+Prensa

Río Gallegos
El Legislador Provincial de Santa Cruz Daniel Roquel cuestionó la iniciativa presentada en el Senado que busca regular e impedir que el periodismo acceda e informe sobre causas de corrupción.
«Rechazamos completamente el Proyecto de Ley presentado por un grupo de Senadoras del Frente para la Victoria que busca censurar e impedir el funcionamiento normal de los medios de comunicación», sentenció Roquel.

Roquel remarcó que este tipo de iniciativas no solo generan un retroceso en materia de libertades y conquistas de todo el pueblo argentino, sino que lastiman y hieren nuestro sistema democrático. Las decisiones que pudieran tomarse y ejecutarse en función de cuestiones arbitrarias orientadas a diferentes sectores políticos ponen en peligro a todos los habitantes del suelo argentino.»
«Entendemos que desde la recuperación democrática han sido miles los hombres y mujeres que han luchado, y lo siguen haciendo, por defender la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Lamentamos que algunos sectores políticos busquen callar y castigar a quienes no hacen más que ejercer sus derechos», destacó el Legislador.

Daniel Roquel fue más allá y cuestionó la existencia de presos políticos en Argentina: «Queremos recalcar que en la Argentina no hay presos políticos, hay políticos presos por no haber cumplido con sus deberes de funcionarios públicos y por haberse adueñado de los recursos que pertenecen a todo el pueblo argentino. nosotros jamás vamos a defender a los corruptos».

Río Gallegos
La Diputada Nacional Roxana Reyes se expresó respecto del proyecto impulsado por varias Senadoras Nacionales oficialistas que busca limitar al periodismo en causas por corrupción, y que establece que se anularían las prisiones preventivas de los acusados en este tipo de causas cuando los medios de comunicación hayan hablado sobre los temas.
Las dirigentes del FVS dicen que las notas periodísticas y la cobertura de este tipo de hechos por los medios afectan la percepción sobre la inocencia de los imputados.

«Esta iniciativa desnuda nuevamente el poco espíritu y respeto democrático que tienen Ianni y los dirigentes del Frente para la Victoria y demuestra nuevamente algo que en Santa Cruz estamos viviendo hace mucho tiempo que es el ataque permanente a las instituciones y a la libertad de prensa», repudió Reyes.
Entre tanto, el proyecto que lleva las firmas de las senadoras María E. Catafalmo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Reyes remarcó que esta iniciativa ataca al el funcionamiento institucional de la república y destruye la Libertad de prensa y de expresión.
Desde El Calafate, donde se encuentra recorriendo y realizando actividades con vecinos, Reyes manifestó que resulta aberrante que se busque condicionar y callar a los medios de comunicación sobre todo en temas tan sensibles como los vinculados a la corrupción.
«El periodismo es un actor fundamental en una democracia que tenemos que proteger y cuidar entre todos porque sin periodismo se avanza hacia el totalitarismo, algo que en Santa Cruz conocemos muy bien», destacó la Diputada.

Opositores
Reyes dijo que el Frente para la Victoria busca acallar las voces opositoras, cuestionar al periodismo y a todos los que no piensen como ellos, y por eso avanza en el control de los medios de comunicación, premiando con pautas oficiales y recursos públicos a los medios amigos, concentrando la propiedad de los mismos en manos de empresarios afines y poniendo en duda el funcionamiento independiente de la prensa.
«Ianni y las senadoras del Frente para la victoria buscan replicar lo que ya hicieron en Santa Cruz, donde ahogaron y persiguieron a los medios independientes para lograr una prensa adicta que no cuestione ni critique nada de lo que hace el poder k», finalizó Reyes.

La condena de FOPEA
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también hizo su descargo respecto a este proyecto de ley presentado el 20 de diciembre pasado en el Senado de la Nación que restringe a su entender la posibilidad de investigar hechos de corrupción en la República Argentina.
«Este Proyecto contradice en forma evidente nuestra misión profesional, les pedimos a los socios y socias de todo el país que, en la medida de lo posible, alerten a sus respectivos senadoras y senadores nacionales sobre este proyecto y les informen sobre su carácter restrictivo del ejercicio del periodismo profesional», destacaron.

Río Gallegos
Lo hicieron este lunes ante las autoridades de la obra social, «en el contexto de las serias dificultades que sigue evidenciando nuestra Caja, problemas que por otra parte no son nuevos y que tienen consecuencias sobre los afiliados», señaló el diputado de Encuentro Ciudadano.

Este lunes, el diputado provincial de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, presentó junto al Dr. Javier Stoessel una ampliación del pedido de acceso a la información que Stoessel había presentado semanas atrás y que fuera respondido de manera parcial por parte de las autoridades.
«Esta presentación se da en el contexto de las serias dificultades que sigue evidenciando nuestra obra social, problemas que por otra parte no son nuevos y que tienen consecuencias sobre los afiliados. Todos hemos observado los problemas que presenta la Caja desde que comenzó el año», advirtió Pérez Gallart.
El pedido de información, amparado en la ley provincial 3540 (de Acceso a la Información Pública), solicita a las autoridades información detallada en ocho puntos.

La semana pasada, el Dr. Javier Stoessel, ex vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, recibió la respuesta a un pedido de información que él, en calidad de ciudadano, había presentado a mediados de enero: «La información que suministra el Estado debe ser clara y precisa. En este caso, la información no fue completa ni precisa, y se omitieron algunos puntos», explicó tras la nueva presentación.

Pedido en detalle
-Estado de deuda actualizado con prestadores médicos de la Caja de Servicios Sociales (CSS), a la fecha de contestación, discriminada por prestador médico.
-Solicito se informe la deuda mantenida, discriminando por *profesionales médicos clínicos, *médicos especialistas (traumatólogos, cardiólogos, ginecólogos, etc)., *kinesiólogos y fisoterapistas, *odontólogos, *bioquímicos, *servicios de diagnóstico por imagen, como así también, deudas mantenidas con clínicas privadas, hospitales públicos, hospitales privados, y cualquier otro servicio médico con el cual la CSS mantenga deuda; todo lo anterior ya sea que se trate de servicios prestados por particulares, personas jurídicas, sanatorios, clínicas u hospitales, y ya sea que se encuentren en la Provincia de Santa Cruz o en otras Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Listado de farmacias vinculadas con la CSS y en las cuales pueden los afiliados adquirir medicamentos, discriminados por ciudad donde se encuentra.
-Deuda mantenida por la CSS con farmacias, discriminando farmacia a que adeuda, y periodo de facturación adeudado.
-Listado de proveedores de servicios de alojamiento en el país, destinado a alojamiento de derivados.
-Deudas mantenidas con alojamientos destinados a afiliados derivados a los distintos puntos del país, principalmente Capital Federal, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
-Monto abonado por prestación médica, según tipo de prestación.
-Si la CSS avala la práctica seguida por diversos profesionales médicos de requerir el pago de co-seguros, monto del co-seguro permitido para el cobro, y si la CSS avala dicho cobro en función de retrasos en los pagos o en función del monto que abona por prestación médica.

En la agenda legislativa
«Creo muy poco de las respuestas al pedido de información pública del Dr. Stoessel», advirtió la semana pasada el diputado Pérez Gallart al ser consultado por la prensa: «Un punto de esa respuesta es el tema de la deuda, y otro respecto de que según las autoridades de la obra social los servicios se prestan con normalidad, cuando por el contrario uno recibe o percibe la preocupación de manera permanente de las caídas en la prestación, el pago de co-seguros, etc». «Me voy a reunir con el Dr. Stoessel para ampliar el pedido de información», había adelantado.
«Por un lado, los santacruceños observamos una mala administración que es histórica en una obra social que, luego de tres décadas de intervención, deberá normalizarse este año a partir de la nueva ley que se sancionó el año pasado. Por el otro, creo que los problemas de la obra social, en principio, tienen que ver más con un problema de administración de las autoridades políticas que con la falta de recursos económicos», señaló el diputado de Encuentro Ciudadano.
Además, Pérez Gallart adelantó que la problemática de la obra social «será motivo de presentaciones y trabajo cuando comiencen las sesiones legislativas: es un tema que desde Encuentro Ciudadano venimos trabajando y planteando a lo largo de los años, en los últimos años a través del trabajo legislativo de Gabriela Mestelán».
«Va a seguir siendo permanente nuestra preocupación y ocupación sobre estos temas que tienen que ver con la salud pública», finalizó.

Río Gallegos
El encuentro se propició en la capital provincial con «agenda abierta» para conocer los lineamientos y acciones del nuevo ministro al frente de la cartera.
Desde el gremio, solicitaron avanzar en la apertura de la «paritaria sectorial», para generar un nuevo esquema de pauta salarial.
Además, terminar la redacción del convenio colectivo de trabajo, resolver la abultada precarización laboral y solucionar aquellos problemas de gestión dentro de los hospitales. Con relación a los descuentos por «ganancia», el tema continúa como incógnita ya que no hay precisiones al respecto.

La secretaria general, Andrea Pérez, e integrantes de la comisión directiva, mantuvieron una reunión, con el Ministro Nadalich por primera vez desde que asumió en su cargo. El encuentro, permitió conocer cuáles serán algunos de los ejes en la administración del nuevo responsable de la cartera de salud y desde APROSA, plantear las prioridades para los profesionales de la salud y las necesidades del sector.
El encuentro, tuvo lugar el último viernes en las oficinas del ministerio y se desarrolló con modalidad «agenda abierta», para hacer un repaso de aquellas cuestiones que están pendientes y de otros puntos más que el gobierno debe ponderar en el corto plazo, para aminorar los efectos inflacionarios que han socavado el salario de los trabajadores.

Prioridasd
En primer lugar, el gremio le planteó al funcionario como prioridad, abrir la paritaria de salud, donde principalmente se puedan discutir nuevas condiciones salariales, y además, resolver los problemas de gestión que tienen las direcciones hospitalarias, quienes no terminan de solucionar, entre otras cosas más, los pases definitivos del personal «part time» a «full time», para darle tranquilidad a quienes siguen esperando desde mucho tiempo, por su nueva configuración laboral.
Otra cuestión, que actualmente tiene mucha preocupación en el sector, pero que no tuvo una respuesta clara en el mitin, era conocer el procedimiento del gobierno provincial con respecto a los descuentos que se aplicarán a los trabajadores en concepto de «ganancias». En este sentido, se pudo saber, que no se avanzó en el desarrollo de la información, ya que no hay precisiones oficiales al respecto, pero que es un punto importante que preocupa mucho a APROSA, ya que es un componente que claramente repercute negativamente en los salarios.

Monotributistas
Asimismo, en otro tramo de la reunión, APROSA le llevó su inquietud al ministro, ante la excesiva cantidad de personal monotributista que cumple tareas en los hospitales, cifra que lamentablemente va en ascenso, lo cual es un serio retroceso para los derechos y las reivindicaciones laborales, de trabajadores desprotegidos y con responsabilidades que ponen en riesgo la vida institucional de la salud pública.
Andrea Pérez, explicó que más allá, que siempre son buenos los espacios de diálogo institucional, lo esencial es avanzar y dar respuesta a cada uno de los planteos que manifestamos oportunamente.
Entendemos-agregó- que desde hace mucho tiempo, no hubo mejoramiento cualitativo en la salud pública de la provincia, y que llegó el momento, de terminar con las improvisaciones, ojalá, las nuevas autoridades puedan concretar aquellas transformaciones y convalidar las inversiones correspondientes, para que los vecinos de Santa Cruz, puedan acceder a servicios y prestaciones eficientes, culminó.

Buenos Aires
La accionista principal de las obras en Santa Cruz tiene su sede en la ciudad china de Wuhan, donde comenzó el brote. El conflicto con Electroingeniería ya les impedía avanzar.
En su última aparición pública en la Argentina, la vicepresidente Cristina Fernández recorrió una obra pública emblemática de Santa Cruz, su provincia.
Pero no para inaugurarla o anunciar el inicio o el fin de su construcción. Tampoco para informar sobre la apertura de la licitación pública internacional con el costo que el Estado pagaría por esa edificación, ni para informar sobre la adjudicación del contrato estatal a una la empresa que se beneficiaría con la facturación de millones de pesos públicos.

Fernández viajó en auto los casi 150 kilómetros que hay entre El Calafate y la represa hidroeléctrica Condor Cliff, como gesto inequívoco de apoyo a uno de los directivos de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra.

Tanto el empresario como la vicepresidenta están procesados por corrupción, por delitos y roles diferentes, en la trama de la causa judicial llamada los Cuadernos de las Coimas.
El expediente está en vías de elevarse a juicio oral. Fernández y Ferreyra creen que tras la asunción del nuevo poder, que ellos integran, con roles por completo diferentes, permitirá persuadir a los jueces para evitar la realización del proceso.
Electroingeniería no solo afronta conflictos legales, sino que también resiste la embestida de la empresa con mayoría accionaria en la construcción de la represa, China Gezhouba Group Company Limited, que según diversas fuentes del oficialismo y del mercado energético presiona para que la compañía de Ferreyra sea reemplazada por otra que no esté azotada por tantos infortunios.

Mientras tanto, la construcción de Condor Cliff, como la otra represa que forma parte del mismo proyecto, La Barrancosa, ambas ubicadas sobre el río Santa Cruz, el cauce que podrían obtener un alto nivel de energía, está frenada. Las causas son variables.
El tema Electroingeniería es uno. El otro es un inconveniente que capta la atención del mundo entero.
Se trata de la enfermedad, por ahora irrefrenable, conocida como coronavirus. Ocurre que el epicentro del contagio inicial de esa peste es la ciudad china de Wuhan. El lugar, en el que viven y trabajan millones de personas, está sitiado y bajo cuarentena absoluta.
La sede central de China Gezhouba Group Company Limited está ubicada justo en el corazón del alerta en salud que alerta al planeta entero: Wuhan. Esto hace imposible que los más altos directivos de la tercer constructora a nivel mundial puedan viajar a la Argentina.

La cuarentena puede durar varios meses más. A todo esto suma otra «catástrofe natural» que afecta a las represas, aunque de característica distintas. Es una grieta. En el sentido literal y geológico del término.
Nada de esto está vinculado a los debates que distancias por cuestiones ideológicas a parte de la sociedad argentina. Los expertos, en un descubrimiento tardío y lamentable, detectaron que el enrome terreno elegido por la administración K para levantar la represa no era adecuado.
Tal como habían denunciado en noviembre pasado las diputadas de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic y Paula Olivetto ante la Auditoría, en ese sitio de la Patagonia la tierra se hunde ante el peso del hormigón de la represa.
A pesar de eso, ingenieros de China Gezhouba Group Company Limited aseguran que pueden corregir con su tecnología al inconveniente geológico.
Según fuentes del Gabinete, una alta autoridad del oficialismo y un operador que trabaja en la trama de Gezhouba y las represas, la principal preocupación de la empresa china es Electroingeniería. Es por eso que la foto de la vice con Ferreyra es novedosa, por diversas variables.
Fernández había evitado hasta ahora poner el cuerpo para apoyar a una contratista de obra pública sospechado de haberle pagado coimas a ella misma, según determinó la Justicia en instancias de instrucción.
Al mismo tiempo, su apoyo a Ferreyra, un gesto indubitable, es en los hechos el respaldo a un empresario investigado por la Justicia realizado por la vicepresidencia de la Nación.
Ferreyra, que estuvo preso en el marco de la causa Cuadernos, sonríe en las fotos en la recorrida por Condor Cliff junto a Fernández y a otra funcionaria pública que lo apoya, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Esta visita, tal vez, no se haya producido por azar cronológico. El 20 de enero, ocho días antes del apoyo de Fernández y Kirchner a Ferreyra, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, recibió a uno de los directivos del gigante asiático de la construcción, que posee el 70% de las acciones de la UTE que fue adjudicataria de esta obra. China Gezhouba Group Company Limited.

Electroingeniería, por problemas acarreados antes de sus infortunios judiciales, debió ceder parte de sus acciones y hoy controla solo el 20% del total. El 10% restante es de la firma mendocina Hidrocuyo.
La versión oficial indica que el directivo de China Gezhouba Group Company Limited y el funcionario mantuvieron un diálogo en el que se evitó hablar de Electroingeniería. La charla, siempre según comunicó el Gobierno, solo se centró en el análisis de los problemas que encuentra el avance de las obras en el Sur.
Sin embargo, en off the record, dos miembros del Gabinete, una de las autoridades más relevantes del oficialismo, y otra fuente vinculada a los trabajos de Gezhouba en la Argentina, le aseguraron a Clarín que la constructora china planteó e forma directa a Lanziani que su deseo, o su decisión, es que Electroingeniería se aparte de modo definitivo de la construcción de las represas, la obra pública más costosa de los últimos años: tuvo un presupuesto original de US$ 5.000 millones que se ampliará por los retrasos originados por inconvenientes naturales y de la política.
Las mismas fuentes del Frente de Todos afirmaron a este diario que el Presidente estuvo en total desacuerdo con su vice cuando se enteró que iría a Condor Cliff junto a Ferreyra. El tema estaría escalando a niveles diplomáticos.

Una de las versiones que también hicieron llegar funcionarios a Clarín es que el embajador chino en la Argentina le transmitió al canciller Felipe Solá lo mismo que los directivos de Gezhouba a Lanziani: las autoridades de ese país, que financia buena parte de la obra de las represas sureñas, quieren que Electroingeniería deje estar asociada a la constructora asiática en ese proyecto. El canciller no respondió los llamados de Clarín para consultarlo sobre el tema.
En su visita a Condor Cliff, la vicepresidenta denunció al gobierno de Macri por la paralización de la obra. Y anunció que la obra volvería a llamarse «Néstor Kirchner».

Según el propio Ferreyra, Electroingeniería le debe $ 1.600 millones de impuestos a la AFIP. Así lo reveló en una entrevista con Antonio Rossi difundida por la revista Letra P. En ese mismo reportaje, el empresario ligado a los K acusa a Macri de haber presionado a través de china para que a su empresa le fuera mal. Admite que la situación financiera de Electroingeniería es «delicada». Dice que están «desfinanciados y sin flujo de fondos».
En su cuenta de Twitter, Ferreyra describió a la visita de la vicepresidenta a la represa paralizada como una acción que tenía que ver con «religitimar» y «relanzar» su proyecto.

Según fuentes que conocen la intimidad de la Gobernación de Santa Cruz, fue en esa recorrida que Ferreyra aprovechó para convencer a la gobernadora Alicia Kirchner de que su compañía podía ayuda relanzar también la minera estatal de Río Turbio. Habría dicho que tenía al hombre perfecto para nombrar como interventor: Aníbal Fernández.
Así pasó. (Fuente: Clarín)

Buenos Aires
Jorge Rabassa es investigador del CADIC y el CONICET. Y asegura que «tarde o temprano», un evento de esas características va a ocurrir en el Atlántico Sur, donde existe la Falla de Magallanes y es una zona de riesgo sísmico.

«Aunque muchos se nieguen a creerlo, las condiciones están dadas para que en algún momento se provoque un tsunami en el Sur de la Costa Atlántica», advierte desde Ushuaia el investigador Jorge Rabassa. Y no es la primera vez que lo hace. Hace años que este científico -geólogo y doctor en Ciencias Naturales con tesis en la Fundación Bariloche y doctorado en la Universidad de New York-le viene pidiendo a las autoridades que tomen medidas para morigerar el impacto que podría tener un maremoto sobre las ciudades que miran a la parte más fría del Océano Atlántico. «Lo que intento es concientizar a las personas y a los gobiernos. Hay una gran ignorancia sobre el tema, pero yo sigo tratando de ayudar en crear conciencia: los sismos y tsunamis existen y son posibles en nuestro país. En 1898, Mendoza fue totalmente destruida por un terremoto. Y San Juan lo sufrió en 1944. No estamos haciendo fantasía científica, solamente decimos que estas cosas pasaron y pueden volver a ocurrir…», sentencia el investigador Superior del CADIC (Centro Austral de Investigación Científica) y del CONICET.

Ya hace unos meses sonaron algunas campanas cuando el Paso Garibaldi -que es nada menos que el único camino rutero que cruza la Cordillera camino a Ushuaia y el paso carretero más austral del planeta- sufrió un derrumbe de nieve que dejó incomunicada la circulación de Tierra del Fuego. Hasta ahí, un desprendimiento de nieve que tranquilamente podría formar parte del proceso de deshielo. Pero, ¿sería alocado pensar que aquella caída de nieve y rocas tuvo que ver con un movimiento sísmico?

«No sería descabellado pensar que hubiera incidido algún movimiento símico porque, no muy lejos, está el Lago Fagnano, que es el más grande de Tierra del Fuego. Este lago se ha formado siguiendo la traza de una fractura conocida como la Falla de Magallanes. Es un fragmento de corteza que al frotarse con otra porción puede liberar una energía tan potente como para provocar un terremoto. Esta es una de las fallas más activas del planeta: sólo allí se generan entre diez mil y doce mil sismos por año. Y además es enorme: se extiende desde el Pacífico chileno hasta las Sandwich y Georgias del Sur», le explica Rabassa a Infobae.

El investigador especial del CONCIET cuenta que, en un período que abarca entre mil y seis mil años, se produjeron al menos tres tsunamis en la zona de Magallanes y Ushuaia: «Parece difícil de entender, pero en períodos geológicos no es una línea de tiempo inabarcable: no hay que pensarlo con la medida de tiempo que tiene la civilización moderna. El descubrimiento del Estrecho de Magallanes tiene 500 años pero hubo humanos en Tierra del Fuego en los últimos diez mil. Y esta falla de la que estamos hablando tiene 20 millones de años…», explica el científico.

Aunque no hay que ir tan lejos para tener registro de un terremoto vivido en la zona: «El último ocurrió hace 71 años. En 1949 el Estrecho de Magallanes y la costa occidente de Tierra del Fuego sufrieron un sismo de 7.9, uno de los más fuertes que existieron desde que se tienen instrumentos de medición en la Argentina», rememora Rabassa.

-¿Es posible que se repita un fenómeno sísmico con el mismo epicentro?

-Muy posible. Tarde o temprano es altamente probable que haya un tsunami en Tierra del Fuego y Santa Cruz, en el Atlántico Sur. ¿Qué consecuencias puede tener? Habrá que ver el epicentro de la liberación de energía para observar el daño efectivo que pueda causar. Sacando Mendoza y San Juan, Tierra del Fuego está considerada como la tercera provincia en actividad sísmica.

-Para muchos, la palabra tsunami suena casi ajena a estas latitudes: ¿Hay manera de prever cuándo podría ocurrir?

-No tengo manera de decir cuándo podría suceder. Pero no es un problema nuestro, en ningún lugar del planeta se puede prever. Lo que importa es identificar las fracturas de las cortezas terrestres que podrían generarlo. Si el terremoto se produce en el mar, la onda sísmica provoca grandes movimientos de aguas oceánicas que, cuando llegan a la Costa, destruyen ferozmente todo lo que encuentran. Son masas de agua de enorme fuerza y magnitud. Los videos de los últimos tsunamis son más que gráficos para entender la situación.

-¿Cada ciudad costera del Sur de la Argentina se vería afectada de la misma manera si se produjera ese tsunami?

-Al haber una costa poco elevada respecto del nivel del mar, a esa masa que viene impulsada por tsunami, le es muy fácil inundar grandes áreas. Río Grande y Rio Gallegos son dos ciudades que se verían muy afectadas, tanto por su ubicación cercana a la Falla de Magallanes como por lo bajo de sus costas. Puedo decirle que Río Gallegos cuenta con una gran barra arenosa. En el caso de un sismo o tsunami, esa cresta de arena semi sumergida actuaría como una especie de estructura de defensa que absorbería parte de esa energía. En Río Grande, esa cresta costera no existe con esas dimensiones, lo que implica una mayor preocupación.

-¿Qué tan lejos podría llegar un tsunami generado en la Falla de Magallanes? ¿Tocaría las playas de Buenos Aires?

-En los procesos naturales es difícil decir sí o no. Esto no es blanco o negro, sino una gama de grises. Se establece en base a probabilidades. Y la probabilidad de que un sismo generado allí afecte a Buenos Aires es nula, cercana a cero, pero si puede haber sismos importantes en la región.

-¿Cuáles son las medidas de prevención que podrían tomarse en las ciudades ante un probable tsunami?

-Vengo de un pequeño pueblo en la zona chilena de la isla de Ushuaia y en cada esquina está señalizada con los riesgos y los procedimientos que habría que seguir en caso de tsunami y cómo desplazarse para llegar a la zona segura de la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Chile es una zona de sismos y en 1960 tuvo el más grande que haya existido en el planeta: ocurrió en Valdivia. Entonces, ellos, que han sufrido mucho, tienen una conciencia sísmica que en nuestro país sólo ocurre en Mendoza y San Juan. Hay gente que, poco menos, y se mata de risa como si no pudiera ocurrir en otros lugares del país.

-¿Entonces, qué habría qué hacer?

-El primer paso es enseñar en las escuelas primarias y secundarias. Se puede contribuir a la creación de la conciencia sísmica, más allá de las dos provincias donde ya existe. Lo otro es copiar esto que te cuento de Chile, donde en todas las ciudades están marcadas las zonas de riesgo, las de evacuación y la gente esá familiarizada por la presencia continua de cartelería. Y, en el caso de lugares con posibilidad de tsunami, marcar las rutas de escape a las zonas altas donde el fenómeno tiene escasas posibilidades de llegar.

-Sabe que estos anuncios generan cierto pánico…

-Pero esto no es para sembrar el pánico ni quiere decir que mañana o en este siglo vaya a ocurrir un tsunami. Pero siento la obligación de hacer conocer estas cosas a la comunidad y a los gobiernos para que cuando llegue estemos preparados.

Seguí leyendo:

Una ciudad sufrió 41 tsunamis desde 1933: ahora los usa como marketing del desastre para recuperar su economía

«Todavía tengo miedo»: Asia recuerda el tsunami que mató a 230.000 personas. (Fuente: Infobae)