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Río Gallegos
El diputado provincial de Encuentro Ciudadano opinó que «el actual interventor debería renunciar» y reclamó «acelerar la normalización de nuestra obra social con la participación de los afiliados».

En un contexto en el que semana a semana se agravan las dificultades en las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales, el diputado Javier Pérez Gallart reclamó «acelerar la normalización de nuestra obra social con la participación de los afiliados».
El legislador de Encuentro Ciudadano advirtió que «el gobierno provincial no está garantizando el derecho a la salud».
«Ante la falta de cobertura de los servicios por parte de nuestra obra social estatal, que muchas personas y familias están padeciendo, el gobierno está incumpliendo con un derecho humano fundamental que es el derecho a la vida, del cual deriva el derecho a la salud», explicó.
Por otra parte, sostuvo que «ante al fracaso de su gestión y por la insensibilidad demostrada en todo este último periodo, el interventor Stesso debería renunciar al cargo».

Normalización
Respecto del proceso de normalización de la obra social, cabe señalar que en diciembre último se sancionó la Ley de Reestructuración del organismo, norma que establece un plazo de 180 días para -entre otras cosas- la puesta en funciones del nuevo directorio con representación de los afiliados activos y pasivos.
«En este contexto de evidente crisis que todos vemos desde comienzo de año, creemos que es urgente la necesidad de normalizar la Caja y, ante este panorama, esto debería hacerse con la participación activa de quienes pueden representar a los afiliados», subrayó Pérez Gallart.
Desde Encuentro Ciudadano ya se había planteado la necesidad de crear una «Comisión Auditora del Proceso de Transición hasta tanto sean elegidas las autoridades y los vocales, es decir, hasta tanto se normalice nuestra Caja». El planteo fue realizado por la ex diputada del espacio, Gabriela Mestelán, a fines del año pasado, cuando se discutía el tratamiento de la ley de reestructuración.
«Es evidente que la gestión del actual interventor de nuestra obra social ha fracasado. Pero a esto se suma una falta de sensibilidad que a esta altura es preocupante», observó Pérez Gallart. Vale recordar que el actual interventor, Federico Stesso, fue puesto en funciones en noviembre de 2018.

Buenos Aires
Aníbal Fernández echó a 417 agentes designados por el gobierno anterior en Río Turbio
El flamante interventor de Yacimientos Carboníferos consideró que fueron «ilegítimos» esos nombramientos. Además presentó una denuncia contra su antecesor.
El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó «por ilegítimas» las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior, y denunció a su antecesor en el cargo por «desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio» de la compañía.

Explicación
En su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, «días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente» y explicó que esas designaciones se fundamentaban «en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal».
Para Fernández, esos argumentos eran «todas falacias», ya que «las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa».
Ante la consulta de Clarín, el funcionario sostuvo que no se tratan de despidos sino de revocar una resolución que es nula «de nulidad absoluta» firmada por la anterior gestión. Anibal Fernández detalló que estas más de 400 designaciones «no responden a personal técnico ni a operarios sino que se tratan de personas vinculadas a la Politicas del espacio de Cambiemos».

Justicia
Para la Justicia, alrededor de YCRT existió una «maniobra defraudatoria» concretamente desde el «ex Ministerio de Planificación Federal, de YCRT y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la «Fundación Facultad Regional Santa Cruz» (FRSC)».
En la causa se estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, «en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos». Por ese desvío De Vido fue preso, procesado y enviado a juicio.

Carbón
A través de la mina de carbón que según el macrismo incrementó su planta de personal por encima de su capacidad: entre 2011-2015 se «sobredimensionó la planta llegando a poco más de 3.000 agentes», señaló un informe de la gestión macrista. En números más finos señalaron que creció un 233% la planta mientras que «la producción de carbón fue de un 85% menos».
Entre otras cosas, el interventor de YCRT explicó que al analizar legajo por legajo se detectó que muchos de los nombramientos «se habrían firmado en el Concejo Deliberante». La mina de carbón santacruceña se encuentra improductiva desde agosto del año pasado por medidas de fuerza por reclamos gremiales.
En función de estos números, el ex interventor Omar Zeidán ordenó el despido de más de 245 operarios. Es Aníbal Fernández quien lo acusa ahora de nombramientos irregulares días previos a dejar la gestión. Hubo más alrededor de YCRT que será administrada por Fernández. La Justicia investigó diversos proyectos que se financiaron desde la empresa intervenida. Entre los cuales se encuentra la construcción de la Usina Térmica que la mina de carbón debe abastecer. Dicha obra, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), llegó a incrementar su valor original en un 90,28%: fue adjudicada por U$S 857.341.128 y costó U$S 1.700 millones.

Decisión
Hay un decisión ya tomada y que anticipó Alicia Kirchner: reactivar la obra de la Usina de Carbón de Río Turbio. La Justicia investiga la obra por sobreprecios; la causa la tiene el juez Luis Rodríguez. El gobierno anterior suspendió la obra porque el proyecto está además investigado por sobreprecios y la empresa constructora fue una de las que integró el caso Cuadernos. La obra no se concluyó aunque tenía un importante avance. Finalizarla demandará más de 240 millones de dólares. Debe ser abastecida para que funcione, por el carbón de YCRT que no logró repuntar su producción los últimos años, lo que dificultaba el funcionamiento de termoeléctrica.
La lista de proyectos bajo la lupa de la Justicia continúan. La causa central que puso sobre el tapete a YCRT inició con la denuncia del interventor de Cambiemos, Zeidán, que cuestionó el manejo de $ 26.000 millones, el presupuesto que el extinto Ministerio de Planificación Federal destinó a YCRT desde 2005 a 2015 para su modernización. La construcción del tren turístico por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente, también es parte de la investigación sobre el manejo de los fondos. Para su ejecución, en julio de 2014 se firmaron 453 convenios financiados por el Ministerio de Planificación.

Aníbal Fernández aseguró conocer estos frentes judiciales, pero asegura que no le preocupan. «Las cosas irán por el curso que corresponde, nosotros vamos a trabajar para darle orden institucional a la empresa, conseguir el financiamiento que necesita, lograr una mayor venta del carbón que produce. La empresa no tiene la culpa de lo que se esté investigando», dijo a Clarín en su momento Aníbal Fernández. La propuesta de estar al frente de YCRT tiene un desafío aparejado respecto a la administración de sus fondos y recursos. Según la gestión de Cambiemos, la planta de personal durante el gobierno kirchnerista creció un 233% pero su producción cayó un 85%. Todo debe ser analizado y revisado por el flamante interventor.
Sobre la última partida presupuestaria proveniente de fondos por 26.000 millones de pesos. Fernandez dijo a este diario que con ese dinero solo llegan al mes de abril y que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de salarios.

APROSA solicitó apertura de la sectorial y rechaza la oferta del gobierno en la «central»

Río Gallegos
El gremio envío una nota al ministerio de trabajo y al de salud, pidiendo, la apertura de la paritaria sectorial, y dar continuidad al convenio colectivo de trabajo.
Asimismo, se mostró en desacuerdo con la propuesta salarial que el gobierno provincial hiciera en la paritaria central, al considerarla «fuera de la realidad» e incomprensible de los niveles inflacionarios que afixia a la clase trabajadora santacruceña.

Tal como estaba previsto, APROSA-FESPROSA, envió por estas horas, dos notas al ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a la cartera de Salud y Ambiente, donde se les solicita, la apertura de paritaria sectorial, en función de atender los niveles inflacionarios, que durante el 2019 superaron el 50%, reflejado en una caída estrepitosa de los salarios, que actualmente están en inferioridad, para poder afrontar la economía de todos los días.

Negociación
En este contexto, hay que recordar que el año anterior, el poder ejecutivo, se negó en abrir la mesa de negociación sectorial para la salud. Esta decisión arbitraria, no tan sólo generó ajuste social en los asalariados, sino también, profundas asimetrías, ante la impunidad de negociaciones unilaterales de las direcciones hospitalarias, quienes establecieron acuerdos fuera de la ley y sin legitimidad sindical, lo cual, es un avasallamiento a los gremios, que defienden la calidad de la salud pública.
Por este motivo, es que APROSA, también esta solicitando en las misivas enviadas recientemente, finalizar el convenio colectivo de trabajo, con el propósito unificar, reglamentar y dar transparencia a la salud pública como servicio público esencial que es, donde claramente, se testifica que necesita una reconversión urgente, para dejar atrás las injusticias e improvisaciones.

Paritaria central
Luego de la reunión de paritaria central entre el ejecutivo y los gremios que fueron parte del encuentro, APROSA mostró su «descontento» con la oferta salarial hacia los trabajadores estatales. Esto-indicaron-da testimonio que «el gobierno sigue sin entender que no se puede seguir ofreciendo propuestas, alejadas de una inflación que superó el 50% en 2019».
Pareciera-agregaron- que el estado sólo tiene una «política confiscatoria» en lugar de ayudar a recuperar el salario, porque no hay que olvidar, que este ínfimo aumento que se propuso, automáticamente va ser absorvido ante el tributo que los trabajadores deberán pagar en concepto de ganancia.
Por eso es que pedimos racionalidad al gobierno provincial, para que las propuestas sean serias y no, «alejadas de la realidad», porque gobernar-advirtieron- no sólo es una «cuestión recaudatoria», sino principalmente, una actitud de compromiso con la clase trabajadora, que desde hace muchos años, viene haciendo un esfuerzo sobrehumano, ante una clase política distante de lo que significa el bien común, sentenciaron.

Caleta Olivia
Así lo anunció el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen. Los reclamos datan del 2018, pero la autoridad laboral todavía no se expidió respecto a un perjuicio económico que afecta a casi 70 operarios. «Hay una burocracia que maneja tiempos muy diferentes a los que necesitan los trabajadores».

Desde el Sindicato petrolero, anunciaron en las últimas horas de que podría iniciarse una medida de fuerza contra la empresa AESA, debido a distintos reclamos que se vienen realizando desde finales del 2018, cuya resolución se estaría frenando por la «indefinición» del Ministerio de Trabajo provincial, a través de una «interminable» instancia de laudo arbitral.

«No puede ser que hayamos realizado las presentaciones en el 2018, estamos en el 2020, y todavía nos tengan a las vueltas» manifestó el Secretario Adjunto del Sindicato petrolero, Rafael Guenchenen.

«Que los papeles están en Caleta Olivia, que están en Río Gallegos, que así funcionan los plazos administrativos. La burocracia maneja tiempos muy diferentes a los del pueblo» sentenció el dirigente, en relación a la cartera laboral, a cargo de Teodoro «Lalo» Camino.

«Creemos en el diálogo, creemos en la paz social, pero esto no da para más. No vamos a permitir que jueguen con los trabajadores» añadió, tras participar de distintas asambleas con operarios de esta empresa.
El reclamo remite a la falta de cumplimiento de compensadores sobre tres conceptos convencionales: diferenciales de turno, categoría y disponibilidad; y afectan a casi 70 trabajadores. Pero además, se espera resolución a otros reclamos como categorías, reubicación de trabajadores e infraestructura de transporte.
Pero también, hubo quejas respecto al mal estado de los caminos en las regiones de SINOPEC e YPF, que se encontrarían en situación intransitable.
Según trascendió, si no hay respuestas en las próximas horas, podría iniciarse una medida de fuerza.