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Un reciente informe con datos oficiales reveló que 90.302 personas están empleadas de forma directa en el Estado provincial, lo que representa el 27% del total de la población de la provincia.
En términos concretos, queda claro que un porcentaje significativo de los santacruceños tienen una dependencia directa de salarios vinculados al empleo público.
La pregunta que dispara un debate impostergable es si esto es bueno o malo, positivo o negativo para el desarrollo de una provincia, sobre todo teniendo en cuenta su densidad demográfica, su estructura productiva y su potencial a desarrollar.
Este debate no sólo es central, sino que como se ha dicho, es impostergable en Santa Cruz donde por treinta años se fomentó un sistema soviético donde el Estado era el «gran proveedor» incluyendo el empleo; en una dependencia monolítica que a su vez generó absoluto control social y de la masa laboral.
No se trata de una opinión, es un dato de la realidad: quienes son parte del gran engranaje de la administración publica lo saben y lo padecieron por años; mientras el «gran Estado K» abandonó al sector privado a su suerte y eliminó toda posibilidad del desarrollo productivo y económico.
En tiempos en donde los cambios de paradigma son fuertes, veloces y profundos, la idea de los «Estados «factótum» ha quedado absolutamente descartada en una ecuación para el crecimiento.
Menos Estado, menos gasto publico, menos ingerencia estatal en lo individual y sobre todo más libertad, son las consignas que se arraigan hoy en el país, con cambios que se dan de manera dispar en cada región.
La «batalla cultural» que se plantea respecto a la «incidencia» que tiene el sostenimiento del empleo público masivo con relación a las posibilidades de crecimiento genuino de una comunidad, no es sólo dialéctica. Las consecuencias tienen impacto en personas.
No es una cuestión de números fríos o de planillas de Excel, y por eso abordar este tema es fundamental y para Santa Cruz absolutamente necesario.

¿Que significa ser estatal?

Es cierto que en el caso de la Patagonia la estrategia de poblamiento siempre estuvo ligada a la avanzada estatal en base a estructuras administrativas; pero luego, poco y nada se hizo para desarrollar sus bases productivas.
Aquí claramente hay una responsabilidad política ineludible; y es entonces cuando uno debiera esperar que los actores de la política abandonen sus discursos condescendientes, demagógicos y melosos y abran un debate serio, concreto y con ideas, no con eslogan baratos como el del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso diciendo que los trabajadores del Estado defienden la soberanía. Ese sólo comentario prácticamente lo deja afuera de una discusión inteligente. Aunque no habría que olvidar que él, como funcionario, fue parte de esa maquinaria que durante décadas sumergió a la provincia en el abandono y al atraso; incluido la falta de respuestas a las demandas laborales para los ciudadanos que en último caso, solo encontraron una posibilidad de sobrevivir ingresando a las filas del empleo publico.
Las declaraciones de Grasso difundidas en el diario Tiempo Sur vinieron supuestamente a «cruzar» (término inapropiado que usan los medios berretas cuando quieren expresar que una persona «cuestiona» a otra) al gobernador Claudio Vidal quien se refería a las demandas salariales expuestas por el sector gremial estatal.
«Muchos se quejan de los salarios del Estado. Es cierto, pero no es culpa nuestra, esto viene mal hace muchos años y estamos recuperando de a poco ahora», dijo Vidal en dialogo con los medios locales en una improvisada rueda de prensa frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia.
Pero el gobernador fue más lejos aún con su critica: «Muchos se quejan, pero nadie se va del Estado. Nadie se va del Estado. Todos se quieren quedar en el Estado», insistió. Estas declaraciones se dan en medio de reclamos de ATE y de un conflicto que tiene como epicentro la localidad de Los Antiguos.
Hay que recordar que la provincia cerró sus paritarias y los porcentajes estuvieron por encima de los acuerdos que se dieron en los principales sectores, en un acuerdo que había incluido una «cláusula gatillo» para superar los índices de inflación. Es en este contexto en el que Vidal cuestionó a la representación sindical de los estatales y dijo: «a veces la dirigencia también comete errores y después no se hace cargo».
El tema respecto a la negociación salarial pudo haber quedado ahí, pero el gobernador avanzó sobre el tema y puso sobre el tapete de la opinión publica un tema que en años nadie quiso abordar: el Estado como dador de empleo.
Fue cuando Grasso recogió el guante y aprovechó para confrontar (léase «chicanear» según los medios berretas) y como ocurre habitualmente en la política ordinaria usó sus redes sociales para subirse a la discusión: ¿Sabías Claudio Vidal que los trabajadores del Estado son los que garantizan servicios y derechos esenciales de la población, cómo la seguridad, salud y educación?», publicó. Ocurre que este mensaje «posteado» no sólo desenfoca el centro de la discusión, sino que en si mismo, complementa el planteo del gobernador respecto al debate sobre el empleado público. En definitiva, analizar la diferencia entre servicio y trabajo; entre ser empleado, ser trabajador o cumplir una función.

La pregunta incómoda

«Yo les pregunto a todos los que se quejan: ¿probaron lo que es laburar en el privado? Laburar 8, 10 horas, laburar 21 días fuera del hogar, que no podés compartir cumpleaños con tus hijos, con tu pareja, con tu núcleo familiar. Y muchas veces tenés que estar en los yacimientos petroleros o si sos marinero y embarcás una semana, diez días, dos meses. No es fácil», fue el concreto y políticamente poco correcto cuestionamiento de Vidal hacia los estatales que se encuentran en medidas de protesta.
En esta pregunta incómoda Grasso encontró una oportunidad para desplegar toda la demagogia que suele supurar cada vez que se piensa como el antagonista del gobernador.
«Vidal: ¿adónde querés que vayan los trabajadores del Estado si en el privado tampoco hay trabajo?», fue la primera frase lanzada en su red social.
Como si se tratara de virtuoso de la mayéutica, respondió a una pregunta con otra pregunta; aunque el interrogante que le plateó a su contrincante lo debería haber respondido él y los gobiernos que integró durante años.
Si Grasso pretende saber ¿Dónde se puede conseguir trabajo en Santa Cruz, que no sea en el Estado?, tendría que pensar por qué la provincia esta como está y allí tendría la respuesta.
Pero el intendente de Río Gallegos – recién llegado de su gira Carioca – no se iba a perder la oportunidad de tener algo de exposición que le evite dar otras respuestas sobre su propia gestión.
Grasso dejó para el final un elogio a los estatales y aunque no venía al caso, los definió como defensores de la soberanía, con un toque sensiblero aunque fuera de contexto.
«Acá en el sur son aún más fundamentales para garantizar soberanía?», fueron las palabras del intendente de Río Gallegos que a esa altura podría haber hecho cualquier comparación para poner un final supuestamente épico a su supuesta controversia con Vidal.

Personas detrás de las cifras

Según cifras oficiales referidas a la estructura del gobierno nacional, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el empleo en el sector público se redujo un 9,6%, lo que equivale a la eliminación de 47.925 puestos de trabajo.
Esta reestructuración, destacó un informe del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, permitió generar un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares.
Pero como ya se ha dicho, atrás de la cifras y de la pelea dialéctica entre los «pro Estado y los anti Estado», hay personas, familias, sus sueños y proyectos de vida.
Casi 50 mil empleos menos en el Estado Nacional significan esa misma cantidad de personas que en los últimos cuatro meses debieron salir a buscar trabajo en el sector privado.
Analizando el impacto en una masa salarial como la del Estado nacional, los números de abril de 2025, marcan que la reducción de personal en el sector público generarían «un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos». Aunque parezca inapropiado, para la gestión de Presidente Javier Milei, reducir la estructura del Estado en términos de empleados representa un ahorro en sueldos.
Volviendo a las cifras de Santa Cruz, si tomamos en cuenta que la provincia tiene 337 mil habitantes (censo del año 2022) y que 90.302 personas están empleadas de forma directa en la provincia; el 27% de la población vive de un sueldo del Estado. Aunque a esto se debería agregar las plantas de empleados de las municipalidades y Comisiones de Fomento; con lo cual es probable en mas de la mitad de las familias santacruceñas haya un emplead publico.
Es ahí donde la pregunta incómoda del gobernador debería servir para avanzar en este debate tremendo por su connotación social.
Tal vez es la primera vez que un gobierno provincial intenta repensar su estructura a la vez que pide tiempo para genera cambios graduales sin afectar a quienes están detrás de esas enormes cifras; contraponiendo esto contra los primeros 17 meses de Milei que eliminó casi 50 mil empleos públicos.
Sin dudas éste es un asunto que Santa Cruz tiene que resolver si quiere tener un futuro, o al menos, algún futuro.

El Consejo Agrario Provincial convocó a una reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de la cual participaron representantes del SENASA, el INTA, la FIAS, y COFROPAT. Se analizó la situación sanitaria de Santa Cruz y posibles acciones frente a la situación de la sarna ovina en Patagonia y el impacto de la flexibilización de la barrera sanitaria propuesta por SENASA mediante la resolución 180/2025.

Sarna ovina

En noviembre de 2023, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró a Santa Cruz como zona libre de sarna ovina mediante la Resolución 1142/2023, tras más de dos años sin detección de brotes. Este reconocimiento fue posible gracias a la implementación sostenida de un sistema de vigilancia activa, el control de movimientos y un trabajo coordinado entre organismos nacionales, provinciales y productores, que permitió detectar y erradicar los distintos focos. La participación activa de los fondos de Ley Ovina fue clave para financiar inspecciones y tareas sanitarias en terreno.

La sarna ovina es una parasitosis externa causada por el ácaro Psoroptes ovis, altamente contagiosa, que afecta la calidad de la lana, provoca pérdida de peso y debilitamiento de los animales, que genera importantes perjuicios económicos y atentando contra el bienestar animal. Su forma de transmisión más común es por contacto directo entre animales o indirecto, a través de cercos, herramientas o transporte sin desinfección adecuada.

Mantener este estatus sanitario no sólo implica haber erradicado la enfermedad, sino también sostener una vigilancia permanente y medidas de control preventivo para evitar su reintroducción desde zonas donde la enfermedad aún está presente. Por eso, en la reunión se evaluaron los focos detectados en provincias vecinas como Chubut y Río Negro, y se advirtió sobre el riesgo potencial de ingreso a través del movimiento de hacienda, personas y maquinarias.

Se acordó avanzar en una campaña preventiva articulada entre los organismos presentes, con foco en los productores ovinos y contratistas de esquila, promoviendo la desinfección de ropa, herramientas y otros elementos utilizados durante la esquila. También es necesario profundizar medidas preventivas en el traslado de animales provenientes de zonas donde es altamente posible la presencia de la enfermedad.

Pruebas realizadas por SENASA confirman casos de resistencia a la ivermectina, quedando como única alternativa efectiva el baño por inmersión con Cipermetrinas. Cabe señalar que la mayoría de los establecimientos ganaderos ovinos no disponen de baños en condiciones para la realización de este tratamiento, por lo que resulta fundamental fortalecer estrategias preventivas eficaces y sostenidas en el tiempo.

Flexibilización de la barrera zoofitosanitaria del río Colorado

También se discutió frente a la posible flexibilización de la barrera sanitaria patagónica dispuesta por la Resolución 180, actualmente suspendida hasta el próximo 16 de junio. Esta medida habilitaba el ingreso de carne con y sin hueso desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación, poniendo en riesgo el estatus que ostenta la región patagónica y el partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Su entrada en vigencia podría tener consecuencias sanitarias, comerciales y económicas graves para la producción regional, en particular para las cadenas ovinas y laneras cuyos productos están destinados a la exportación. Pese a la suspensión, la publicación de la mencionada resolución afectó directamente a los productores bovinos de Patagonia, quienes vieron afectada la comercialización de terneros y novillos.

En este sentido, se reafirmó el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con la defensa del estatus sanitario regional, alentando la puesta en marcha de un plan nacional cuyo objetivo sea lograr que toda Argentina sea declarada libre de fiebre aftosa sin vacunación, estatus alcanzado por Brasil y Bolivia previa aprobación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que será ratificado el próximo 6 de junio.

Por último, se propuso trabajar en un plan para la erradicación de la brucelosis y tuberculosis bovina, un objetivo estratégico con impacto positivo sobre la producción santacruceña.

En un trabajo conjunto entre el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) con los Municipios de Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, se logró finalizar el proceso administrativo para que 15 familias realicen la firma del título de propiedad de sus viviendas.

En la jornada que se desarrolló en ambas localidades, procedieron al acto de firmas encabezado por el presidente de IDUV, Cristian Mansilla y el director Registro de Escrituras de IDUV, Alberto Oyarzo, junto al intendente de Puerto de Santa Cruz, Juan Manuel Borquez y la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso.

Sobre esta actividad, presidente de IDUV expresó que «hoy estuvimos en las dos localidades en un proceso que consistió en la firma de escrituras de títulos de propiedad y cancelaciones de hipoteca”. En tanto, indicó que “el lunes vamos a continuar con estas tareas en las localidades de Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena».

Por otra parte, remarcaron la importancia del trabajo que viene realizando el organismo para regularizar la propiedad de las tierras: “hay familias que hace mucho tiempo terminaron de pagar sus viviendas y siempre falta este último paso que es lo más importante de todo: la obtención del título de propiedad de sus casas», indicaron desde la Dirección de Escrituraciones.

Asimismo, advirtieron que «hay expedientes con 20 años de tratamiento y en ese tiempo suceden diversas situaciones que hacen que ese archivo varíe, para ello se requiere documentación y actualización, por esa razón, cuando se llega a la última instancia nos encontramos con cuestiones por resolver; es muy importante llegar finalmente a firmar los títulos de propiedad».

Reuniones

Durante la jornada, Mansilla, acompañado por el equipo del IDUV que se desempeña en Puerto Santa Cruz, mantuvo una reunión con el intendente Juan Manuel Bórquez. En el encuentro, se abordaron los trabajos que el organismo desarrolla en la zona, así como los proyectos de infraestructura que se van a ejecutar.

Posteriormente, en Gobernador Gregores, se llevó a cabo una reunión con la intendenta Carina Bosso y su equipo. En esta ocasión, el eje del diálogo giró en torno a la organización de futuras obras y al avance de los procesos administrativos necesarios para concretar escrituraciones de adjudicatarios de IDUV.

Ante el reciente hecho de robo de caños y cobre que se registró en yacimientos que opera actualmente la empresa YPF en zona norte, el gobernador Claudio Vidal, instó al presidente de YPF, Horacio Marín, a que formalice las denuncias en la justicia provincial. Además, aclaró que la empresa estatal nacional solo puede operar en Santa Cruz hasta que se firme el convenio definitivo, previsto para los próximos días.

El gobernador Claudio Vidal encabezó hoy una mesa de trabajo con el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo y autoridades de Gendarmería Nacional, para evaluar el cuadro de situación que fue planteado al detectarse una serie de robos de caños y cobres en yacimientos que opera la empresa YPF.

Al término de la misma, el mandatario provincial dialogó con los medios de comunicación, oportunidad en la que habló, en principio, acerca del robo de materiales desde los yacimientos, lo cual genera una grave complicación para la provincia.

En ese marco, el Gobernador detalló que en el día de ayer y a través de distintos controles en las rutas, se descubrió que estaban sacando caños que eran de la provincia, “y los que autorizaron y autorizan para que se dé esta situación son los mismos funcionarios de YPF”, señaló.

“Con esto quiero decir que YPF se está yendo de la provincia y en este caso se está llevando lo que no corresponde. Nosotros cuando firmamos un acuerdo con YPF y esto quedó bien claro, no se pueden llevar nada más de Santa Cruz”, enfatizó, al tiempo que aclaró “Lo que, si puede hacer YPF, es seguir operando hasta que hagamos la firma final del acuerdo que, si todo sale bien, será en los próximos días”, aseguró.

“En el caso del robo de cobre que sucede hace varios años en la zona norte de Santa Cruz, es mucho más que el valor del precio del cobre porque cuando nos cortan una línea de cableado en los yacimientos, nos paralizan gran parte de los pozos que están produciendo. Después las empresas de servicios de las operadoras tienen una demora de 15 o 20 días para poner nuevamente en marcha esos pozos, además del análisis económico que hacen para ver si conviene o no conviene recuperar esos pozos”, explicó. En ese sentido, remarcó que ante este tipo de hechos se genera una importante pérdida de producción y regalías.

“Esto es algo que sucede hace muchos años, lamentablemente el estado fue bastante condescendiente. Estamos bastante tristes por lo que pasa y tenemos que solucionarlo”, amplió. A la vez, indicó que una de las formas de salir de la situación económica que atraviesa la provincia y el país, es defendiendo nuestros recursos y trabajando para incrementar la producción.

Al ser consultado acerca de que, si la Provincia accionará judicialmente ante YPF, Claudio Vidal, dijo: “Quiero marcar la diferencia, con algunos juzgados de Zona Norte, estamos trabajando muy bien dado que están demostrando buena predisposición para resolver algunas cuestiones que son delicadas y para intervenir en el proceso de investigación”. Asimismo, recalcó que el cuadro de situación planteado ante este hecho de robo, fue frenado. “Le estoy pidiendo al presidente de YPF, Horacio Marín que haga la denuncia, proceso con el cual estamos hace más de 24 horas. Anoche se comprometió a mandar los abogados de la empresa y aún estoy esperando”, resaltó.

“A través del Ministerio de Seguridad hemos presentado algunos proyectos en la cámara de diputados para tener un mejor control de todo el tipo de chatarra y todo el material ferroso que sale de la provincia”, expuso.

Finalmente, el Gobernador manifestó que las empresas que lleguen a tomar posesión de los activos que abandona YPF, van a necesitar el cobre, los caños, el equipo de bombeo, la maquinaria y los equipos, para volver a poner los yacimientos en marcha y recuperar la producción.

Ante la creciente preocupación generada por recientes anuncios sobre la quita de subsidios por zona fría en el servicio de gas, el presidente de Distrigas S.A., Marcelo De La Torre, llevó tranquilidad a los usuarios santacruceños. Además, remarcó que la provincia de Santa Cruz no se verá afectada por la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.

«En primer lugar, llevo tranquilidad de que no afecta a la provincia «, afirmó De la Torre. La resolución a la que se refiere el funcionario alude a la ampliación de la Ley de Zona Fría de 2021, que ampliará el beneficio a departamentos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y algunas provincias del noroeste del país.

Detalles de la resolución nacional

De La Torre explicó que la normativa nacional establece que, para aquellos usuarios con más de un medidor de gas a su nombre, el primer medidor mantendrá la cobertura vital del 70% del subsidio de zona fría. Los medidores adicionales, en cambio, verán una disminución en el reconocimiento del subsidio, pasando a un 30%, lo que implica que el usuario deberá abonar el 70% restante del consumo.

Es importante destacar que esta resolución aplica a todas las distribuidoras y sub distribuidoras del país, incluyendo a Camuzzi en Santa Cruz. No obstante, el presidente de Distrigas S.A. reiteró que no hay quita de subsidio al gas a pesar de esta nueva medida.

El invierno y el impacto en las facturas por el consumo

A pesar de la continuidad del subsidio, De La Torre advirtió que la llegada anticipada del invierno y las bajas temperaturas provocarán un aumento en el consumo del fluido, lo que inevitablemente se reflejará en facturas más abultadas.

Consultado sobre la percepción de menor «fuerza» del gas durante los picos de frío, el Presidente de Distrigas S.A. explicó que esto se debe a la capacidad limitada del gasoducto que atraviesa la Patagonia. «El caudal de gas tiene un tope que es la capacidad de transporte que tenga el gasoducto», señaló, indicando que, aunque haya más gas en el país, no se podrá transportar hasta que no se amplíen los gasoductos necesarios.

Novedades en obras para El Calafate y Río Gallegos

En cuanto a las buenas noticias, De La Torre se refirió a los anuncios de obras realizadas por el gobernador Claudio Vidal, destacando la ampliación de plantas reguladoras en distintos barrios de El Calafate y la compra de una estación reguladora para Río Gallegos.

En El Calafate, la capacidad de entrega de gas está saturada, por lo que se realizarán refuerzos en la red con caños de mayor diámetro, además de la ampliación de la estación reguladora de presión. Estas obras son cruciales para poder brindar un suministro adecuado a la localidad.

Finalmente, De la Torre reafirmó que la noticia más importante para los santacruceños es que «Santa Cruz no pierde zona fría” y que actualmente los usuarios continúan “pagando el 50% de la boleta de gas” gracias a este beneficio.