Buenos Aires
La versión definitiva del estudio ambiental sobre la obra de las represas del Río Santa Cruz sería enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que de este modo se levante la medida cautelar que mantiene frenado el proyecto.
Vale mencionar que de acuerdo a la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas se dispone que el Poder Ejecutivo debe proceder a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, podrían producir las represas planificadas.
En este contexto, sumado a los reclamos que levantaron diversas entidades ecologistas, con presentaciones judiciales, la Corte había dispuesto que se elevara el estudio para el posterior debate en Audiencia Pública, aunque el resultado de la misma no sería vinculante.
Según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Energía de la Nación, el informe final, a partir del cual se deberá convocar a la Audiencia Pública en el Congreso de la Nación, esta terminado y se espera que en julio llegue a esta última instancia administrativa.
Mientras esto ocurre, en la zona donde se emplazará la mega estructura se encuentra realizando operaciones preliminares como apertura de calles instalación de obradores y preparación del área donde se emplazaría el asentamiento de los trabajadores.
En tal sentido, es para destacar que la obra requerirá de cientos de trabajadores con diversas especialidades, e incluso se habla de un número cercano a las 5 mil personas.
La obra está a cargo de la UTE (“Represas Patagónicas”), integrada por la constructora cordobesa Electroingeniería y la china Gezhouba Group Corporation (CGGC).

Demoras
Las demoras para el inicio tuvieron aspectos administrativos e incluso políticos, pero con la presentación del estudio de impacto ambiental, todo hace suponer que tras el invierno comenzarían los trabajos.
En los primeros meses de este año, se había conocido que existía malestar del gobierno Chino por las demoras, pero incluso un incidente con dirigentes gremiales que habrían agredido a un funcionario chino, derivaron en un airoso reclamo que llegó incluso al ceno del Partido Comunista del gigante asiático. Respecto a esto se supo que la agresión preocupó y enojó al gobierno chino que envió a la zona a supervisores del PC. Superado esto y con el Estudio de Impacto Ambiental definido y aprobado estaría allanado el camino para la construcción de la obra propiamente dicha.
Vale apuntar que ese amparo fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques.