Río Gallegos
La legislatura provincia sancionó ayer “sobre tablas” el proyecto de declaración N° 372/18 del diputado (procesado por la causa YCRT) Matías Mazú en el que se repudió “enérgicamente la vandalización” al monumento de Néstor Kirchner en la ciudad de Río Turbio.
En ese contexto se realizó una argumentación y se puso en claro la postura del los legisladores K, con relación al avance de als investigaciones por actos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
“Se trata de una fuerte ofensiva mediática llevada adelante por el Gobierno Nacional, utilizando al Poder Judicial como una herramienta para perseguir, desprestigiar y lesionar la memoria de quien fuera nuestro conductor y artífice de todas las políticas que impulsaron el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad, y que puso nuestro principal recurso natural en la ecuación energética nacional”, sintetizaron.
“Este tipo de ataques vandálicos – agregaron – no sólo ofenden a un lineamiento político que ve en el ex Presidente Néstor Kirchner a un personaje destacado de la historia política argentina, sino que hiere la sensibilidad de un pueblo agradecido por lo construido en cada una de sus gestiones en materia social, de salud, de educación, de vivienda, y de solidaridad y empatía con los sectores más vulnerables, lo que se vio reflejado cada vez que el pueblo de la Cuenca Carbonífera se expresó de manera contundente en las urnas”, concluyeron los legisladores de a bancada oficialista .

Cómplices
El ex intendente de Río Turbio, Matáis Mazú, se encuentra procesado con prisión preventiva ( que no se cumple por los fueros del actual diputado), junto a otro jefe comunal Atanasio Pérez Osuna, quien además ya fue detenido, acusados entre otros, de supuesta “defraudación por administración fraudulenta”.
La decisión la tomó en marzo el juez Federal Luis Rodríguez e incluyó un embargo de 75 millones para el intendente de Río Turbio y de 60 millones para el diputado provincial. La medida también recayó sobre el ex coordinador de YCRT, Miguel Angel Larregina, y el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain.
Se trata de la causa que investiga el cobro de 50 millones de pesos por parte de la empresa Fainser por obras en una ruta de 7 kilómetros que unía YCRT con la ciudad de Río Turbio, que no se concretó. A raíz de eso, se investigan tres órdenes de pago autorizadas pese a que la obra no se terminó.