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Buenos Aires
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, afirmó que se está cerca de llegar a una conclusión” y, aunque no aventuró una hipótesis sobre lo ocurrido, dijo que los tiempos de la causa dependen de la rapidez que le lleve encontrar peritos submarinistas sin vinculación con la Armada.
Yañez habló con la prensa en la sede central de la Policía Federal Argentina, mientras senadores y diputados integrantes de la comisión Bicameral que investiga las causas del hundimiento del submarino, con 44 tripulantes a bordo, miraban las imágenes que también vieron los familiares de las víctimas. “Las familias vieron las imágenes en forma simultánea: si quedaron conformes habría que preguntarles a ellos; entiendo que sí, porque nosotros mandamos el material en crudo como lo mandó la compañía Ocean Infinity”, sostuvo.
De todos modos, planteó que “hay que respetarles el proceso que están pasando: entiendo que era necesario para ellos visualizar y tomar conocimiento acabado de lo que estaban viendo”, dijo, respecto de las imágenes del hundimiento.

Conclusión
“Estamos cerca de llegar a una conclusión y en muchas mejores condiciones de llegar a una resolución que el año pasado, cuando no aventurábamos siquiera si podíamos contar con el submarino”, dijo la jueza.
Sin embargo, afirmó que los tiempos de la causa dependen del tiempo que le lleve “encontrar a peritos especialistas en submarinos, que no tengan vinculación con la Armada Argentina”, mientras “se siguen tomando testimonios”.
Si bien evitó aventurar hipótesis respecto de lo que sucedió con el hundimiento del submarino, ya que dijo necesitar “la palabra avanzada de peritos submarinistas”, Yáñez aseveró que la del “conflicto bélico está descartada ciertamente, aunque está en el imaginario popular”. “Voy a tener en cuenta todo, incluso el informe de la Bicameral”, dijo Yáñez, y afirmó: “Esta es una causa por demás compleja, una tragedia que en tiempos de paz que no reconoce precedente”.

Familiares
La larga sucesión de imágenes mostró al detalle el estado actual de la malograda embarcación. Sin embargo, tanto los peritos como fuentes de la Armada no quieren sacar todavía conclusiones sobre lo sucedido
Fue largo el peregrinar de familiares y abogados querellantes para consensuar internamente y frente al poder judicial la oportunidad y las condiciones en las que se llevaría adelante la muestra de las miles de fotografías y varias horas de videos que el buque Seabed Constructor, propiedad de la empresa Ocean Infinity, responsable de la búsqueda del ARA San juan, recolectó el pasado 16 de noviembre de 2018.
La interna fue compleja. El juzgado federal de Caleta Olivia está muy lejos de los domicilios del grueso de las familias, los recursos técnicos y humanos de los que dispone la jueza Marta Yáñez son escasos y pergeñar un enlace nacional con sedes judiciales desde allí incluía altas chances de fracasar.
Finalmente, y luego de una primera tarea de decodificación de las imágenes espectrales con equipos especiales con los que cuenta el Servicio de Hidrografía Naval, se convinieron las reglas del juego para el tan ansiado día.
La jueza asumió el compromiso personal de no permitir la distribución de imágenes a los medios de prensa, a efectos de no transformar el acto procesal en un espectáculo público.
Solo luego de que los familiares tomaran vista, se habilitaría la exposición para legisladores de la Comisión Bicameral y sus asesores y, luego de ello, querellantes y peritos podrán acceder a las mismas, siempre con los recaudos policiales necesarios para que no tengan posibilidades de extraer copia de ninguna imagen.

Jornada extenuante
Puntualmente a las 13 de este martes (23 de abril), en 17 sedes del poder judicial a lo largo y ancho del país, poco más de 140 familiares comenzaron a presenciar vistas del ARA San Juan. Primero vieron el estado en el que zarpó hacia su último viaje, luego una serie de 9 videos –de media hora cada uno– más dos muy cortos de 3 minutos el primero y 18 segundos el restante. Si bien se intentó demostrar que nada había sido editado ni cortado, algunos de los asistentes a la proyección manifestaron lo contrario. Al mismo tiempo, creen entender que por cuestiones de brevedad y claridad se eliminaron largas escenas donde se ve solo agua y se armó la secuencia de forma tal que fuera más compresible para todos. La larga sucesión de imágenes mostró al detalle el estado actual de la malograda embarcación.
Algunas confusas o borrosas, otras con una claridad espeluznante. “El saco naval del Segundo Comandante del submarino yace en el fondo del mar, parcialmente tapado por arena, pero con sus galones a la vista. Dados los mismos y siendo el único oficial con jerarquía de capitán de coberta, pudimos comprender que perteneció a Jorge Bergallo”, narró a Infobae una de las presentes.
Tanto el Comodoro de Marina Gabriel Attis como el Capitán de Navío Víctor Ortiz hicieron las voces en off (fuera de la vista de los familiares) pero con el único propósito de clarificar lo que la cámara del ROV fue registrando en su recorrida por los restos náufragos de la nave.

La imagen más impactante
Luego de muchas tomas mostrando los restos arrugados y deformados del casco resistente, una imagen causó un fuerte impacto entre los presentes. Un orificio de grandes proporciones a la altura de la sala de máquinas se proyecta de adentro hacia afuera. “Está abierto como una lata”, describió otro de los presentes.
Tanto los peritos navales consultados por Infobae como desde fuentes cercanas a la Armada se apresuran a aquietar cualquier especulación en este sentido aunque con distintos argumentos.
“Determinar si un agujero en la estructura del casco es producto de una explosión interna o si la reacción a una deformación inversa ocurrida en las proximidades del orificio, es algo que no se puede responder sin un análisis previo. Lo que sí es cierto es que si ese orificio se hubiera originado como consecuencia de una onda expansiva producto de una explosión, la teoría de la implosión por la acción de la presión marina comienza a perder sentido. Si el submarino se inundó completamente a 40 o 50 metros, las presiones interna y externa se compensaron a una relativamente baja profundidad y la nave se proyectó a una velocidad alta contra el fondo del mar. En ese caso el impacto con el lecho fue el que causó todo el resto de los daños apreciados. Pero es prematuro concluir algo así”, remarcan los profesionales del mar.

Caleta Olivia
Ayer finalizó en Capital Federal la reunión entre los sindicatos petroleros de todo el país y las cámaras empresariales, que se negaron a cumplir con la cláusula de ajuste firmada en el 2018. Los representes gremiales solicitaron la liberación de las partes, y podría haber medidas de fuerza simultáneas en todo el país.
Cabe recordar que, a través de la cláusula de ajuste, se establecía una nueva instancia de discusión salarial si el índice inflacionario seguía creciendo, buscando incorporar un nuevo porcentaje de aumento a la pauta salarial del último año.
“Según el INDEC, la inflación en este último período es del 14,7%. Esto es lo que perdieron los trabajadores de poder adquisitivo en los últimos meses, y eso es lo que tenemos que ajustar para poder discutir paritarias 2019” expresó Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero de Santa Cruz. En esta oportunidad, se exigió el cumplimiento de lo acordado en las paritarias del año pasado, pero la respuesta de las empresas fue negativa.
A raíz de esto, los dirigentes petroleros solicitaron al Ministerio de Trabajo la liberación de partes, y en las próximas horas cada sindicato evaluará los pasos a seguir en un eventual plan de lucha.

Sindicatos Unidos
La organización que nuclea a más de 30 entidades gremiales se manifestó a favor de la movilización impulsada por los sindicatos liderados por Claudio Vidal, Jose Llugdar, Julio Gutierrez y Sergio Sarmiento.
La multisectorial movilización de hoy jueves partirá desde localidades de toda la provincia y finalizará al mediodía en el Gorosito de Caleta Olivia. El martes, referentes de las distintas entidades que integran Sindicatos Unidos de Santa Cruz, se reunieron en Río Gallegos. Allí resolvieron acompañar la medida de fuerza que contempla paro y movilización. Había sido impulsada originalmente por los sindicatos petroleros convencionales y jerárquicos, vigiladores y camioneros. Y presentada el lunes pasado en Pico Truncado.
Allí los secretarios generales explicaron los motivos de la medida. Los reclamos se basan fundamentalmente en la falta de compromiso del Estado provincial para exigir el cumplimiento de los acuerdos de inversion con las operadoras petroleras y la necesidad de defender los puestos laborales.
Todo ello enmarcado en el impacto de la explotación petrolera para la economía de la provincia y el perjuicio que representa para la actividad general su caída.
Por estos motivos es que desde Sindicatos Unidos, representando a mas de 30 entidades gremiales en toda la provincia, se decidió la medida.

Río Turbio
En el medio de su casi total perdida de productividad se sucedieron la tragedia de los 14 mineros muertos en un accidente en 2004, y los millonarios sobreprecios y desvíos de fondos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández vinculados a la construcción de la Usina Eléctrica y a la propia administración del yacimiento, que terminaron con el ex ministro de Planificación Julio De Vido detenido, entre otros funcionarios.
Entre 2004 y octubre de 2018 la mina santacruceña no logró una regularidad en su producción, como en los 70, 80 y parte de los 90, y la mayoría de los equipos que la intervención kirchnerista adquirió en Europa en ese período, como los sostenes hidráulicos polacos, estructuras de ventilación y cintas de transporte, fueron quedando arrumbados en galpones en sus empaquetaduras originales sin que se sumarán a los procesos.
La producción alcanzó mínimos de 30 mil toneladas anuales en el gobierno de Cristina Fernández. Muy lejos del millón anual de fines de los 70.
Desde noviembre de 2018 la producción mensual promedia las 30 mil toneladas y está siendo vendida a Brasil y San Juan. Se estima que al cumplirse el año de producción continua se habrán sacado unas 360 mil toneladas de material.
Las proyecciones de las autoridades de Yacimientos Carboníferos Río Turbio indican que en 2020 las extracciones anuales llegarán a las 500 mil toneladas y en 2025 tocarían el millón. Las ventas de carbón este año significarán ingresos de US$ 12 millones y en 2020 superarían los US$ 24 millones.
El presupuesto actual de la empresa es de 870 millones de pesos y, junto con el aumento de producción, podrían elevarse a 1.600 millones en 2020. En la era K el presupuesto llegó a los 3.500 millones de pesos al año con nula actividad y cero ventas. Bajo la gestión de Sergio Taselli, detenido y excarcelado por la causa de los Cuadernos, se profundizaron las contrataciones masivas de personal por salarios solo comparables con las remuneraciones petroleras aunque en una empresa congelada.

Auditoria
La auditoría emprendida por el actual interventor, el radical Omar Zeidan, encontró a unos 100 trabajadores que sólo eran capaces de justificar un mes labores al año, según señalan las nuevas autoridades.
Agregan que también descubrieron, entre otros numerosos hechos llamativos, que la firma tenía seis choferes a tiempo completo con salarios de 150 mil pesos mensuales pero de los cuales sólo operaba uno.
En otra situación por fuera de los estándares laborales del país, los empleados del yacimiento tenían por convenio acordado recibir, dependiendo de su antigüedad, hasta 12 sueldos como bono de fin de año. Esto por fuera del aguinaldo. Hubo casos de operarios que cobraban más de 1,5 millón de pesos anuales, denuncian en la actual administración.
“El convenio colectivo de trabajo era insostenible, había personas que cobraban y no tenían ninguna actividad, hubo más de 1000 contrataciones sin criterio” confirma a Clarín Zeidan (43), interventor de YCRT. “Ahora tenemos 1000 empleados menos y por mes extraemos el carbón que la gestión anterior sacaba en un año”, agrega Zeidan.
Zeidan, un político nacido y criado en Río Turbio, ingresó a la empresa a principios de 2016 bajo el ala de Mauricio Macri. “El Presidente me pidió que hiciera una auditoría, que pusiera en marcha la empresa y que la volviera sustentable. Así no más. Hicimos la auditoría y en base a ese laburo De Vido fue preso. Y la empresa va a ser autosustentable”, asegura.

Era K
En la era K se gastaron más de 26.000 millones de pesos que en teoría estaban destinados a la mina y la usina, detalla Zeidan. “Y no conozco empresarios exitosos en Río Turbio. No hubo inversión en obra pública. No mejoró el comercio. No hubo derrame. De Vido y (Roberto) Baratta la manejaban a control remoto”, subraya.
Los directivos de YCRT y los propios trabajadores son conscientes de que para llegar al millón de toneladas de producción hará falta el doble de personal en mina y poner en funcionamiento toda la maquinaria disponible y probablemente adquirir nueva. En la actualidad la empresa tiene unos 2.000 empleados pero solo 400 operarios cumplen funciones en la mina.
“Tenemos reservas de explotación inmediata de 1,5 millón de toneladas. Pero en cuanto a los recursos, hay carbón para 500 años”, indica Marcelo Cruz, jefe de producción de la mina.
Entre 1979 y 1981, años en que se lograron los hitos de producción, la empresa tenía más de 5.000 empleados.
“Estuvimos más de diez años sin producir de forma continua y eso afectó la cultura del trabajo. Además se jubilaron muchos de los viejos con experiencia y esa información se perdió”, indica Ramón Rivero, jefe de turno del área de Preparación Principal.
Cuando dice “los viejos” alude a un modismo con que los antiguos mineros chilenos designaban a sus colegas. Pero hoy ya no hay chilenos en la mina y los nuevos mineros deben aprender de sus pares nacionales que echan en falta la sabiduría de esos “viejos”. “Al minero le gusta trabajar, ir a la mina. Como hay producción la gente se siente útil de nuevo”, señala Cruz.