Rio Gallegos
En las últimas horas se conoció que el juez Francisco Marinkovic declaró improcedente el amparo presentado por los padres pidiendo al gobierno provincial que de lugar al regreso paulatino de las clases presenciales.
A través de un comunicado expresaron la “profunda decepción y desacuerdo” al fallo del juez Francisco Marinkovic. Califican como “de facto” la decisión del Gobierno de mantener suspendida la presencialidad sin que exista un instrumento legal en ese sentido, y aseguran que apelarán el fallo.
“Vergüenza por la baja calidad institucional de Santa Cruz”, se titula el comunicado firmado por padres y madres de El Calafate y Río Gallegos.
Representados por el abogado José Luis Janesak (quien también acciona como padre), afirmaron que la apelación “será presentada en tiempo y forma por considerar que el juez se equivoca groseramente al no advertir que tal decisión está consintiendo un grave hecho de atropello emanado por las autoridades provinciales, que DE FACTO mantienen la suspensión de clases presenciales en Santa Cruz desde marzo de 2020”.
Los amparistas expresan que no existe “ningún acto jurídico formal, ni decreto, ni resolución ni nada que lo fundamente en lo más mínimo, y que establezca algún límite temporal”.
Inclusive afirman que “ni siquiera el gobierno nacional se atrevió a tanto atropello, ya que por lo menos las decisiones estaban claramente plasmadas en un acto jurídico formal (decreto de necesidad y urgencia)”.
“No existe nada que avale esta medida de facto, que afecta el derecho a la educación de nuestros hijos”, remarcan. Por ello rechazan el fallo del Juez Marinkovic, diciendo que “resulta muy grave que la justicia no ponga límites al abuso de poder cometido por las autoridades políticas”.
En este sentido, el comunicado además cuestiona el fallo del Juez en Primera instancia del Juzgado N°2 en lo Civil de Río Gallegos. Consideraron erróneo el argumento esgrimido por el juez diciendo que “nuestro reclamo no constituye una cuestión debatible que requiere un nivel de análisis y ponderación de una serie de aspectos sanitarios, que excede en el marco del proceso de amparo. Solamente pedimos que se respete y haga cumplir la normativa vigente en materia educativa”.