Buenos Aires
Carrió llevó el caso a la Justicia. Se cree que Agustín Rossi usaba su poder de lobby con los Kirchner para conseguir subsidios. Y su familia prosperó mucho.
Hoy, tras doce años de gestión gubermantal K, Rossi (Alejandro) es uno de los dueños -en los papeles conocidos- del quinto holding de transporte urbano a nivel nacional. Empezó manejando una empresa de colectivos en Rosario, Autobuses Santa Fe SRL. Sus compañías se expandieron al menos a doce ciudades. Entre otras, Córdoba, Neuquén, La Pampa, localidades de Buenos Aires y … Santa Cruz.
El interés de Agustín Rossi por la economía de las empresas de transporte público de Santa Fe tal vez no haya sido pensado como una política de Estado.
El viernes al mediodía, la diputada nacional Elisa Carrió presentó una denuncia en la Justicia federal en la que acusa de cometer al líder de bloque de la bancada K en la Cámara baja, Agustín Rossi; a su hermano Alejandro, quien también fue diputado nacional; al ex ministro de Planificación Federal de los Kirchner, Julio De Vido y a secretarios de Transporte K de haber cometido presuntos delitos de corrupción.
La mayoría de los acusados manejaron miles de millones de pesos que se repartieron de modo poco transparente entre el empresariado que controla el transporte público en todo el país.
Para Carrió, Agustín Rossi en particular pudo haber usado su influencia como ministro del Gabinete K para tráfico de influencias. Es un delito. Mientras él era legislador y sobre todo cuando se desempañaba como funcionario nacional, su hermano Alejandro y sus socios, como Gerardo Ingaramo, recibieron más de mil millones de pesos en subsidios para sus compañías de colectivos.
La denuncia de Carrió fue firmada también por la diputada Paula Oliveto Lago; la legisladora de Santa Fe Lucila Lehmann; y por el diputado Juan López.
Maniobras
Carrió cree que esa dinámica burocrática pudo haber sido una maniobra de una asociación ilícita que administró fondos estatales de modo fraudulento y agravado; cometiendo además abuso de autoridad; e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo, con el mismo fin: posible lavado de dinero.
La diputada Carrió aseguró en diálogo con Clarín que el “caso Rossi” es un calco de corrupción de otras tramas similares: “Se trata de una asociación ilícita creada para la construcción de una fortuna falsa, a través de los subsidios del transporte, por medio de varias empresas y el uso de un fideicomiso.
Es un caso idéntico al de Cristóbal López (ex empresario K, hoy preso). Y, junto con el caso Cirigliano (dueños de colectivos del Grupo Plaza), el de los Rossi representan dos prototipos de lo que fue el delito vinculado al transporte en la época kirchnerista”.
La denuncia de Carrió, solicita, entre otras medidas de prueba, que la AFIP informe si el “Holding Rossi” cumplió con sus pagos de impuestos al fisco.
Clarín pudo saber, en base a información pública, y del mercado de transporte, que, al día de hoy, las empresas de colectivos de Rossi llegaron a cobrar 1900 millones de pesos en subsidios.
Esa práctica no es un delito. Pero sí lo sería si el servicio que brindan las compañías beneficiadas con esos dineros públicos se desvía hacia otros destinos, o no se corresponde a sus obligaciones como concesionarios.
Los buses de Rossi tuvieron problemas en varias ciudades, como Rosario o Caleta Olivia.
De Urbano a Autobuses
La estatal “Urbano S.E” (creada por el entonces intendente Fernando Cotillo), que no podía enfrentar más la prestación por quiebra fue disuelta y reemplazada por Autobuses S.A.
De este modo, el municipio en ese momento a cargo de José Córdoba, estableció un contrato de asociación. El Intendente y el Presidente de Autobuses Santa Fe hicieron un acuerdo en donde creaban una empresa entre el Municipio y la empresa de autobús, la inauguración seria el día 1 de diciembre, pero la ansiedad se presentó y empezó a funcionar el 21 de noviembre de 2012 (9 días antes), aunque de forma gratuita.
Con llegada de Facundo Prades a la intendencia venció el contrato, originando un conflicto y en agosto del 2016 los choferes finalmente comenzaron un paro ante la falta de pago de sueldo.
Desde su arribo a Caleta Olivia el servicio de Autobuses se fue deteriorando y se produjeron una infinidad de conflictos laborales, en gran parte por demoras en el pago de salarios, sobre todo en los últimos doce meses, al tiempo que cada día eran menos las unidades que circulaban por los cinco ramales.