Río Gallegos
Los integrantes de la conducción del comité local de la Unión Cívica Radical Héctor «Pirincho» Roquel de la ciudad de Río Gallegos, manifestaron su «total desacuerdo y enérgico repudio», en torno a los beneficios que algunos jueces han pretendido otorgar a los presos y detenidos en nuestro país, justificando su accionar en la pandemia de COVID 19 y los posibles factores de riesgo que este status quo implicaría.

La manifestación se expresó mediante el documento detallado a continuación:

Entendemos que, las acciones tendientes a otorgar prisión domiciliaria, o la liberación anticipada de quienes purgan su condena por haber cometido delitos, no es otra cosa que una violación a las garantías constitucionales, y forma parte de una cadena de malos ejemplos que atentan contra las bases de una sociedad organizada, donde toda persona que infringe la ley debe responder ante la justicia por sus errores como resultado de pertenecer a un estado de derecho.

Asimismo hacemos hincapié en que tales beneficios se brindan luego de una absurda negociación llevada adelante por algunos funcionarios de gobierno, con quienes están cumpliendo condena por delitos graves, quienes invocan a su favor los Derechos Humanos para lograr sus pretensiones, y son los mismos que cercenaron los derechos de sus víctimas al infringir la ley.
Recordemos que enarbolan esta lucha, condenados por homicidio, abuso sexual, secuestros, violencia de género, etc. Bajo nuestra perspectiva la actitud desaprensiva de estos jueces revictimiza las víctimas de estos delitos y sus familias, agudizando su sufrimiento y profundizando las secuelas que resultan de haber sido sometidos por estos delincuentes a sufrimientos de toda índole no sólo físicos sino también psicológicos.
Consecuencia de ello es que instamos a las autoridades a que revean estas medidas a fin de reconocer que la protección de un estado de derecho no se logra beneficiando a quienes cometen delitos sino protegiendo la sociedad de aquellos que no se rigen bajo sus reglas.
Es imperativo que a fin de evitar nuevas víctimas los magistrados resguarden a la población en general de aquellos que han sido incapaces de respetar la ley y que han sido condenados tras el debido proceso judicial.
No obstante ello creemos que el sistema carcelario argentino debe y puede garantizar la salubridad de sus presos, que las medidas de aislamiento son factibles de realizar en las penitenciarías sin exponer a los ciudadanos respetuosos de las normas.
Que de igual manera que quienes gozamos de la libertad nos vemos confinados en nuestros hogares en la lucha contra esta pandemia, los diversos penales deberán tomar las medidas pertinentes para que en el confinamiento de los internos se resguarden las medidas de salubridad impuestas. Los jueces deberán ser garantes de esta situación y dirigir su accionar a propiciar que las cárceles sean acordes.