1º: Quienes tengan terminación de documento de 0, 1 y 2
Viernes 2: Quienes tengan terminación de documento de 3,4 y 5
Lunes 5: Quienes tengan terminación de documento de 6 y 7
Martes 6: Quienes tengan terminación de documento de 8 y 9

Cañadón Seco
A raíz de las amenazas que recibió Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos de parte de manifestantes de la UTA que reclamaban frente a la municipalidad, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, expresó su «total solidaridad» con Grasso.

El jefe comunal se comunicó con el intendente de la capital provincial y expresó su «total solidaridad con los funcionarios, trabajadores municipales y con todos los vecinos de Río Gallegos por hechos que no tienen nada que ver con la acción sindical, ni con la historia del sindicalismo, ni con la historia de grandes dirigentes».
Soloaga se mostró preocupado por el accionar de dirigentes que encabezaron la protesta y aseveró que «estos hechos delictivos no se pueden permitir y menos que sucedan desde una organización representativa de intereses de los trabajadores».
Agregó que «esto no se debe dejar pasar debido a que estamos comprometidos con la democracia, con los símbolos del hecho democrático, del estado de derecho en la Argentina, en la provincia y en Río Gallegos», expresó y le envió su «absoluta solidaridad»
Los hechos acontecieron el martes pasado cuando manifestantes de la UTA amenazaron e increparon de forma violenta al intendente Grasso.
Tras la protesta, Grasso dialogó con los manifestantes a pesar de la escalada de tensión que se vivía en ese momento y tras el encuentro el intendente denunció que fue amenazado de muerte él y su familia, ya que uno de ellos lo increpó y le aseguró «meterle bala».

Río Gallegos
El Ministerio de Salud y Ambiente comunica el fallecimiento de un paciente COVID en Río Gallegos.

Se trata de una paciente femenina de 75 años quien se encontraba internado en el Hospital Regional Rio Gallegos, y presentaba comorbilidades preexistentes.
Acompañamos a la familia y entorno más cercano en este difícil momento.
La provincia registra al momento un total de 67 fallecimientos de pacientes COVID positivo desde que comenzó la pandemia.

Buenos Aires
Una sala de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento por cohecho (coimas) de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una del ramillete de causas que se abrió a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno.

En este caso es la causa por la «cartelización de la obra pública», en donde se estableció que funcionarios llevaron adelante entre 2003 y 2015 montaron un sistema de «recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente» de la que participaron los empresarios pagando coimas. Allí también están procesados un importante grupo de empresarios.
Se trata de la primera decisión de relieve contra Cristina Kirchner desde que llegó a la vicepresidencia, resaltaron a Infobae fuentes judiciales. Si bien en términos concretos no modifica el escenario, porque el expediente ya había sido elevado al
Tribunal Oral Federal 7 por el juicio oral, lo cierto es que aún quedaba este recurso pendiente que deja firme el procesamiento.
La decisión de la tomaron los jueces de la Sala III, a cargo de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci. El fallo se firmó cuando otra Sala, la I, con Ana María Figueroa a la cabeza, decidió revisar las declaraciones de los «arrepentidos» en el expediente principal y reclamar las grabaciones de esas confesiones. Hoy, también el fiscal de Casación Raúl Pleé reclamó dejar sin efecto esa medida.
No es un dato al pasar. El año pasado, hubo una «guerra abierta» en Casación sobre que sala se quedaba con la causa cuadernos. Es que como el juez Claudio Bonadio abrió la causa de los cuadernos, adjuntándola a la causa Gas Licuado, que ya existía; y después fue declarando conexos expedientes que ya existían o que se abrían con las revelaciones de los arrepentidos, hubo ideas y venidas sobre a quién le correspondía intervenir en la revisión del caso.
Finalmente, la Sala I, con la presidencia de Figueroa y Daniel Petrone y Diego Barroetaveña como vocales, se quedó con el capitulo Centeno. La Sala III, en cambio, se quedó con el resto de los expedientes.
Ahora, los jueces de la Sala III resolvieron confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner, al declarar inadmisible el planteo de la defensa. Catucci, Riggi y Yacobuchi analizaron la apelación presentada por la defensa de la hoy vicepresidenta al fallo que dictó el 29 de octubre de 2019 la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hoy en la mira por los traslados.
En ese fallo se confirmó la ampliación del procesamiento de CFK, que se había dispuesto originalmente en el expediente Centeno, «en cuanto la responsabiliza por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real» y se «atuvo a la prisión preventiva impuesta en la causa conexa 9.608/18». «Además en esa resolución la Cámara Federal confirmó parcialmente «el embargo decretado a Cristina Elisabet Fernández cuyo monto redujo a 200 millones de pesos».
En esa causa también están procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y medio centenar de empresarios, entre los cuales figuran Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Juan Chediack, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Gerardo Ferreyra. Buena parte de los hombres de negocios procesados por el juez Claudio Bonadio confesaron como arrepentidos haberse beneficiado del sistema de cartelización por el cual se fraguaban las licitaciones y se pagaban coimas. Hubo otros que lo negaron.

El fallo de Casación
Contra esa decisión, los defensores de la ex presidenta fueron a Casación. «Considerando que la parte quejosa no logró refutar en forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló el a quo como objeción al recurso que intentó -dijeron los jueces-. En efecto, los argumentos de la impugnante, lejos de contrarrestar los fundamentos expuestos por el tribunal de la instancia anterior, evidencian sólo una opinión diversa sobre el asunto traído en examen, razón por la cual la presentación directa no logra superar la barrera de admisibilidad».
El fallo aseguró: «la defensa intentó discutir por esta vía elementos de prueba suficientes para avalar el tipo de pronunciamiento que pretenden atacar y que fueron acabadamente tratadas por la Alzada, sin cuestionamientos que pudieran perfilar una cuestión federal. Más aún cuando es el debate la etapa donde las partes tienen la oportunidad de discutir la prueba producida».

«Es por ello que la decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena», se aseguró.

A criterio de Casación, la resolución de Bruglia y Bertuzzi «ha satisfecho la garantía establecida en los artículos 8.1 y 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14, inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ambos incorporados a la Constitución Nacional». «Al no haber podido los codefensores particulares acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por la Corte», se declaró inadmisible el pedido de la defensa de Cristina Kirchner.
Esta causa, conocida como la cartelización de la obra pública o «la camarita, como le dicen los abogados defensores, comenzó por los dichos de arrepentidos. Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.
Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.
José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Más tarde, volvió a declarar vinculando a los empresarios.
La ex presidente había dicho en su declaración que en esta causa se daban las mismas irregularidades de la «causa de las fotocopias», en donde «no se realizó sorteo alguno para designar al juez que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado».
«En este proceso se estarían investigando presuntos pagos ilegales efectuados por empresas vinculadas a la obra pública civil. Aquí se me acusa, una vez más, de haber liderado una supuesta asociación ilícita y tampoco se precisa cuál habría sido mi participación en los cientos de presuntos actos delictivos a los que genéricamente se hace referencia en el expediente. Todo se resume al supuesto carácter de jefe de tal imaginaria asociación, de la que no existe por cierto evidencia alguna», afirmó. Y añadió: «En estas condiciones, como ya lo advertí, desarrollar el derecho de defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a señalar que se trata de una nueva imputación calumniosa en mi contra». (Fuente: Infobae)

Río Gallegos
El doctor de la policía de Santa Cruz, Marcelo Casaro, falleció el martes a la noche luego de estar varios días internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Río Gallegos.

Atendía en el ámbito privado y además era infectólogo. Conmoción en el sector de salud que lucha contra la pandemia.
El fallecimiento del médico causó una gran conmoción entre el personal de salud de la ciudad de Río Gallegos, familiares, amigos y allegados.
Es el primer profesional de la medicina fallecido que debió ser internado luego de haberse contagiado de Covid-19. Tenía 49 años y era diabético, lo que lo convertía en grupo de riesgo. Fue uno de los primeros pacientes en recibir tratamiento con plasma en un intento por salvarle la vida.
Casaro era médico generalista y trabajaba en el ámbito privado como infectólogo. Era además médico de la Policía de Santa Cruz y trabajaba en el Municipio de Río Gallegos. Fue internado entre fines de agosto y los primeros días de septiembre luego de contagiarse Covid-19.
Con esta pérdida son 66 el total de fallecidos en la provincia de Santa Cruz por Covid positivo, desde que comenzó la pandemia.
Minutos antes el Gobierno de la provincia había informado la muerte número 65. Un hombre de 85 años que también estaba internado en el Hospital Regional de Río Gallegos y también presentaba comorbilidades. (Fuente: ADNSur)

Caleta Olivia
Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con los conductores del medio radial Mediática Digital, Silvina Cárdenas y Julio Oyarzún, que en repetidas ocasiones sufrieran amenazas de parte de Ariel Guerrero, responsable de la Casa de la Juventud, exigiendo que el medio deje de hablar de Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos.

En particular dirigiéndose a Silvina en términos machistas, agraviándola en su condición de mujer.
Desde nuestro partido defendemos de forma irrestricta el ejercicio de la libertad de prensa, como una de las formas imprescindibles de la vida democrática. Es inadmisible y repudiamos las amenazas de este funcionario a estos trabajadores de prensa, que día a día se dedican a la sacrificada y loable tarea de mantener informada a la población en los quehaceres de la vida cotidiana y política de nuestra ciudad capital.
En particular, consideramos muy grave que un funcionario en contacto con jóvenes y adolescentes, se comporte de esta manera, con conductas típicas de la violencia de género y la opresión machista.
Exigimos la renuncia inmediata de Ariel Guerrero a su cargo, y una disculpa pública de parte de su jefe político, el intendente Pablo Grasso, en desagravio a Silvina, Julio y a todos los trabajadores de prensa, en lo que consideramos un atentado al libre ejercicio de la labor del trabajador de prensa.

Río Gallegos
Lo afirmó el bloque del FdT en la Legislatura Provincial, adelantando avances en el diálogo entre la firma productora del fármaco y ANMAT.

«Esperamos con esperanzas los resultados de la presentación de estos requerimientos, que la Administración Nacional pueda evaluar de manera acabada su efectividad y avanzar de esta manera en su autorización», sostuvieron.
El Bloque del Frente de Todos en la Legislatura Provincial, en el marco de las gestiones que están realizando ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en relación a la autorización para la utilización del producto «Luarprofeno» (Ibuprofeno en solución inhalatoria y nebulizable) en pacientes COVID-19 positivo, informó este martes que, a la fecha, el laboratorio que lleva adelante su producción, continúa con las presentaciones requeridas por el Ente Regulador, según la normativa vigente establecida en la Disposición 6677/2010.
De acuerdo a la información suministrada por estas horas a integrantes del Bloque mayoritario desde ANMAT, se informó que «existe un diálogo abierto con la firma productora del fármaco, y que reviste de un especial interés por parte de las autoridades nacionales, ya que de ser aprobados los ensayos clínicos y comprobada su eficacia, este tratamiento podría ser un paliativo importante para enfrentar esta pandemia que hoy tiene a la Provincia, al país y al mundo en vilo».
«Con el objetivo de no abundar en controversias políticas, ni suspicacias respecto de planteos realizados por estas horas en medios de comunicación y redes sociales relacionados a la falta de ‘sensibilidad’ por parte de las autoridades provinciales», legisladoras y legisladores del FdT de la Cámara del Pueblo recordaron que «la propia empresa informó días atrás que recién el 17 de julio del corriente año se remitió a la ANMAT la información relativa al protocolo de ensayo clínico de LUARPROFENO, confirmando de este modo que aún no se cuenta con la autorización necesaria para su uso», señalaron, información que se encuentra disponible en https://www.quimicaluar.com.ar/comunicado-luarprofeno/.
Desde el Bloque del FdT, reiteraron que «desde nuestra bancada, y como santacruceños y santacruceñas, esperamos con esperanzas los resultados de la presentación de estos requerimientos, que la Administración Nacional pueda evaluar de manera acabada su efectividad y avanzar de esta manera en su autorización, buscando que sirva de paliativo ante esta enfermedad, que tanto padecimiento conlleva a nuestros vecinos y vecinas».
Finalmente, sostuvieron que «una vez autorizada su implementación, si el Gobierno Provincial decide avanzar con su uso, sin dudas estaremos acompañando esta decisión, ya que no se puede experimentar con la salud de los santacruceños y santacruceñas, como tampoco ha experimentado el Gobierno Nacional en el resto del país, de lo contrario ya se estaría utilizando».

Caleta Olivia
Las legisladoras de la UCR Roxana Reyes, Nadia Ricci y Daniela D’Amico volvieron a pedirle a la gobernadora Alicia Kirchner, y a sus ministros, que implementen las propuestas que vienen presentando desde el inicio de la pandemia y que refuercen el personal médico contratando terapistas.

«Necesitamos que el gobierno haga lugar a estas propuestas porque son beneficiosas para el conjunto de los santacruceños, no para un sector político. No es tiempo de arbitrariedades políticas. Además, lo más urgente hoy es convocar médicos terapistas, algo que no se está haciendo. Trajeron neumonólogos, cardiólogos, clínicos, pero no terapistas» afirmaron.
Uno de los proyectos impulsados por las legisladoras promueve el uso de ibuprofeno inhalado que ayudaría a mitigar las consecuencias del Covid-19 y a descomprimir la situación del sistema sanitario.
«Es inentendible que los funcionarios y legisladores del oficialismo no alcancen a comprender que puede beneficiar a todos los santacruceños. Crean grieta en un tema que es de salud pública y ponen en riesgo a toda la población» sostuvieron.
Por su parte, Nadia Ricci destacó que «el proyecto del ibuprofeno inhalado es el más urgente y el que más necesitamos en estos momentos en que el sistema de salud provincial está colapsado. Los argumentos del FdT para no aprobarlo son muestra de las mezquindades políticas que son inadmisibles y nos perjudican a todos».
Las legisladoras radicales, además, se refirieron a otros proyectos que resultarían beneficiosos para atravesar esta situación crítica que vive la provincia y que no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte de la gobernadora ni de sus ministros.
«En marzo cuando nos reunimos con la gobernadora le acercamos una serie de propuestas en materia de salud y economía que hasta el día de hoy no se implementaron y que hubieran servido para amortiguar los impactos negativos que está provocando la cuarentena indefinida» expresó Reyes.
Como ejemplo, la Diputada Nacional mencionó las iniciativas que presentó para acondicionar el Hospital Militar y para agilizar los trámites de titulación de los estudiantes de enfermería de la UNPA.
Por su parte, la concejal Daniela D’Amico recordó la App que desarrolló la empresa Zimatech cuando comenzaban las restricciones para circular. Esta App permite optimizar los controles de tránsito e indicar, en tiempo real, si una persona está autorizada a circular o no.
«Esta propuesta la presentamos, también en marzo, previendo que sería una herramienta de gran utilidad para efectivizar los controles ya que está desarrollada con una base de datos propia que permite controlar los permisos emitidos por el gobierno nacional» explicó D’Amico.
La App a la que hace referencia la concejal no se puso en funcionamiento en Río Gallegos, pero sí fue utilizada con éxito en la ciudad de Córdoba.
Para concluir, las legisladoras le dejaron un mensaje a la gobernadora y a sus ministros: «Sería bueno que informen con la verdad para no crear falsas esperanzas.»