Buenos Aires
En un extenso escrito presentado por su defensor, Cristina Elisabet Kirchner solicitó a la Cámara Federal que decrete la nulidad de todo lo actuado por el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo a favor de las empresas de Lázaro Báez.
En la presentación pide que el tribunal de alzada anule o en su defecto revoque la resolución del 27 de diciembre del año pasado que dispuso el procesamiento de la ex Presidente por asociación ilícita. Además, manifiesta que “se trata de un pronunciamiento que solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes, al menos en los tiempos en que en nuestro país se encontró vigente el Estado de Derecho”.
Entre otros puntos, además, planteó que el fallo del juez Ercolini llega “al absurdo” de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades por el pueblo argentino constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años

Detalles
En sustitución de la audiencia que iba a realizarse ante la Sala Uno del tribunal de alzada, el abogado defensor Carlos Beraldi presentó un escrito y pidió que “se declare la nulidad de la resolución recurrida o en su defecto se revoque en todo cuanto ha sido materia de agravio”.
El letrado manifestó que el procesamiento de su clienta “pone al descubierto de manera brutal la matriz de persecución y difamación que se dirige” en contra de su representada y advirtió que “se considera delito una decisión política tomada por un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades”.
Beraldi recordó que durante la instrucción fue rechazado su pedido al juez federal Julián Ercolini y al fiscal federal Gerardo Pollicita de “readecuación de objeto procesal” por lo que “ninguna de las sociedades vinculadas al Presidente Mauricio Macri o empresarios afines sería investigada”.
También consideró el defensor que “las 17 declaraciones indagatorias” de los imputados “fueron recibidas en menos de un mes” a la vez que “diversos medios de prensa ya anticipaban que la decisión de procesar a la ex Presidenta de la Nación no tenía retorno, incluso adelantando el contenido del auto de mérito”.
“Sin exageraciones, puede ser calificado como la sentencia más anunciada de nuestra historia”, ironizó.
Para Beraldi, el procesamiento de Cristina Fernández “solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes, al menos en los tiempos en que en nuestro país se encontró vigente el Estado de Derecho”.
Y “llega al absurdo de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades consecutivas por el pueblo argentino -en las dos últimas por amplias mayorías populares, hecho inédito en nuestro país- constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años”.
Todos los procesados por las supuestas irregularidades millonarias en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo, incluida la ex presidenta Cristina Fernández, apelaron hoy sus procesamientos dictados a fines del año pasado por el juez federal Julián Ercolini.

Complicada

Fernández fue procesada el 27 de diciembre último por los supuestos delitos de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta agravada”, a la vez que afrontó un embargo de 10 mil millones de pesos.
También fueron procesados y embargados, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el detenido empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.