Por Miguel Del Pla
El Martes 17 de marzo, en una escuela de Río Gallegos, se discutía el encuadre legal propuesto por la ADOSAC para que los docentes se retirasen del establecimiento. Varias maestras ubicadas en grupos de riesgo, firmaban una nota y se retiraban, pero algunas compañeras no tenían un encuadre específico y dudaban en medio de su angustia si confiar en la postura gremial, lo que les parecía por esas horas arriesgar el descuento de medio sueldo. Finalmente la mayoría ponía en la balanza su salud y la de sus familias y terminaba retirándose, varias convencidas y otros llenos de incertidumbre ante la presión constante del Consejo de Educación.
La escena con variantes se repitió en cada establecimiento. Hubo directivos que dijeron a sus docentes que no vayan y se comuniquen directamente por mail; hubo directivos que le encontraron una salida intermedia, convocando a sus docentes por cortos periodos, una o dos veces a la semana; hubo otros que se lavaron las manos y hubo operadores políticos del CPE que ordenaban que se cumpla el horario por todo el personal.
Compañeras que debían atender a sus hijos sin clases, se preguntaban porque la provincia no había adherido al decreto nacional en ese sentido, o si era realmente necesaria una adhesión al respecto.
Los directivos más legalistas no avalaban ese encuadre y de nuevo la incertidumbre fue la nota. El temor y las discusiones. En algunas localidades y escuelas llegaban dirigentes gremiales para respaldar a las maestras.
Algunos periodistas cuestionaban al gremio docente por pretender algún trato especial para los maestros, siendo que toda la administración pública igual trabajaba. La igualdad de trato la entendía hacia abajo y no reflexionaban sobre la necesidad de reducir la circulación innecesaria.
Horas más tarde ATE anunciaba también un paro hasta el 31 de marzo y a última hora toda la presión del gobierno se disipó, ante la realidad brutal del estallido de la enfermedad en la provincia. El decreto 286 estableció entonces que ni docentes, ni empleados públicos deben concurrir a trabajar, poniendo como corresponde la prioridad en controlar la circulación del virus.
Las escenas de tensión que se vivieron en muchas escuelas en la jornada del martes, fueron inútiles.
La frutilla del postre de este “autoritarismo berreta” fue la noticia de que Cecilia Velázquez, la adalid de los descuentos y los aprietes a maestras y maestros, se había pegado una vueltita por Punta Arenas el fin de semana.
Si Cecilia Velázquez no se quiere cuidar ya es grave, pero que haya intentado durante 48 horas presionar a miles de trabajadores de la educación, para que corran riesgos innecesarios, generando zozobra y angustia en las y los educadores, es de una crueldad y fanatismo que la descalifica para la responsabilidad que ostenta.
El relato de una jornada de tensión en medio de una crisis pandémica, pinta de cuerpo completo a un gobierno que aún en las peores circunstancias saca a relucir su ADN antiobrero.