Cristina Kirchner deberá devolver el dinero que cobró de más en los últimos diez meses por las dos pensiones vitalicias, la suya y la de su ex marido. Así lo determinó el procurador general de Tesoro Carlos Balbín. La resolución, a la que tuvo acceso este diario, también establece que la ex presidenta deberá optar entre los dos asignaciones. Es una medida sin antecedentes: hasta ahora la Justicia le embargó la mayoría de los bienes y todas las cuentas bancarias, pero no pudo recuperar los fondos públicos que se habría apropiado.
Desde que abandonó la Casa Rosada, Cristina sumó a sus ingresos una asignación mensual vitalicia. El beneficio, previsto en la ley 24.018, también abarca a los vicepresidentes y a los miembros de la Corte Suprema. Por ese concepto, la ex presidenta cobraba en junio pasado $188.538 (sin los descuentos). La cifra surge de un pedido de informes que hizo la diputada Margarita Stolbizer.
Pero el caso de Cristina es único porque ya venía cobrando la pensión por su marido. En ese caso, la ley reduce el monto al 75 por ciento de la asignación vitalicia. En junio, Cristina cobraba $143,549. Total por los dos beneficios: $332.087.
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Hay otro detalle que hace especial al caso de la ex presidenta. La asignación vitalicia se la dio su propia cuñada. El 23 de noviembre del año pasado, la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, firmó la resolución 3193 que le otorgaba el beneficio a partir del 10 de diciembre.
El apuro de Cristina no era en vano. La ley 24.018 establece una serie de incompatibilidades que no se tuvieron en cuenta. “La percepción de la asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios”, señala el artículo 5.
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Con el cambio de Gobierno, todo el proceso administrativo entró en revisión. La Dirección de Asuntos Jurídicos de Desarrollo Social resolvió en junio pasado que había que realizar un “nuevo análisis”. Y la ministra Carolina Stanley le pidió opinión al procurador del Tesoro. Al mismo tiempo, se presentó una denuncia penal que ahora tramita en el juzgado federal 9, a cargo de Luis Rodriguez.
La definición está muy cerca. El viernes pasado, Balbín determinó que Cristina no puede cobrar los dos beneficios. El dictamen de 15 carillas, al que accedió este diario, establece que es un régimen especial y por lo tanto la interpretación “debe ser estricta y su aplicación restrictiva”. Apoyando en jurisprudencia de la Corte Suprema, el procurador del Tesoro concluyó que la incompatibilidad establecida en el artículo 5 de la ley 24.018 “impide la percepción simultánea de una asignación mensual vitalicia y una pensión asignada de conformidad con el articulo 4”.
La decisión final está en manos de la ministra Stanley, aunque este diario pudo saber que no se opondrá al dictamen del procurador del Tesoro.
El próximo paso sería intimar a Cristina para que opte entre los dos beneficios. Si se demora, el Estado estaría habilitado a suspender “la segunda de las asignaciones acordadas” (es la más alta).
El segundo paso es más complejo. Balbín instó a la ministra a “requerir la devolución de los montos percibidos de más” en los últimos diez meses. ¿Qué ocurre si Cristina se niega? La resolución habilita al Ministerio de Desarrollo Social a iniciar acciones judiciales.
