Caleta Olivia y Bs As
La reducción del monto de las asignaciones familiares en las provincias y distritos que contaban con un plus por zona desfavorable afecta a los padres de más de 400.000 chicos que dejarán de cobrar poco más de $ 5.000 millones por año.
Los datos surgen de la publicación “Información Estadística” de la ANSeS (último dato, mayo 2018) que consigna el número de chicos por provincias alcanzados por la asignación por hijo.
Por el decreto 702/18 publicado el viernes pasado en el Boletín oficial, a partir de septiembre quedan eliminadas las “zonas diferenciales” que cobran asignaciones de montos mayores y que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Rio Negro, Neuquén y varios departamentos de Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires (Carmen de Patagones) y Salta.
Los valores diferenciales se establecieron en esos lugares por ser consideradas “zonas desfavorables” o para compensar el mayor costo de vida y también con el fin de promover el desarrollo poblacional en esas provincias y regiones.
El recorte abarca la asignación por hijo, prenatal y la ayuda escolar anual. En cambio, se mantienen los montos diferenciales para el salario familiar y la ayuda escolar anual por hijo discapacitado, reconociendo así un valor diferencial por regiones que no se admite para el resto de los beneficiarios de esas regiones.
El sistema de asignaciones familiares se financia con una parte de las contribuciones patronales, que desde comienzos de este año se están reduciendo en forma progresiva en un cronograma de 5 años. Así, este recorte ayuda a compensar una parte de la reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.
Sin embargo, la Información del INDEC marca que sólo en esas seis provincias completas los padres de 307.771 chicos recibían esa asignación. Y que en los departamentos de las otras 6 Provincias habría más de 100.000 afectados.
Los datos oficiales de pagos de asignación por hijo en esas regiones son:
1) Tierra del Fuego: 24.980
2) Santa Cruz: 42.428
3) Chubut: 68.723
4) La Pampa: 28.743
5) Río Negro: 70.988
6) Neuquén: 71.909
Si a estos 307.771 chicos se agregan las asignaciones prenatales y un 20% de las 377.000 asignaciones que se pagan en el resto de las provincias que solo tienen plus diferencial en ciertos departamentos, la reducción total afecta a los padres de más de 400.000 chicos.
En el caso de las asignaciones, el salario familiar por hijo varía según el ingreso del trabajador y/o del grupo familiar.
Por ejemplo, para los salarios más bajos la asignación por hijo es de $ 1.578 pero puede alcanzar los $ 3.407 en determinadas provincias o regiones. Al unificarse en $ 1.578, se reduce hasta en un 54% el monto del beneficio.
Proyecto
Los diputados nacionales patagónicos de la UCR impulsan proyecto para restituir los beneficios,
Es en coautoría de Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Daniel Kroneberger (La Pampa). La iniciativa cuenta con sólidos fundamentos jurídicos para rechazar lo dispuesto por el decreto nacional.
Los diputados nacionales patagónicos de la Unión Cívica Radical (UCR) presentarán en el Congreso de la Nación un Proyecto de Declaración con el objetivo de pedirle al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de los montos diferenciales por zona en las asignaciones familiares que fueron suprimidos por el decreto 702/18.
En la iniciativa, que cuenta con sólidos argumentos jurídicos, se menciona que la Ley 24.714, que instituye el Régimen de Asignaciones Familiares “prevé la existencia de diferencias regionales basadas en los mayores costos que implica residir en determinadas zonas geográficas con motivo de la lejanía, las carencias logísticas o de infraestructura, los factores climáticos, la falta de acceso a determinados servicios básicos y, en general, todas las consecuencias devenidas del desigual desarrollo territorial con que se ha conformado la Argentina a lo largo de su historia”.
En este contexto, los legisladores nacionales radicales de la Patagonia hicieron mención en el proyecto al artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional reformada en 1994 que manda “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
De esta manera, continúa el Proyecto de Resolución, “el régimen contemplaba la existencia de montos diferenciales para cuatro zonas: zona 1 para los beneficiarios de La Pampa, Río Negro y Neuquén y determinados departamentos de las provincias de Formosa, Mendoza y Salta; zona 2 para Chubut; zona 3 para determinados departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta y zona 4 para Santa Cruz y Tierra del Fuego”.
Sin embargo, se añade, “el decreto 702/2018 deja sin efecto esos diferenciales para los beneficiarios trabajadores activos a excepción de las asignaciones por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad y para los beneficiarios del SIPA con las mismas excepciones, con el fundamento de ‘adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones’”.
Imperativo legal
En este sentido, recordaron que “sin embargo, el artículo 19 de la ley 24.714, al facultar al Poder Ejecutivo a establecer la cuantía de las asignaciones familiares, sus topes y rangos remuneratorios, también dispone que se contemplen ‘coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas’, de lo que se deriva que la existencia de zonas diferenciadas constituye un imperativo legalmente impuesto y no disponible por vía reglamentaria”.
De manera complementaria mencionan la doctrina judicial “sentada por la Corte Suprema que indica que las normas deben establecer soluciones diferenciadas allí donde existan situaciones desiguales, ya que reconocer las mismas asignaciones a los habitantes de la periferia del país que a quienes viven en las zonas más desarrolladas se traduce en otorgar una remuneración real más baja a los primeros”.
Castigados
Ante las diferentes medidas dadas a conocer desde el Gobierno Nacional, el Diputado Provincial Alberto Lozano expresó: “si piensan que porque somos pocos no vamos a patalear se equivocan, y todo aquello que afecte a los santacruceños, lo reclamaremos. La Patagonia es un lugar con potencialidad y posibilidades pero inhóspito, que necesita en muchos casos de la cobertura del Estado.” Seguidamente remarcó: “Por décadas existieron políticas erradas o ausencia de ellas, donde Santa Cruz nunca pudo despegar por la inoperancia de los gobiernos de turno”.
“Pero aquellos a los que les toca hoy gestionar, no entienden que somos un punto estratégico con recursos de todo tipo que brindan réditos cuantiosos como el gas, el petróleo, la minería, la energía eólica, o el turismo, como así también la pesca o la ganadería con sus múltiples derivados o nuestras frutas finas, entre otros”, dijo.
Desafio
Estas reducciones a las asignaciones, eliminando beneficios para la zona patagónica donde bajaron el tope para percibirlas y adicionalmente quitando el plus para los empleados en zonas desfavorables, es un fuerte ajuste y tendrá un resultado negativo.
“Este es otro caso, de malas políticas públicas, donde los tomadores de decisiones y la articulación entre diferentes niveles de gobierno, debilitan las políticas de protección y empeoran las condiciones de vida de los trabajadores argentinos, especialmente de sus hijos a quienes va destinada la Asignación, siendo ellos los más vulnerables”, consideró el presidente del Concejo Deliberante Javier Aybar.
“Mi foco de atención se centra en la incorrecta decisión del gobierno nacional, la cual perjudicará directamente en los bolsillos de todos los trabajadores santacruceños, no se puede concebir este ajuste sobre aquellos más frágiles o que justamente aportan con su trabajo al crecimiento del País. Por eso, tal medida debe ser reconsiderada por el gobierno y anularla indefectiblemente”,señaló.
Aseveró que “desafío a los funcionarios nacionales a que realicen un operativo territorial en Santa Cruz, en especial en zonas rurales dispersas, muchas de ellas de difícil acceso, alejadas de los centros urbanos, para que observen cómo viven los trabajadores en nuestra provincia y los costos de vida en estos lugares y podrán observar los puntos críticos donde se debe lograr un mayor nivel de cobertura de asignación y no reducirla”.
Medida injusta
La UCR Santa Cruz rechazo la medida adoptada por el Gobierno Nacional que modifica las asignaciones familiares. Estos cambios fueron anunciados y están incluidos en el decreto 702/18 a través del cual se realiza una modificación sobre montos y condiciones de las asignaciones familiares percibidas por los trabajadores patagónicos. Esta medida busca igualar el beneficio que cobran todos los trabajadores del país, sin distinciones de zona.
“Rechazamos esta medida que afecta de manera injusta a cientos de familias santacruceñas. Esta decisión fue tomada por una parte del Gobierno Nacional sin conocer Santa Cruz ni la Patagonia, y sin tener en cuenta las condiciones de vida de nuestra provincia y la región, ni sus necesidades.”
Agregaron además que algunas personas en el Gobierno Nacional toman decisiones apresuradas sin percatarse de que estas medidas afectan a los sectores más postergados de la comunidad.
Desde la UCR manifestaron que si bien están de acuerdo en la necesidad de sanear las finanzas públicas que tiene la Nación, no se puede permitir que dicho ajuste se realice sobre los derechos y beneficios de los que menos tienen y, mucho menos, que no se tengan en cuenta los factores desfavorables que tiene una Provincia como Santa Cruz: “Se trata de una medida totalmente injusta que busca igualar el beneficio percibido por todos los trabajadores a lo largo y ancho del país pero, sin embargo, todos sabemos que no es igual el costo de vida para un trabajador patagónico que para el resto de los trabajadores”.
Para finalizar, le pidieron al Gobierno Nacional que deje sin efecto lo resuelto y que ponga en la balanza el impacto negativo que esta modificación tendrá sobre el consumo y el nivel de la actividad regional que se verán considerablemente afectados.