Buenos Aires
El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, confirmó el pedido de desafuero y detención del ex funcionario y actual diputado nacional Julio De Vido, por considerar que está “protegido por sus fueros” y “en condición de privilegio” respecto al resto de los imputados en el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en el manejo de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
“De Vido está protegido por sus fueros, en una situación de privilegio”, dijo el fiscal Germán Moldes en diálogo con radio Mitre e insistió con la metáfora de que no se puede tener “el medio mundo lleno de monjarritas y el tiburón nadando en aguas abiertas”.
El fiscal explicó que “el único de los que están imputados en la causa que mantienen vinculaciones con el poder político y la capacidad de aprovechar sus influencias se llama Julio De Vido”, al fundamentar las razones de su dictamen ante la Cámara Federal porteña, que debe expedirse en relación al pedido de desafuero y posterior detención de De Vido, que fue rechazado en primera instancia por el juez federal Luis Rodríguez, a cargo del expediente por irregularidades en los fondos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En este sentido, Moldes indicó que existen seis pedidos de exención de prisión en la causa -no figura De Vido entre ellos- y también que esa medida se concedió “con algunas garantías y resguardos” como “el retiro del pasaporte, el llamado a indagatoria, la presentación ante el juzgado cada mes, y una caución real”.
En este marco, el fiscal Moldes resaltó que “el caso de De Vido es diferente”, porque tiene “una condición de privilegio por los fueros” a raíz de su función como diputado nacional.

Igual que Lázaro
El ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura y diputado nacional, Julio De Vido, designó ayer a Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro como nuevos abogados defensores en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que causó 51 muertos en 2012.
Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales y precisaron que ambos letrados se constituyeron esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 4, que tiene previsto iniciar el próximo miércoles las audiencias orales y públicas con De Vido en el banquillo de los acusados.
“Acabamos de constituirnos como defensores y le pedimos al tribunal que nos dé unos pocos días para poder al menos sacar fotocopias del expediente y leerlo, pero tiene una postura bastante tomada y no sabemos si va a (acceder a) postergarlo”, sostuvo Rusconi en declaraciones a DyN.
El letrado también confió que van a “hacer un planteo por escrito al tribunal (pidiendo la postergación) porque para el mismo día miércoles tenemos previsto dos audiencias indagatorias en otros juzgados”.
Rusconi, ex fiscal de Política Criminal y Servicios Comunitarios, fue el abogado defensor del ex presidente Carlos Menem en el primer juicio por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y consiguió la absolución de su cliente, aunque más tarde resultó condenado a siete años de prisión.
También defiende al empresario kirchnerista Lázaro Báez en varias causas penales, aunque hace dos meses renunció al expediente principal que lo mantiene detenido en el penal de Ezeiza, y al técnico informático Diego Lagomarsino, en la causa por la muerte del fiscal antiterrorista Alberto Nisman.

Sin defensa
De Vido se quedó sin abogados el jueves último a causa de que sus defensores históricos, Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni, presentaron sus renuncias en el juicio de Once y el resto de las causas penales en las que el ex ministro se encuentra procesado e imputado en los tribunales federales de Comodoro Py.
De todos modos, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio por la tragedia ferroviaria, anunció que no suspenderá el inicio del debate oral previsto el miércoles y emplazó a De Vido a nombrar un nuevo defensor en las próximas 72 horas.
La renuncia se hizo extensiva a otras causas clave en las cuales el ex ministro está procesado o imputado: asociación ilícita por obra pública, Skanska, subsidio a transportes, la compra de gas licuado y sobreprecios en Río Turbio, por la cuales en julio el fiscal Carlos Stornelli pidió su desafuero y detención.