Un cóctel inflacionario se está mezclando entre aumentos de precios internos y los valores de alimentos y energía a nivel global, eso, además, en un contexto en que los índices superan con comodidad el 2,5% mensual desde hace casi dos años.
Por un lado, el Gobierno autorizó subas en los precios de la medicina privada. Las empresas de medicina prepaga a aplicar dos aumentos que se harán efectivos entre marzo y abril próximo, una decisión sorpresiva que no había sido anticipada por las autoridades nacionales. Las subas serán de hasta un 6% tanto a partir del 1º de marzo como del 1º de abril, por lo que la actualización puede ser de hasta un 12% en total.
Por otro, en los próximos días comenzarán a llegar las boletas con los aumentos anunciados de tarifas de luz y gas. Este sábado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aplicó el aumento promedio del 17% del Precio Estabilizado de la Energía, la adecuación del 41% en promedio para el segmento de Transporte y del 4% para las distribuidoras, en el marco de la negociación del Régimen de Transición.
De acuerdo con lo informado este sábado por el ente regulador, la adecuación tarifaria para el 2022 tendrá un impacto del 22% promedio en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó el viernes el aumento de la tarifa de gas, que será de un 20% para los hogares y de 15% para las pymes. En los dos casos, se trata de porcentajes que están en línea con las subas que había anunciado el Gobierno a fines del año pasado, cuando destacó que habría aumentos de entre 17% y 20% para las tarifas de gas y electricidad durante 2022.
Los aumentos de tarifas son un número sensible, no solo para la economía familiar, de comercios e industrias y de las cuentas presupuestarias, sino como elemento de tensión política dentro del Frente de Todos. La política de subsidios y tarifas representa desde el inicio del mandato de Alberto Fernández una cuña entre dos sectores de la coalición de Gobierno, una que está más identificada con el presidente y otra con el vicepresidente Cristina Kirchner.
De hecho, el número de actualización de tarifas que habrá este año aparece como el último número a cerrar en la negociación con los funcionarios del staff del Fondo Monetario. Mientras el Gobierno propuso un esquema para que los servicios públicos aumenten con un ritmo similar al de los salarios, el FMI busca un reajuste que supere a la inflación esperada.
Por lo pronto, algunos analistas ya aseguran que la suba de tarifas solo anunciada implicará un primer impacto en la inflación. “La reducción de los subsidios será uno de los pilares del acuerdo con el FMI y esto implicará una suba de las tarifas de gas, electricidad y transporte”, consideró un informe reciente de la consultora PxQ, que dirige el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis.
“Salta a la vista que a 2022 le falta un ancla. Apostar a que el cierre de las negociaciones con un sendero de reducción del déficit fiscal y la asistencia monetaria alcance para reducir las expectativas inflacionarias parece arriesgado en un contexto de inflación inercial como el actual. A estos niveles, es imposible pensar en una reducción sustantiva de la inflación sin un programa que combine consistencia entre precios y salario más una estrategia de desindexación”, concluyó PxQ.
También habrá presiones inflacionarias por factores externos. Los precios internacionales de alimentos y de la energía amenazan con escalar como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, dos países con fuerte relevancia en esos dos mercados globales.
Por otra parte, la energía más cara requerirá al Banco Central destinar más divisas de lo esperado (se calcula que serían USD 4.000 millones, casi 3.000 millones más que en 2021) para importar gas y cubrir el pico de demanda de los meses fríos. Pero una consecuencia lateral será además una presión adicional sobre la brecha entre el valor doméstico de los hidrocarburos y el que se paga en el mercado global.
Por eso, habría un atraso mayor en el precio en surtidor de los combustibles internos, hoy ya considerados retrasados según la evaluación que hacen las empresas del sector. La brecha entre el precio internacional y el local que regula la Secretaría de Energía es cada vez mayor y las empresas ya se lo hicieron saber al Gobierno en las últimas horas.
“Las empresas van a plantear que afuera les pagan 100 dólares por barril y acá solo 60 dólares, y van a buscar poder exportar más o compensar esa pérdida de otra manera”, indicaron fuentes del sector de hidrocarburos. A principios de febrero YPF aumentó los valores en los surtidores en un 9 por ciento, en lo que fue el primer aumento en nueve meses.
De hecho, para evitar aumentos en la nafta que podrían repercutir luego en la inflación, el Gobierno decidió volver a postergar la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos valores permanecerán ahora congelados hasta el 1° de junio de este año. Así se indicó mediante el Decreto 98/2022, publicado este domingo en el Boletín Oficial.
Se trata de dos tributos que tienen un impacto directo en los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores, y que se deben incrementar en forma trimestral de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec.
(Infobae)