La usina de Río Turbio comenzó con un presupuesto de USD 485 millones y se expandió hasta los USD 1.800 millones. El fuerte comunicado oficial de la empresa
Un comunicado oficial en la página web de la empresa con una decisión contundente destapó un nuevo capítulo de “presuntas irregularidades” y “sospechas de corrupción” en torno a una polémica obra que se encuentra paralizada. Isolux Corsan, a cargo de la construcción de la central térmica de Río Turbio, desplazó a los directores del grupo español en Argentina.
El comunicado de la empresa se refiere a una “nueva política” de despido disciplinario y apunta ante todo a Juan Carlos de Goycoechea, director regional de la filial argentina. La decisión se aceleró hace dos semanas por una auditoría interna de la filial argentina, que arrancó la obra en la provincia de Santa Cruz.
Marcelo Deflino, director de Finanzas de la filial argentina, también fue desplazado junto al de Recursos Humanos y Desarrollo de Negocio.

Irregularidades
Los millones de dólares (y las diferencias) son el espejo que reflejan las presuntas irregularidades. La obra que el grupo ganó para construir durante el kirchnerismo -cuando Julio De Vido se encontraba al frente del Ministerio de Planificación– y está emplazada a pocos metros de una mina de carbón comenzó con un presupuesto inicial de USD 485 millones. Luego de 11 correcciones de precios, el costo creció de forma exponencial hasta los USD 1.600 millones, de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Y aún faltan USD 200 millones para finalizarla, con lo cual escalaría hasta los 1.800 millones de dólares. Lo que fue una de las grandes promesas para el sector, una vez que esté finalizada, sólo proveerá 240 Megawatts: muy poca energía para una obra que costó el doble que la central Atucha II. De acuerdo al comunicado, la empresa “está colaborando con la Justicia tanto en España como en otros países en todos los casos que están siendo investigados y continuará haciéndolo a medida que se vaya progresando en las investigaciones mencionadas y en las propias indagaciones internas”. Y agregó: “Si como consecuencia se derivara el conocimiento de algún hecho delictivo, lo pondría en manos de las autoridades judiciales”.
Según se desprende de estos números, la obra está sobrefacturada. Durante el último trimestre de 2015, la obra estuvo paralizada. En la línea de tiempo, coincide con las elecciones presidenciales.
Pero en los primeros días de diciembre, la empresa hizo un movimiento y presentó un pedido por poco más de USD 300 millones pendientes al gobierno de Mauricio Macri. La actual administración, con Juan José Aranguren a la cabeza del Ministerio de Energía, negó este pedido, comenzaron las comunicaciones con el grupo español directamente y la investigación se puso en marcha.
El grupo encargó una “auditoría forensic” (análisis especial) a la consultora EY -una de las big four– para investigar el alcance de los posibles delitos cometidos, de acuerdo al diario Expansión de España.
La auditoría interna de la empresa (y el avance de este presunto escándalo de corrupción) se dio por un cambio sustancial en las acciones tras el acuerdo de reestructuración financiera aprobado mayoritariamente por entidades financieras y bonistas, y se nombró a un nuevo consejo de administración a nivel grupal.
Con todo, el comunicado oficial del grupo aclaró que si las investigaciones terminan en “el conocimiento de algún hecho delictivo”, Isolux lo pondría “inmediatamente en manos de las autoridades judiciales”