Buenos Aires
El juez federal Ariel Lijo requirió ayer a la Casa Rosada copias de los e-mails y mensajes que hayan enviado la ex presidenta Cristina Kirchner, y los ex secretarios Carlos Zannini y Oscar Parrilli, de 2011 a 2015, en el marco de la causa por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, se informó en los tribunales.
Los documentos deberán ser buscados en los servidores informáticos de la Casa de Gobierno, que se supone han de almacenar la información que transita a través de las cuentas oficiales de correo electrónico y los sistemas internos de mensajería.
La orden del juez abarcó también a la Cancillería y a la Procuración General del Tesoro, en busca de los mensajes de sus respectivos ex titulares Héctor Timerman y Angelina Abbona.
El procedimiento se da en el marco de la causa penal que investiga si la ex mandataria y los otros imputados encubrieron el atentado terrorista a la AMIA al suscribir un memorándum de entendimiento con Irán, denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman antes de morir.
Lijo fue el juez a quien Nisman le presentó la denuncia contra Cristina Kirhcner y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.
La causa recorrió un largo derrotero hasta que, finalmente y después de la reapertura, recayó nuevamente en Lijo, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.
Impunidad
De este modo ayer, la denuncia sobre la existencia de un pacto de impunidad del gobierno de Cristina Kirchner para encubrir a los iraníes de la responsabilidad del ataque a la AMIA, realizada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir, cobra nuevo impulso y vuelve a poner en la mira a la ex presidente.
Lijo fue el juez a quien Nisman le presentó la denuncia contra Cristina Kirchner y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.
La causa recorrió un largo derrotero hasta que, finalmente y después de la reapertura, recayó nuevamente en ese magistrado, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.
A principios de mayo, Pollicita solicitó al juez la realización de nuevas medidas de pruebas. Algunas de ellas eran las de poder revisar todas las llamadas entrantes y salientes de los imputados en la causa.
Investigación
Respecto al análisis de los discos rígidos de las computadoras y de los e-mails, en la Casa Rosada, se investigarán las conversaciones correspondientes al período entre el 1º de enero de 2011 y el 9 de diciembre de 2015. En Cancillería se estudiará desde el mismo año nuevo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015, mientras que en Procuración se analizará el tramo entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Nisman, que estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA hasta su muerte, había denunciado la existencia de “un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados” por la voladura de la mutual del barrio de Once.
En la causa están imputados, entre otros, la propia ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés Larroque y el dirigente social Luis D’Elía.
La causa fue reabierta en febrero de 2017, dos años después de que el juez Daniel Rafecas la desestimara al sostener que no existía delito alguno en el entramado enunciado.