Buenos Aires
Con casco, chaleco antibala y custodiado por agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal, el empresario Santacruceño Lázaro Báez ingresó a las 9:55 al juzgado de Casanello, en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Báez, detenido desde hace un año en una causa en la que está acusado por “lavado de dinero”, presentó esta mañana un escrito al juez Sebastián Casanello donde pidió la nulidad de la indagatoria y se negó a responder preguntas. Báez fue trasladado para declarar por el supuesto lavado de unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.
La indagatoria duró poco más de una hora; así concluyó la ronda de 27 declaraciones que citó el juez Casanello. Además de Báez fueron indagados sus cuatro hijos, el contador Daniel Pérez Gadín, el arrepentido Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

Rechazos
Según se supo el detenido optó por no responder preguntas del juez y se limitó a las aclaraciones que formuló en el escrito, en el que rechazó haber lavado 60 millones de dólares. Báez consideró que el nuevo llamado a indagatoria es “nulo” porque se viola la garantía de defensa en juicio y del debido proceso, ya que no se precisó la prueba en su contra ni tampoco se indicó de qué se lo acusa.
En el mismo escrito, el empresario pidió el apartamiento de la causa de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Ministerio de Justicia.
En ese contexto, advirtió que la UIF aportó información sobre la base de “reportes de inteligencia”, que no pueden ser utilizados como prueba en una causa penal. El documento atacó también la validez de información proveniente de la Justicia suiza sobre supuestas cuentas bancarias de los hijos de Báez. La declaración de Báez fue la última de una ronda de 27 imputados, entre ellos los hijos del empresario y otros directivos y allegados, todos relacionados con el grupo empresario que encabezaba la firma Austral Construcciones.

Acusación
El empresario –preso desde abril del año pasado– escuchó la acusación de ser integrante de una estructura jurídica, societaria y bancaria que entre 2010 y 2013 lavó cerca de 60 millones de dólares.
La operatoria ilícita se habría realizado con fondos de obra pública que Báez recibió del gobierno anterior –y por lo que en otra causa está procesado junto a la ex presidente Cristina Kirchner– y con empresas offshore a través de cuentas en Suiza y que volvieron al país en la compra venta de bonos de la deuda con apariencia lícita a la empresa Austral Construcciones, compañía insignia del acusado.
Fuentes allegadas a la defensa de Báez, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, le dijeron al portal de noticias Infobae que el empresario pidió la nulidad porque la acusación en su contra es “indefinida” y porque la prueba no está descripta.
“El hecho acusatorio no está defendido, la prueba no está descripta y a todos los acusados se les leyó la misma imputación. No puede ser que todos hayan hecho lo mismo”, señaló la fuente consultada.
El magistrado quedó ahora en condiciones de resolver si procesa a los acusados. Si eso ocurre, será el sexto procesamiento para Báez.